Por ello resulta oportuno escarbar un poco en este viejo y controvertido asunto, tan llevado y traído por las fuerzas de derecha en las oportunidades en que gobiernos populares adoptan medidas ante los desmanes de los medios en manos de privados.

Si por definición la función social de la prensa es informar de forma oportuna, veraz y objetiva, entonces la libertad de prensa debe medirse a partir del cumplimiento o no de ese principio.

Pero en realidad ese no es, como debía, el punto de referencia y todo gira acerca del “derecho” de los dueños para exponer sus puntos de vista, invariablemente en defensa de los intereses de la clase social a la que pertenecen.

Tal deviene la regla, sin excepciones. Y para garantizar ese “derecho” de los propietarios, estos se han encargado de crear las instituciones que operan, como es lógico, supuestamente para defender esa libertad como si ella fuera un patrimonio de todos.

Así surgió en Cuba en 1943, con el auspicio del dictador Fulgencio Batista, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como organización garante de la libertad de prensa.

Pero contrariamente a cuanto pueda suponerse, y ella se presenta, la SIP no está integrada por periodistas de línea, interesados en hacer valer sus derechos profesionales.

Se trata de una organización de empresarios, dueños de periódicos, revistas, televisoras y emisoras de radio, muchos de ellos no periodistas y otros con esa categoría, quienes hace mucho dejaron de ejercer como tales.

Sencillo de comprender, pues cuando la SIP denuncia en nombre de los periodistas violaciones de la libertad de prensa, en realidad se está refiriendo al supuesto derecho de los dueños a decir cuanto les venga en ganas.

La SIP fue una criatura creada por la CIA, con el propósito de utilizar la prensa como instrumento de dominación neocolonial y las oligarquías latinoamericanas aliadas.

Sus fundadores y dirigentes máximos, los que sentaron las bases de su funcionamiento y orientación ideológica marcadamente anticomunista, fueron los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers, y el funcionario del Departamento de Estado, Tom Wallace.

Ello explica la conducta complaciente mantenida durante decenios con las brutales tiranías latinoamericanas, aún ante los casos de asesinatos de periodistas, la clausura de medios y el establecimiento de períodos de censura, casi siempre aplicados contra publicaciones de izquierda.

En Cuba, por ejemplo, la misma SIP que mantuvo silencio cómplice en los años sangrientos de la dictadura de Fulgencio Batista, no tardó en oponerse al Gobierno Revolucionario cuando este tomó en sus manos periódicos, revistas, televisoras y emisoras, abandonadas por sus dueños, quienes marcharon a Estados Unidos, esperanzados por un pronto retorno tras el invasor yanqui.

De Reporteros sin Fronteras (RSF) se puede decir otro tanto, solo que esta constituye un engendro, quizás más elaborado que la SIP, de la CIA, la NED y la USAID, agencias federales norteamericanas dedicadas a financiar, con sumas millonarias, el diversionismo ideológico y la subversión contra gobiernos populares.

Robert Ménard, con nada de periodista y mucho de millonario, por obra y gracia de sus imperiales mentores, es otro Jules Dubois, enfrascado en elaborar listas complacientes para hacer el juego sucio del Departamento de Estado y la Casa Blanca.

Una de sus últimas patrañas ha sido la justificación del asesinato del camarógrafo español José Couso, a manos de un tanque norteamericano en el corazón del Bagdad ocupado.

La libertad para engañar y confundir es la que defienden la SIP y RSF (ANC-UTPBA).

(*) Nota publicada por la agencia AIN y reproducida en el portal de la FELAP (www.felap.info)