Red Voltaire
Altas esferas del estado cangrenadas

Conexiones de los grupos políticos mexicanos con el narcotráfico

México se ha convertido en una enorme plataforma para el tráfico de la droga, tanto por el volumen de estupefacientes que circulan hacia los EEUU, tanto por las numerosas bandas organizadas de narcotraficantes que operan en el país. Pero lo más grave es que las autoridades políticas así como las instituciones han sido corrompidas, cangrenadas e integradas a la causa criminal. Un informe de nuestro corresponsal en México.

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Un día soleado de 1993 fue asesinado por agentes de la policía judicial federal el cardenal Juan Posadas Ocampo, arzobispo de la capital de Jalisco en el aeropuerto de Guadalajara. La fiscalía federal mexicana ha explicado el crimen diciendo sucesivamente que una banda de narcotraficantes confundió al prelado con un cabecilla rival.

También ha dicho que el arzobispo murió por el fuego cruzado entre bandas rivales. Ninguna de las dos versiones es conviencente porque el arzobispo murió como consecuencia de ráfagas de metralleta, lo que supone que quienes le dispararon le conocían.

La impunidad de los criminales y de quienes los enviaron modificó el clima sociopolítico mexicano, enrarecido porque lejos de corregirse, la impunidad se ha vuelto más selectiva y siniestra. El narcotráfico domina las esferas públicas de México.

Los nombres de personeros de la élite política presumiblemente vinculados con las todopoderosas corporaciones de la producción y el trasiego de estupefacientes están presentes en todas las regiones de la nación mexicana.

Ante el proceso sucesorio adelantado que vive México por la ineptitud de Vicente Fox, es necesario advertir acerca de los escabrosos nexos de políticos, de dentro y de fuera del actual régimen, que a toda costa desean entrar en Los Pinos, la residencia presidencial.

El estado de Durango es el territorio idóneo, por lo abrupto de su sierra, para los sembradíos de mariguana y amapola. Aquí comenzó la gran producción de droga en el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) porque por su ubicación fácilmente puede transportase la droga por senderos fronterizos agrestes como los de Sinaloa y Chihuahua. Como sucede en casi toda la república, los exgobernadores sinaloenses: Armando del Castillo Franco, Maximiliano Silerio Esparza y el actual Ángel Sergio Guerrero Mier, han ignorado su obligación de combatir a los sembradores de estupefacientes.

Otro estado, Nuevo León, se ha convertido en territorio preferido de los narcos tamaulipecos para enterrar los cadáveres de sus víctimas. Además, en Monterrey, capital de ese estado los narcotraficantes tamaulipecos cuentan con residencias secundarias.

Guadalajara, capital de Jalisco, ha sido uno de los sitios favoritos de los narcos para vivir. En los fraccionamientos residenciales de superlujo de esa ciudad se han asentado numerosos cabecillas del norte de México. No obstante tal evidencia, los sucesivos gobernadores que salieron de las filas del partido PRI: Flavio Romero de Velasco, Carlos Rivera Aceves, Enrique Álvarez del Castillo y los emanados del partido PAN como Alberto Cárdenas Jiménez —secretario de Estado del gobierno foxista (del actual presidente Vicente Fox) y aspirante del blanquiazul a la presidencia, y Francisco Acuña Ramírez, muy poco, por no decir nada, han hecho para combatir a los barones de la droga.

En esos suntuosos guetos han residido algunos de los más importantes jerarcas del crimen organizado, entre otros Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, Rafael Caro Quintero y El Cochiloco, asesinado precisamente en la capital jalisciense.

Se nos asegura, asimismo, que uno de los gobernadores jaliscienses que ha mantenido más estrechas ligas con los jefes de la droga fue Guillermo Cossío Vidaurri, una de cuyas sobrinas, Sarita, fue novia de Rafael Caro Quintero, relación que provocó un escándalo mayúsculo que impactó a los círculos políticos y sociales del país.

