Apesar de la mayoritaria respuesta por el cambio que los ecuatorianos dieron el pasado 15 de abril, los grupos tradicionales de poder han querido burlarse nuevamente de la voluntad de esa corriente democrática, patriótica y progresista que crece entre los ecuatorianos. Los más fieles representantes de la política del amarre, del boicot, que intentaron frenar la consulta popular y encabezaron la sucia campaña por el NO, dan todavía las últimas patadas de ahogado, recurriendo a sus consabidas prácticas corruptas.

Así, Jorge Cevallos, presidente del Congreso Nacional, hizo todo lo posible para que la derecha recupere el control de la situación, perdido desde las elecciones del año pasado. Trató de darle tiempo al Tribunal Constitucional (TC) para que emita una resolución que restituya a los 57 diputados destituidos por el TSE por interferir en el proceso electoral. Según Augusto Caicedo, diputado del MPD, el cálculo de Cevallos era que luego de la consulta popular los votos por el NO más los blancos y los nulos den un porcentaje mayor al 50%, con lo cual no habría Asamblea Constituyente y el escenario se volvería propicio para la restitución de los 57 diputados de la derecha, que retomaría fuerza y comenzaría su ofensiva.

Gran fracaso resultó este intento, pues el pueblo los rechazó rotundamente al votar SI por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero aún así vuelven al ataque, y una resolución sorpresiva del TC restituyó a 50 ex diputados.

Este hecho quedó invalidado cuando la nueva mayoría del Congreso Nacional destituyó a los vocales que conforman el TC (y pertenecen a los intereses del PSC, PRIAN, PSP y UDC) por estar en funciones prorrogadas desde el 17 de enero de este año. Así, según Miguel Castro, que dirigió la sesión como presidente encargado, todo lo actuado por el TC desde el 17 de enero de este año es inválido.

El constitucionalista Jacobo Ruales calificó de inmoral el intento del TC de devolver en sus cargos a los destituidos, por ser obvia su relación con ellos: “además de ser ilegítimo, es vergonzoso y corresponde a los últimos intentos de los partidos corruptos y mafiosos por no perder el poder”.

Diecinueve de los destituidos se encuentran, hasta el cierre de esta edición, en Colombia, analizando la posibilidad de pedir asilo político, con el argumento de que en Ecuador se vive un régimen dictatorial. Gloria Gallardo, a través de una radio local, llora y dice que su vida no tiene ninguna garantía, que extraña a sus nietos y denunciará su situación ante instancias internacionales.

Sin embargo, su imagen está gastada (como la de todos los demás destituidos), sus palabras carecen de credibilidad, en las calles el pueblo no los quiere y a decir de María Aguirre, ama de casa quiteña, no pasa de ser una ridícula forma de actuar, “¡y ojalá no vuelvan!”

Pero, si bien es cierto el pueblo ha despreciado masivamente a las mafias detentadoras del poder político y económico, esta es apenas la puerta, el inicio de una nueva lucha. Es necesario, por lo tanto, plantear la unidad de las fuerzas populares, progresistas y de izquierda para arribar con fuerza a la Asamblea Constituyente. Luis Merino, coordinador de la Federación de Trabajadores Tercerizados del Distrito amazónico (FETRAPEC), afirma que es necesario recordar que dentro de la propuesta del SÍ en la Consulta Popular estaban partidos de derecha como la ID, la RED, etc., por lo que es imperativo que las fuerzas populares, a través de la unidad, impongan su presencia y logren una Constitución más justa, humana y popular.

Según Edgar Isch, es tarea fundamental que la Asamblea tenga como mayoría representantes populares, de los trabajadores, indígenas, mujeres, jóvenes, etc. Así se logrará un Ecuador libre, soberano, en donde se reparta la riqueza de nuestro trabajo, nuestros suelos, de forma equitativa, con su pueblo organizado, movilizado, conciente, capaz de defender el nuevo Ecuador que empieza a construirse.