Durante los últimos meses, los grandes medios de comunicación se han dado a la tarea de mostrar ante los ecuatorianos a un país en zozobra, violento e inseguro, sin explicar el motivo de esta situación. Esto, en gran medida, dio paso a que el gobierno resuelva tomar una serie de acciones para frenar a la delincuencia.

Es así que el 19 de julio de 2010, el presidente Rafael Correa presentó ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Leyes Conexas, la misma que sutilmente agudiza la situación de criminalización de la lucha social que se vive en el país. El proyecto plantea el aumento de las penas y transforma la sanción de prisión a reclusión, violando así la Constitución.

Entre los derechos constitucionales que están siendo violados claramente se encuentra el derecho a la resistencia, además del derecho a expresarse, organizarse y manifestarse libremente. El actual Código Penal, en el Art. 129 menciona que es prohibido “impedir el libre tránsito de vehículos, personas y mercaderías, quien lo hiciera será sancionado con uno a 3 años de prisión y 48 dólares de multa”, pero con las reformas se quiere sancionar con 3 a 5 años de prisión, y una multa de diez a cincuenta remuneraciones básicas unificadas, además de que si se causa daños a la vía u otros bienes, la sanción será de 3 a 6 años de reclusión, es decir, si hay alguna movilización los detenidos serán directamente recluidos de acuerdo a lo que la justicia interprete como daños a la vía, pues el actual gobierno utiliza el cargo de terrorismo para acusar a los dirigentes populares, siendo éste inaplicable y digno de las dictaduras militares.

No conforme con eso, en algunas de las reformas al Código de Procedimiento Penal también se violan derechos constitucionales. Esto se lo hace al agregar el siguiente texto en el Art. 160.1: “cuando se dictan medidas sustitutivas a la prisión preventiva o se haga efectiva la caducidad de la prisión preventiva, el juez o la jueza de garantías penales para asegurar la inmediación de los procesados en las diferentes etapas del proceso penal; dispondrá la utilización de dispositivos de ubicación satelital y geoposicionamiento global que permitan conocer su ubicación exacta, sin perjuicio de las medidas cautelares que el juez considere necesarias”; es decir, toda persona que sea detenida y cumpla la caducidad de la prisión (de la que puede salir bajo fianza) será victima de la violación de sus privacidad, contradiciéndose con la Constitución, que reconoce el pleno derecho a la intimidad personal y familiar, ignorando otro tipo de medidas cautelares, como la ayuda psicológica, servicio comunitario u otros, dependiendo el caso; al igual que el reconocimiento a los agentes encubiertos para investigar.

Esta es una clara muestra de que algunas de las reformas van con dedicatoria a los sectores populares, como parte de toda una política de represión a quienes no se encuentran de acuerdo con el pensamiento del primer mandatario, contradiciendo así el discurso que pregona hacia el exterior, donde dice que estamos viviendo una “nueva era, donde no hay persecución política”. Obviamente no hay esa persecución para los ladrones de cuello blanco, que están vinculados o reciben favores de la “revolución ciudadana” de Correa, contra los que las pruebas de cometer delitos en contra de la administración pública no son suficientes como para ser condenados, como sucedió con el Ministro “tragacheques”, con Caroline Chang , Raúl Vallejo, Fabricio Correa, Alexis Mera, Fernando Alvarado, Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño, Derlis Palacios, el fiscal de la Nación, Washington Pesantes, Karla Chávez (alcaldesa de Babahoyo), Luis Monge, Mercedes Diminich, Gastón Gagliardo y Juan Carlos Cassinelli, asambleístas de Alianza PAIS ; pero sí para intentar fallidamente acallar el pensamiento y la voz rebelde de los estudiantes, maestros trabajadores, indígenas mediante la detención a Marcelo Rivera, y juicios a Mery Zamora, Marlon Santi, Delfín Tenesaca, Lucía Sosa, entre otros luchadores populares.

Todo esto con la ayuda de un aparato judicial servil, sumiso a los intereses de la derecha, prevaricando simplemente porque se acerca el nuevo periodo de elección de magistrados y varios de ellos temen ser destituidos de sus cargos, por lo cual prefieren jugar del lado del nuevo patrón.

Tatiana Carcelén