Los pronósticos económicos de la OCDE para el crecimiento de México son muy bajos (1.6 por ciento para 2019 y 2 por ciento para 2020) y se contraponen al optimismo de desarrollo que plantea el presidente de la República (2 por ciento 2019 y 2.3 por ciento 2020).

En conferencia de prensa y entrevistas con medios de comunicación, el apodado Ángel de la Dependencia (por su servilismo y entreguismo a las políticas económicas dictadas desde Washington cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno priísta de Ernesto Zedillo), Gurría urge a López Obrador a restablecer el estado de derecho para lograr las metas económicas del país.

Ante ello, horas después de que Gurría “aconsejara” al gabinete lópezobradorista de lo que se tiene que hacer para cumplir la meta de crecer hasta un 4 por ciento, el presidente de la República de inmediato respondió que las estimaciones de la OCDE para México en materia económica no son reales.

López Obrador advirtió así sobre un tema que a Gurría aún le causa nerviosismo: “Se los vamos a demostrar, porque hay una variable que permitirá al país crecer, y es que ya no hay corrupción como la que había cuando ellos (PRI) gobernaron”, en una clara alusión al pasado de abusos e impunidad de quienes gobernaron al país con Zedillo como presidente y Gurría su secretario de Hacienda.

Y el presidente López Obrador tiene razón cuando señala que la “variable” de la corrupción hará la diferencia entre su administración con gobiernos anteriores del PRI y del PAN, cuando los mandatarios en los últimos 30 años (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto) se dedicaron a saquear las arcas públicas del país, lo que mantiene al país con nuna enorme desigualdad económica y social, con decenas de millones de mexicanos en pobreza extrema, una violencia incontenible y la falta de justicia por la impunidad que ellos cultivaron.

En esta columna se guardan aún los archivos con documentos oficiales que involucran a José Ángel Gurría en actos de corrupción cuando fue titular de Hacienda, como aquellos beneficios fiscales que le otorgó a sus amigos, empresarios, políticos y, principalmente, a los hermanos de su entonces jefe el presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.

Documentales oficiales de la Secretaría de Hacienda en poder de Oficio de papel, así como versiones de funcionarios en ese gabinete, confirman que en 1998 Gurría otorgó un trato preferencial a los hermanos del presidente Zedillo, de nombres Rodolfo, Verónica Crystela y Luis Eduardo Zedillo, así como a su empresa Grupo Intecon, para que poudieran liquidar extemporáneamente impuestos sin recargo alguno que no enteraron al fisco entre 1991 y 1996.

En ediciones anteriores escribí en esta columna como en los primeros días del gobierno panista de Vicente Fox, su secretario de la Contraloría Francisco Barrio Terrazas intentó investigar por corrupción al exsecretario Gurría, pero el propio gobierno foxista con Francisco Gil Díaz en Hacienda echaron a andar la maquinaria de corrupción e impunidad y se lo impidieron.

Inmovilizado, el contralor Barrio le pidió ayuda directamente al secretario Francisco Gil Díaz para investigar a la familia Zedillo Ponce de León, pero su petición fue rechazada y le negaron las pruebas de cómo su antecesor había beneficiado ilegalmente a la empresa de los hermanos de Zedillo.

En información publicada en esta columna en diciembre de 2000, se dio cuenta de la explicación que el arquitecto Rodolfo Zedillo, hermano de Ernesto y presidente del Grupo Intecon, hizo a Oficio de papel sobre los beneficios fiscales que recibieron por parte de Gurría cuando su hermano Ernesto era el presidente de la República.

En aquella ocasión Rodolfo Zedillo juraba que “no había recibido un trato preferencial de la Secretaría de Hacienda en la liquidación de sus adeudos fiscales”; sin embargo, sí reconocía haber incurrido en retrasos de obligaciones tributarias “por causas externas a las propias empresas”. Y agregaba que los adeudos fiscales fueron liquidados con “cargos muy sustanciales en apego a la ley”.

Es decir si les habían condonado impuestos y una vez echo esto público en la prensa fueron a pagar el adeudo, aunque con cinismo los hermanos Zedillo aseguraban que “jamás he recibido un trato especial de autoridad alguna y que, por el contrario, las autoridades han sido especialmente cuidadosas con mi familia para que ésta cumpla con el pago de sus impuestos”.

Sin embargo, las pruebas en poder de este columnista que se guardan aún en viejos archivos se explica cómo las cuatro empresas de la familia del expresidente Zedillo –Integración de Sistemas para la Construcción; Conductores Eléctricos de México; Promociones Electro Iris, e Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos entre 1991 y 1996.

Para resolver ese problema antes de que su pariente dejara la Presidencia de la República, el arquitecto Rodolfo Zedillo buscó un arreglo con las autoridades hacendarias para asegurar que no fueran acusados posteriormente, por lo que en mayo de 1998 aseguraron haber pagado créditos fiscales por 8 millones 103 mil 779 pesos, lo que le significó una condonación de más de 7 millones de pesos.

De acuerdo con la tarjeta informativa que el exsubsecretario de Ingresos, Tomás Ruiz, le envió al entonces secretario José Ángel Gurría, el SAT también les autorizó a las empresas de la familia Zedillo incorporarse a los convenios del Programa de Apoyo Fiscal, que les permitió pagar en una sola exhibición el saldo de los adeudos y los relevó de las obligaciones de presentar la garantía del interés fiscal y, por si eso fuera poco, los créditos que les otorgó Hacienda no fueron garantizados y al final les condonó las multas.

Cada uno de los créditos fiscales que las autoridades hacendarias les fincaron por las omisiones en que incurrieron los Zedillo al no pagar las contribuciones de sus cuatro empresas, se encontraba sin garantía alguna, lo que es contrario a las disposiciones fiscales, pues el espíritu de toda norma tributaria es en el fondo salvaguardar el interés fiscal, mismo que debe ser garantizado a plenitud en todos los créditos que las autoridades hacendarias determinen, situación que en el caso de las empresas de los Zedillo no se cumplió, lo que confirma el trato preferencial del fisco federal a favor de la familia del expresidente de la República.

Estas irregularidades de la familia Zedillo, permitidas y solpadas por el entonces secretario de Hacienda, ejemplifican cómo José Ángel Gurría fue parte de la maquinaria de corrupción y abusos que mantuvo al PRI en el poder por tantos años y que ahora el actual secretario general de la OCDE quiere venir a dar consejos y dictar línea sobre las políticas públicas que debe seguir el actual gobierno de izquierda de López Obrador.

Miguel Badillo