La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a afinar su puntería hacia las operaciones clandestinas y militares realizadas por Estados Unidos en otros países con el pretexto de la llamada “lucha contra el terrorismo”, y a reclamar responsabilidades por esos actos.

Aunque con años de demora, el tema regresó a la agenda internacional tras sendos informes del relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales durante el combate al terrorismo, Ben Emmerson.

Uno de los asuntos clave de esos reportes apunta hacia las operaciones de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA, por su sigla en inglés) de detención, traslado secreto, interrogatorios ilegales y tortura de sospechosos de terrorismo.

El otro encara los ataques de naves aéreas teledirigidas (drones) en territorio de otros países sin la autorización del Estado afectado y con un saldo de numerosos muertos y heridos entre la población civil.

En marzo pasado, el especialista reclamó al gobierno de Estados Unidos que publique sin demora el informe elaborado por un comité selecto del Senado estadunidense sobre el programa secreto de detención e interrogatorios de la CIA.

Emmerson señaló a la administración del expresidente George W Bush como responsable de “una campaña sistemática de actos internacionales arbitrarios como detenciones y traslados secretos y torturas de sospechosos de terrorismo”.

Recordó que ese gobernante autorizó a la CIA ejecutar un esquema secreto y crear instalaciones clandestinas de detención conocidas como “sitios oscuros” en territorios de otros países.

También confirmó que Bush avaló la aplicación de la técnica de ahogamiento (waterboarding) durante los interrogatorios de “presos de alto valor” y un paquete de técnicas de abuso mental y físico.

No obstante, el relator de la ONU reconoció diversas medidas adoptadas por el actual gobierno del presidente estadunidense, Barack Obama, frente a la detención secreta, la tortura y otras formas de abusos.

Sin embargo, señaló que “a pesar del claro repudio a las acciones ilegales perpetradas por la CIA durante la era Bush, muchos de los hechos permanecen clasificados y ningún funcionario ha sido presentado ante la justicia en Estados Unidos”.

Por el contrario, indicó Emmerson, el fiscal general, Eric Holder, anunció que no se procesará a “ningún funcionario que haya actuado de buena fe y dentro del marco de las orientaciones legales que recibió” para el interrogatorio de sospechosos de terrorismo.

El informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas revela que los “sitios oscuros” creados para esos prisioneros fueron instalados en Lituania, Marruecos, Polonia, Rumania y Tailandia.

También, que “al menos otros 49 países permitieron la utilización de su espacio aéreo o aeropuertos” para los aviones que trasladaron a los prisioneros.

El relator llamó a los gobiernos de esos Estados a establecer órganos judiciales independientes para identificar a los servidores públicos que autorizaron o colaboraron en tales operaciones, con el propósito de que rindan cuentas por sus actos.

En 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió una recomendación sobre el tratamiento a quienes participaron en este tipo de acciones y todos los actos ilegales perpetrados en ese contexto.

Esas personas, “incluidos sus superiores si ordenaron, estimularon o consintieron las detenciones secretas deben ser procesados sin dilación y, de ser encontrados culpables, recibir sentencias acorde con la gravedad de los actos cometidos”, según la indicación.

Por otro lado, el relator especial denunció la utilización de drones estadunidenses en Pakistán como una acción contraproducente, opuesta a la ley internacional y violatoria de la soberanía y la integridad territorial de ese país.

Luego de una visita a Islamabad, Emmerson subrayó el fuerte rechazo del gobierno pakistaní a las operaciones de esas naves, las cuales no cuentan con su consentimiento y han sido repudiadas ante Naciones Unidas.

El gobierno de Pakistán no acepta el uso de drones por parte de Estados Unidos contra su territorio y lo considera una violación de la soberanía e integridad territorial, insistió.

Datos oficiales de Islamabad contabilizan 2 mil 200 muertos y al menos 600 heridos en el país desde 2004 a causa de 330 ataques realizados por las aeronaves de Estados Unidos.

Es hora de que la comunidad internacional atienda las inquietudes de Pakistán y otorgue al próximo gobierno el espacio, el apoyo y la asistencia que necesita para instalar la paz en su territorio sin la interferencia militar de otros Estados, concluyó Emmerson.

Victor M. Carriba
Fuente
Prensa Latina (Cuba)