El agua, un derecho fundamental al que todas las personas deberían tener acceso, ha sido solo de beneficio para los grupos minoritarios que poseen el poder económico, todo esto gracias a las políticas aplicadas durante gobiernos ecuatorianos neoliberales de turno.

Con tanta discriminación existente sobre el derecho al agua, la distribución y sus beneficiarios, y gracias a la presión de grupos sociales afectados, se logró que la nueva Constitución reconozca, en el Art. 12, que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”; en la Sección cuarta Recursos Naturales en el Art.408 :“son de propiedad inalienable, imprescriptibles e inembargables del Estado los recursos naturales no renovables, y, en general, los productos del subsuelo…”; en el Art. 411:”El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua…” Consta también el tema de la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”.

En el plan de impulsar una ley que democratice el derecho humano al acceso del Agua y la construcción del Sumak Kawsay, el Buen Vivir, la Bancada Progresista de Izquierda, Plurinacional, Intercultural de Derechos presentó el Proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del Agua que beneficie a la mayoría de ecuatorianos en los distintos usos.

Esta propuesta de Ley de estos sectores mayoritarios organizados, propone la prohibición de toda forma de privatización del Agua, y su gestión será exclusivamente pública o comunitaria, así como la regulación de la obtención, gestión, preservación, conservación, uso y aprovechamiento del agua, siendo titulares de este derecho fundamental las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, campesinos de uso democrático y equitativo, fomentando la redistribución a favor de los grupos empobrecidos y de atención prioritaria.

Con este proyecto de Ley, se busca que el Estado garantice el ejercicio de este derecho, en base a los principios de exigibilidad, obligatoriedad, generalidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad y calidad, interdependencia, progresibidad e intergeneracionalidad; además propone la protección integral del recurso, que se castigue a quien ocasione daños ambientales y se obligue a una reparación de los mismos que se puedan originar en los ecosistemas o que provoque contaminación, degradación ambiental y acaparamiento, garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes recolectoras y reguladoras de agua y el equilibrio del ciclo natural, servicio público domiciliario de saneamiento ambiental y garantizar la disponibilidad en calidad, cantidad necesaria y regulación del agua.

En cuanto al riego, se propone cambiar radicalmente la ley y la aplicación actual de este derecho fundamental, que de acuerdo a las leyes anteriores dictaminas por gobiernos neoliberales benefició de manera legal, ilegal e inconstitucional a los grupos de poder, generando la acumulación del ingresos en pocas manos, despojando a la mayoría del acceso al agua.

En el tema de riego es donde se más se evidencia la inequidad, el Ecuador cubre alrededor del 80% del uso consuntivo del agua, a través de 64.300 concesiones legales, que generan 2.440m3/s, pero se conoce que esta cantidad debe superar talvez el 100% de la cantidad utilizada para riego, a través de las adquisiciones ilegales como son los pozos existentes en la mayoría de fincas de empresarios millonarios y que mayoritariamente benefician a la producción agrícola de exportación. Las pocas concesiones legales, ocupan un segundo plano en la producción de alimentos que se encuentran en manos de campesinos pobres y medianos; y, en muchos casos ningún acceso a riego peor a agua potable.

Los empresarios para beneficiarse doblemente, acostumbran a tapar o desviar los causes de los ríos en forma ilegal, principalmente en la producción de banano para la exportación y caña de azúcar, sin preocuparse del manejo social y sostenible de este recurso.

La presión de las organizaciones sociales, sobre todo campesinos en el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, fue el inicio del proceso de cambio, que logró la creación de la Transitoria vigésimo séptima que se manifiesta “El Ejecutivo, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, revisará la situación de acceso al agua de riego con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso las inequidades en las tarifas de uso, y garantizar una distribución y acceso más equitativo, en particular a los pequeños y medianos productores agropecuarios”.

En la propuesta del bloque asambleísta de izquierda se plantea también: la creación de entes u organismos estatales conformados por representantes del gobierno y de los organismos ya existentes, en el que participen con voz y voto los representantes de las organizaciones involucradas en el tema, en la toma de decisiones administrativa y políticamente para que realmente exista la igualdad en el acceso al recurso vital y evitar la discriminación en su aplicabilidad. Se propone además la protección del recurso, la prohibición de aplicación de políticas regresivas, y se impulsa la unidad y fortalecimiento de las organizaciones y del pueblo que siempre ha sido relegado por los gobiernos de turno.

El apoyo a los desposeídos, no solo debe ser en los discursos gubernamentales sino en acciones, la redistribución democrática del derecho al agua debe ser una realidad si el Presidente Correa y su bancada oficialista, aliada con la partidocracia, apuntan al cambio y una verdadera revolución ciudadana y se pueda decir que se vive y se siente el sumak kawsay.

Amparo Sigcha