Democratización de la democracia

Un período de la historia actual de Venezuela concluyó el 15 de agosto pasado con el referendo presidencial. Como lo señaló el propio Presidente Chávez, sus resultados significan la sepultura definitiva de la IV República. [1]

Pero, además, la prolongada crisis política armada por la beligerancia de la oposición que denunció a su gobierno como dictatorial, autoritario e ilegítimo, y no vaciló en usar todos los métodos para su derrocamiento, también ha llegado a su fin. Su holgada victoria con más de 2 millones de votos a su favor, lo ha ratificado por la vía electoral, por octava vez en 5 años, como un presidente democrático y legítimo y, ha expresado la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano de continuar el camino de la “revolución bolivariana”.

Los resultados favorables al Presidente Chávez en el primer referendo presidencial de la historia, contienen tres victorias en un solo suceso. La doctrinaria ( se examina en éste artículo) que establece la autoridad de la soberanía popular expresada en el voto como el medio para dirimir los más ácidos conflictos del poder, e institucionaliza el recurso de la revocatoria del mandato.

La política que lo impone en el ejercicio del poder por cuarta vez, tres por elecciones, la del 99, del 2000 y ésta del 2004 y la insurrección popular contra el golpe de abril del 2002 que depuso a la dictadura de Carmona establecida por un golpe de estado en su contra y lo restituyó en la presidencia. Y la tercera, que constituye el suicidio de la oposición articulada en la Coordinadora Democrática, declarado por sí misma en su teoría de un fraude inexistente, [2] que la desacredita políticamente y la sitúa al margen de la Constitución y la Ley*.

La victoria doctrinaria o la democratización de la democracia

En las sociedades liberales burguesas, gane quien gane las elecciones, el pueblo siempre pierde. La democracia se restringe al derecho al voto, un instrumento a través del cual, el ciudadano emite un cheque en blanco a favor de su candidato, asumiendo sin participación alguna, pasivamente, la corresponsabilidad de su gestión. El funcionario electo exonerado de la rendición de cuentas al electorado, en el ejercicio de su cargo o responde directamente a las imposiciones de las oligarquías políticas y económicas locales y a las imposiciones coloniales imperialistas extranjeras o es presionado a separarse de sus electores y del sentido de su nominación para transformarse en una veleta en manos de esos poderes, o es condenado a la demonización, el boicot y el sabotaje, y finalmente a la destitución por la fuerza, el golpe de estado, el asesinato o la intervención militar extranjera.

Ejemplos abundan en la historia. En un extremo se ubican los gobiernos de De la Rúa en Argentina y Gutiérrez en Ecuador que no han vacilado en adaptarse al status quo y en el otro, el de Arbenz en Guatemala, Allende en Chile, Roldós en Ecuador, Torrijos en Panamá, derrocados por invasiones extranjeras, sangrientos putchs o desaparecidos por asesinato. Y por cierto, el del mismo Chávez en Venezuela, que ha sido vituperado, perseguido y derribado en un putch, por no someterse a los dictámenes de los poderes de hecho.

El voto, en el esquema doctrinario del electoralismo burgués, es separado de su sentido, el ejercicio de la función pública en correspondencia con las necesidades del pueblo. Normado por restrictivas leyes de elecciones y partidos y administrado por tribunales electorales que han operado como gendarmes de la inviolabilidad de la estructura de poder constituida con la clase dominante o una capa de ella en la cúspide de la pirámide, el sufragio ha existido en las sociedades modernas como un mecanismo de fetichización del poder político, que le ha otorgado una artificial legalidad a su ejercicio, del cual en la realidad, luego de la elección, ha permanecido excluida la voluntad popular.

Venezuela, después de sufrir la masacre del “caracazo” en 1989, que ocasionó miles de muertos bajo el gobierno “socialdemócrata” de Carlos Andrés Pérez, como consecuencia de su subordinación a las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, ha vivido un convulsivo proceso político. Su denominador común ha sido el colapso de la estructura bipartidista, adeco-copeyana (socialdemócrata-socialcristiana) que gobernó el país desde el denominado Pacto de Punto Fijo de 1959, entre la bonanza petrolera y el agresivo endeudamiento externo, el sometimiento a las imposiciones del capital transnacional, la exclusión social y la represión.

El pueblo inspirado en el valiente pero fracasado levantamiento militar del Teniente Coronel Hugo Chávez de 1992, ha buscado su propio camino. Ha protagonizado la victoria electoral de Chávez en 1998, la convocatoria a la Asamblea Constituyente en 1999 y la expedición en referendo de la Constitución Bolivariana, la relegitimización de los poderes en el 2000, la defensa de la democracia en el 2002, la derrota del sabotaje petrolero en el 2003 y el primer referendo presidencial en el 2004. El proceso ha estado signado fundamentalmente por la construcción soberana de una nueva democracia, basada en la participación y el protagonismo del pueblo. [3]

Desde el punto de vista constitucional, dos pilares de esta perspectiva, son la elección popular de quienes ejerzan cargos públicos y el derecho a la revocatoria de su mandato por referendo, a la mitad del período para el cual han sido electos. [4] La combinación de éstos conceptos aparentemente elementales, y el primero incluso de uso generalizado en los regímenes electorales del mundo, encarnan una revolución política. Implican un avance decisivo en el ejercicio de la soberanía por la voluntad popular y en consecuencia, la democratización de la “democracia”.

