Sus fundadores y en general quienes se apropian de su espíritu, asumen una actitud de búsqueda del saber confiados en el poder de la argumentación racional para construir explicaciones acerca de los fenómenos de la naturaleza y comprender el sentido y significado de las interacciones sociales.

Surge la universidad como un nuevo poder, frente al de los comerciantes, los sacerdotes, los políticos y los militares porque en ella no se venden mercancías, no se cree ciegamente en nada que no sea demostrable, ni se obedece fanáticamente al poderoso de turno, ni mucho menos se castiga por pensar diferente. El académico (profesor o estudiante) privilegia la lectura y la escritura, une dialécticamente la teoría con la práctica, tolera las diferencias y acepta el mejor argumento cuya fuerza es la única que reconoce, ejerce la interacción comunicativa para llegar a consensos. La universidad somete sus saberes al debate argumentado y aplica sus conocimientos a resolver los problemas de la sociedad en la que está inscrita. La docencia abre las puertas de la cultura académica a los estudiantes y la investigación forma en la búsqueda metódica de conocimientos cuya aplicación en la tecnología contribuyen al progreso de la humanidad.

La universidad pública es una responsabilidad del Estado y un derecho de los ciudadanos. Como un bien público es asunto de todos y en ella se forma en la nacionalidad, en la cultura, en la ciencia, pero también en el espíritu crítico y en la formación ética. Sin universidad pública no hay quien piense el país más allá de intereses particulares o confesionales y lo público mismo se diluye en el afán inmediatista de los resultados eficientes o de las inversiones rentables. La universidad pública es también la oportunidad para ejercer justicia social y equidad cuando la mayoría de la población está excluida de otras oportunidades en el campo de la salud o de los servicios públicos.

Si lo anterior es correcto queda entonces claro que la fuerza, el dogmatismo, la judicialización de los argumentos, y el ejercicio de la autoridad policial le son extraños a su misma naturaleza. Y por tanto quienes ejercen la fuerza contra ella están tergiversando su esencia, aunque crean que la están defendiendo.
No puede ser defensa de la universidad dar la orden de disolver reuniones de estudiantes o retener a quienes organizan asambleas mediante el uso de la fuerza policial; eso es renunciar a la capacidad de la universidad misma para llegar a consensos, más grave aun cuando Jefe de las fuerzas policiales tiene en el Consejo Superior de la Universidad dos representantes con voz y voto, y el rector - y porque la ley 30 que regula la educación superior, reconoce como derecho la autonomía institucional para dirimir sus conflictos y darse sus reglamentos. O será que ante la incapacidad de convencer y argumentar inteligentemente ¿tienen que acudir a la fuerza? O será que solamente se oyen a ellos mismos y nunca aceptan las razones del “otro”.

Pero confunden también la naturaleza de la universidad los estudiantes obstinados y políticamente posicionados que acuden al bloqueo sin agotar todas las formas de argumentación y la búsqueda de consensos propositivos o a posiciones agresivas contra la fuerza pública que generan rechazo en la opinión pública, atentan contra la mayoría que también tiene derecho a debatir y ponen peligrosamente a los demás estudiantes como parapeto, produciendo pérdidas económicas y académicas considerables que afectan en último término a quienes financian la universidad, es decir a los ciudadanos que pagamos impuestos. ¿Se han preguntado cuánto cuesta un día de funcionamiento en la Universidad pública? ¿Cuáles son los reales intereses detrás de los bloqueos? ¿Por qué esta práctica sindical se extrapola a la universidad si allí los profesores no son capitalistas ni los estudiantes proletarios, ni hay plusvalía ni mercancías? ¿Se puede “parar” una fábrica como estrategia para obligar al patrón a atender reivindicaciones salariales pero cuando para una universidad pública, quienes son los afectados?

Quedamos entonces en una encrucijada en la cual ambos actores en nombre de la universidad están atentando contra ella.

¿No sería mejor obrar de acuerdo con su naturaleza, denunciar los intereses autoritarios y privatizantes que se esconden en la posición del Gobierno y hacer un llamado para que estudiantes y profesores, directivos y empleados hagan valer la autonomía universitaria presionando con propuestas inteligentes al Consejo Superior y a los estudiantes para que en el tribunal de la razón se decidan a hacer de la universidad el mejor ejemplo para el país de lo que es vivir en democracia?

Y a todas estas dónde están los profesores? No es su misión formar, educar,? Y esto no se logra únicamente dictando la clase por profunda que ella sea, sino también acompañando, direccionando, orientando, construyendo una “cultura del debate” que nos permita no solamente aceptar las diferencias sino vivir productivamente en medio de ellas.

Alfonso Tamayo Valencia