No hay duda de que Enrique Álvarez del Castillo, quien también fuera gobernador y luego fiscal de la República, también estuvo involucrado con el narco. A Álvarez del Castillo se le relacionó con el asesinato del agente de la poderosa Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Enrique Camarena Salazar. Entre los implicados se mencionó también al cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez, Álvaro Zuno, todavía preso por esa misma causa en aquel país.

Flavio Romero de Velasco, por su parte, también estuvo tras las rejas acusado de lavado de dinero. Se le encontró 50 millones de pesos en 1998. Desde hace años, en Michoacán opera casi con total impunidad el Cártel del Milenio o Cártel del Aguacate, encabezado por Armando Valencia El Maradona —actualmente preso— y su primo Luis, quien no se tentó el corazón para ordenar el homicidio de su primo, el poderoso Rodolfo Valencia Contreras.

Figuras casi omnipotentes en esa entidad, se desplazan a sus anchas por todo Michoacán bajo la mirada disimulada (o impotente) del gobernador Lázaro Cárdenas Battel, hijo de quien también fuera gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y nieto de Lázaro Cárdenas.

Tal es el poder del Cártel del Milenio, que incluso se dio el lujo de amenazar al entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha y al todavía subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos. También conocida como Cártel de los Valencia, esta organización criminal adquirió enorme influencia durante el gobierno del priista Víctor Manuel Tinoco Rubí, al extremo de que en los círculos policiacos de Michoacán se afirma que el entonces gobernador Tinoco Rubí permitió el emplazamiento de esa banda en la entidad.

El narcotráfico ha extendido su influencia al estado de México, la entidad federativa que es gobernada por Arturo Montiel Rojas, sentando sus reales en la zona oriente. Es decir, en Netzahuatcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec.

En esa franja, el control del trasiego de estupefacientes corre a cuenta de la pandilla liderada por Patricia Buendía, la famosa Ma’Baker, a pesar de que ella y su sucesor Carlos Morales Gutiérrez, nuevo cabecilla, ya fueron capturados. Allí, los narcotraficantes al menudeo obtienen jugosas ganancias.

El corredor de Ecatepec, el cual incluye parte de las circunscripciones de la capital mexicana: Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, es dominado, ante la pasividad de las autoridades mexiquenses y del Distrito Federal, por las mafias rusa, colombiana y nigerina.

En esa zona prolifera el narcomenudeo, sobre todo en las referidas jurisdicciones políticas, lo mismo que en Iztapalapa, considerada, por los estudiosos del crimen, tierra de nadie, pues ahí se concentra buena parte de narcotienditas de la ciudad y se cometen alrededor de 600 asaltos diarios, la mayor cantidad entre todas las circunscripciones de la ciudad.

No obstante tantas y tan documentadas evidencias de que las mafias criminales imperan en la capital de la República, en parte gracias a la complicidad de los jefes policiacos, o del desaforado jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, que para el procurador Bernardo Bátiz y el secretario de Seguridad Pública Joel Ortega, en la ciudad donde según él todo está «bajo control».

Pese a la descomposición social derivada del imperio de las mafias en la capital, las autoridades federales parecen más preocupadas por impulsar las aspiraciones presidenciales de López Obrador que en detener, o por lo menos paliar, el incontenible aumento de delitos, entre los cuales sobresale el de secuestros.

En los estados del sur de la República también existe una connivencia entre algunos gobernadores y los capos de la droga. Oaxaca sobresale al respecto, pues se presume que el exgobernador José Nelson Murat Casab compartió el poder con el narcotraficante más importante de la región, Pedro Díaz Parada.

Los sucesivos gobiernos estatales de Pedro Vázquez Colmenares, Jesús Martínez Álvarez, Heladio Ramírez López y Diódoro Carrasco Altamirano tampoco combatieron o, por lo menos, poco pudieron hacer contra Díaz Parada, considerado el representante, en la entidad, de los intereses de los hermanos Arellano Félix.