La revocatoria del mandato

El principio de la revolución francesa de 1789, que establece que la soberanía popular es la fuente de todos los poderes, ha adquirido una dimensión concreta más profunda con la Constitución Bolivariana, al introducir en forma complementaria a la elección por voto popular, la revocatoria del mandato del Jefe de Estado y de todo quien ejerza un cargo público por elección universal.

Desde el punto de vista jurídico-político, la revocatoria del mandato prescrita en la constitución bolivariana, introduce la figura complementaria indispensable para que el pueblo, efectivamente, ejerza la soberanía. El voto deja de ser un cheque en blanco, quien es elegido está sometido al escrutinio público y debe rendir cuentas a sus electores o podrá ser revocado. Una minoría podrá demandar la convocatoria a un referendo, pero, sólo la mayoría podrá revocar o ratificar el mandato. Esto implica que, el cargo público no es propiedad del ciudadano electo, ni del partido, la clase o la capa social a la cual se pertenezca, sino del pueblo, por lo cual su ejercicio debe corresponder a sus valores, necesidades y prioridades.

Si es la sociedad en su conjunto la que elige, ve y juzga a través del voto y del referendo revocatorio, la gestión del ciudadano elevado al ejercicio de un cargo público, se establece de factum que el poder pertenece a la sociedad, no al individuo que por mandato popular ejerce una función pública, ni a las manipulaciones de las oligarquías y los poderes fácticos internos y externos.

Se impone en forma implícita una responsabilidad de doble vía, la politización de los electores que deben evaluar sistemáticamente la gestión del elegido, y la de éste que debe corresponder a las demandas de la sociedad. Entonces sí, los pueblos tendrán los gobiernos que se merezcan y Aristóteles podrá pronunciar con propiedad su sentencia. Se trata de un paso hacia la socialización del poder político y de la democracia. Un cambio simple, pero, profundo.

¿Qué ocurriría si el principio de la elección por voto universal y la revocatoria del mandato se aplicase en la “democracia” estadounidense? ¿Bush habría podido ser electo presidente y concluido su mandato? ¿Si éstos principios democráticos existiesen en los Reinos, incluso en los denominados “democráticos”, serían posibles todavía los reyes? ¿Aznar en España podría haber terminado su período? ¿Habrían sido necesarias las insurrecciones populares para la salida del poder de Mahuad en Ecuador o Sánchez de Losada en Bolivia? ¿Habrían sido posibles las invasiones de Granada para acabar con el gobierno de Bishop, de Panamá para derribar y detener a Noriega y de Haití para deponer a Aristide? ¿Si en Irak habría existido este recurso, hubiesen sido posibles las guerras que han martirizado a su pueblo?

¿Si mecanismos de ésta naturaleza se hubiesen usado en la Unión Soviética y las denominadas democracias populares de Europa del Este, habría sido posible la implosión de sus gobiernos, llevando consigo no sólo a los burócratas osificados de la nomenclatura, sino con ellos a las conquistas sociales de sus revoluciones? ¿Cuántos gobiernos en América Latina serían revocados y cuántos ratificados en un referendo? ¿ Fidel Castro sería revocado o ratificado por el pueblo cubano y si es así, el bloqueo y las conspiraciones criminales contra su gobierno y su pueblo no perderían todo sentido? Son preguntas que después del referendo en Venezuela muchos ciudadanos se hacen en el orbe.

Solución democrática y pacífica de los conflictos

La revolución bolivariana al asistir al referendo presidencial, ha introducido un cambio de fondo en Venezuela y en el concepto universal de democracia, el gobierno del pueblo soñado en la antigua Grecia. Ha creado y probado en los hechos, una figura jurídica dirigida a dirimir pacíficamente los conflictos políticos de una sociedad, precisamente en América latina, donde la injerencia de los intereses imperialistas de Estados Unidos institucionalizaron el derrocamiento de presidentes legales y legítimos, el establecimiento de sanguinarias dictaduras de signos hitlerianos y fascistas y las invasiones de sus marines, para impedir el ejercicio soberano del poder y la autodeterminación de los pueblos y naciones.

La oposición oligárquica en Venezuela, hostil a éstos principios, luego de sus sucesivas derrotas en la tentativa de retomar el poder por cualquier vía, incluidas la conspiración y el sabotaje, finalmente no encontró otra salida que ampararse en la Constitución bolivariana y recurrir al referendo revocatorio, lo que puso a Chávez a probar con su presidencia, el concepto político que él mismo propuso a la Asamblea Constituyente. Si bien no vaciló en someterse a su propia prueba ácida, sin embargo, cualquiera hubiese sido el resultado, el coronel, había asegurado por anticipado una indisputable victoria doctrinaria, que vivirá más allá de su tiempo.

Después de ese proceso, caracterizado por una participación electoral del pueblo nunca antes vista en Venezuela, los recursos del putch, del sabotaje destructor y autodestructor, de la guerra mediática, de las violentas acusaciones y estigmatizaciones, de las amenazas de uso de la Carta Democrática de la OEA para favorecer una intervención militar imperialista, han quedado completamente desacreditadas. Chávez ha demostrado al mundo, no ser el despreciable dictador populista, y el autócrata represivo, por el contrario ha escrito una página ejemplar en la historia de la democracia. Hoy, guste a quien guste y disguste a quien disguste, como lo dijo con anticipación Fray Betto, preside el gobierno democrático más legítimo del mundo.