Aunque en Chiapas la presencia del narcotráfico no es tan visible como en otros estados, de acuerdo con informaciones oficiales, el trasiego de estupefacientes corre de la frontera con Guatemala a las costas chiapanecas, ante la mirada displicente del gobernador bueno para nada, Pablo Salazar Mendiguchía.

Ha sido publicado que Mariano Herrán Salvatti, fiscal antidrogas en el régimen de Ernesto Zedillo y actual procurador de Chiapas, a su paso por la PGR hizo buenas migas con poderosos barones de la droga.

Por su parte, la península de Yucatán es considerada el sitio idóneo para el arribo de cargamentos de cocaína, principalmente de los procedentes de Colombia. A la droga la desembarcan en las costas de Quintana Roo o, en su defecto, las aeronaves de los narcos aterrizan en zonas planas de Yucatán y Campeche.

En el estado de Yucatán, que ocupa la tercera parte de la península del mismo nombre, el gobierno caciquil del hoy extinto Víctor Cervera Pacheco entregó a multimillonarios y banqueros las residencias en donde se erguían las viejas y suntuosas haciendas henequeneras, a las cuales, asistían regularmente políticos, empresarios y artistas.

Tal es el caso de la hacienda de quien fuera uno de los principales accionistas de Banamex, Roberto Hernández, quien organizaba fastuosas reuniones a las que asistían personajes como Jaime Camil padre, presumible traficante de armas y proveedor de armamento para el ejército.

Siendo presidente de México, Ernesto Zedillo, ahí también acudía él constantemente, a pesar de que, de acuerdo con la PGR, la DEA y el ejército la propiedad de Hernández era utilizada como pista de aterrizaje por aviones procedentes de Colombia que transportaban cocaína, como consta en la denuncia del periodista Mario Renato Menéndez, director de la revista Por esto!, a quien trataron de llevar a juicio por publicar tan grave situación los abogados de Banamex.

En la actualidad, Yucatán es gobernado por un pariente político muy cercano de Roberto Hernández, el panista (PAN) Patricio Patrón Laviada, quien en repetidas ocasiones se ha enfrentado a los magistrados del tribunal estatal porque no han cedido a sus pretensiones de liberar a uno de sus amigos más cercanos, quien se encuentra en prisión acusado de haber asesinado a su propia esposa.

Cervera Pacheco, cacique por excelencia del estado de Yucatán, fue el poder real tras el trono durante los gobiernos de Dulce María Sauri Riancho y Federico Granja Ricalde, y tendió un manto protector sobre el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, hoy preso en el penal de La Palma por ligas con el narcotráfico.

El más famoso balneario del caribe mexicano, Cancún, uno de los sitios favoritos de afamados jefes mafiosos, cuyo control total ambicionan los Cárteles de Juárez y de Sinaloa, ha sido escenario de las ejecuciones de importantes operadores del crimen organizado caídos en la disputa por el control de ese millonario territorio.

Por ejemplo, hace ya diez años, en plena zona hotelera de Cancún sicarios del Cártel de Juárez asesinaron a Rafael Aguilar Guajardo, a su esposa y a una ciudadana estadunidense que, al parecer, era agente encubierta de la DEA.

Se dice que el homicidio fue ordenado por Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, llamado así por su costumbre de utilizar aviones para el traslado de droga. La batalla criminal por el predominio de la zona se intensificó a partir de 1991.

En mayo de 1996, ahí fue asesinado Vicente, hermano de Ismael El Mayo Zambada. La oleada de crímenes se acentuó en el mandato de Mario Villanueva Madrid. Sobre las playas de Quintana Roo se desembarca a diario cargamentos de droga colombiana. El corredor para el paso de estupefacientes va desde la frontera con Belice hasta las costas de Yucatán.

Campeche también es considerado un sitio propicio para el aterrizaje de los narco-aviones procedentes de Sudamérica. En las numerosas zonas planas del estado aterrizan tranquilamente con su valioso cargamento. Para los campechanos, es un lugar común la afirmación de que los exmandatarios Jorge Salomón Azar y Carlos Kuri Assad protegieron los intereses del hampa.

Poco se sabe de los esfuerzos hechos, si acaso los hubiera, de Carlos Hurtado Valdez, gobernador de la entidad, porque la entidad a su cargo deje de ser uno de los campos de aterrizaje preferidos por los temibles capos colombianos.

En el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) floreció el rancho El Búfalo, una gran plantación de mariguana propiedad de Rafael Caro Quintero, protegica der el ejército. Mientras que en el mandato del panista Francisco Barrio Terrazas en el estado de Chihuahua, comenzaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Barrio Terrazas nada hizo para esclarecer los crímenes, e incluso utilizó argumentos moralistas —que usaban minifaldas, que andaban solas en la noche— para explicar las agresiones.

Por su parte, las tierras sinaloenses han sido asiento de traficantes y productores de droga desde que, en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de México y Estados Unidos propiciaron la siembra de amapola y mariguana para abastecer a las tropas que combatían, en Europa contra los ejércitos del Eje Roma-Berlín-Tokio. Entonces se alegó que las siembras eran «experimentales», pero en las guerras del Pacífico y de Corea ambos países, de nueva cuenta, impulsaron la siembra de enervantes.

Durante los gobiernos sinaloenses de Gabriel Leyva Mancilla, Leopoldo Sánchez Célis, del general Renato Vega Amador, de Antonio Toledo Corro, Francisco Labastida Ochoa y Renato Vega Alvarado, el predominio de los barones de la droga en la entidad fue patente.

Incluso la deidad favorita de los narcos, San Jesús Malverde, cuenta con su capilla en la capital Culiacán, en donde desde hace mucho tiempo se registran sangrientas matanzas, entre las que se cuenta la de la abogada Norma Sapién Corona, una de las más destacadas defensoras de los derechos humanos en México.

Juan Sigfrido Millán Lizárraga, el actual mandatario, ha sido incapaz de controlar a los grupos criminales, pues desde principios de su mandato, en 1999 y hasta el 31 de mayo pasado, habían sido asesinadas 2 mil 85 personas. Tan sólo en los en los primeros cinco meses de 2004 ocurrieron 216 homicidios. Y decenas más hasta lo que va del año en curso.

En Sinaloa, durante los últimos cinco años fueron ajusticiados 83 policías: 36 municipales, 33 ministeriales, once preventivos y tres de tránsito. Tal vez como una macabra broma jugada por los cárteles, el «Día del Policía» fueron asesinados el policía municipal Pedro Quintero Villegas —quien en esa misma fecha había sido ascendido a comandante— y el comandante Siharta Walskinshaw Salazar, reconocido en 1999 como «el mejor investigador del país».

A pesar de la captura de Javier Torres, las bandas del narcotráfico siguen disputándose el control del territorio, sobre todo la sierra sinaloense. En la disputa sobresalen los grupos encabezados por El Chapo Guzmán.

Esa zona serrana, fronteriza con Chihuahua y Durango, ha producido miles de toneladas de mariguana y amapola. Por ahí pululan las pandillas de Ramón Gallardo, quien ha sentado sus reales en San Ignacio, uno de los municipios más conflictivos del estado. También se distinguen por su violencia Ajoya, Casas Viejas, Vado Hondo y Duranguito, así como San Juan, de donde fuera oriundo el famoso cabecilla de la mafia Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco.

De tal manera, los vínculos siniestros de la clase política mexicana con los delincuentes ha abierto la puerta de las influencias de estos en Los Pinos. Así queda en definitiva demostrado con la anulación de la sentencia de 27 años de prisión que por el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, fue dictada a Raúl Salinas de Gortari, hermano influyente en el gobierno de su hermano Carlos (1988- 1994) y símbolo de la corrupción que se describe en este reportaje. Raúl Salinas recuperará su libertad con el amparo dictado por un tribunal colegiado, el 14 de junio próximo.

Gastón Pardo

Gastón Pardo Graduado de periodismo en la Universidad Nacional de México. Cofundador del diario Libération. Corresponsal de la Red Voltaire en México.

 
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