Los jueces de instrucción Aude Buresi y Marc Sommerer, que remplazaron al juez Serge Tournaire en la investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña presidencial del ex presidente francés Nicolas Sarkozy en 2007, han decidido imputar –por cuarta vez– al ex presidente de Francia, el 16 de octubre de 2020.
En 2011, después del derrocamiento de la Yamahiriya Árabe Libia y la ocupación de ese país por parte de la OTAN, el periodista francés Thierry Meyssan reveló que había organizado en Trípoli, en el seno del gobierno libio, un grupo encargado de reunir pruebas sobre casos de corrupción de políticos franceses en Egipto, Túnez y Libia [1].
Meyssan estima que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy cometió graves delitos, pero señala que no es posible condenar únicamente a Sarkozy y que también habría que abrir una causa contra su adversaria en la elección presidencial de 2007, Segolene Royale, quien también recibió financiamiento libio.
La justicia, cuando no es igual para todos, se convierte en simple instrumento político. También sería necesario iniciar una verdadera reflexión sobre el financiamiento de las campañas políticas que –a pesar de todo el arsenal legislativo existente en Francia– siempre acaban recurriendo a fondos provenientes del extranjero.
El financiamiento ilegal de la campaña electoral previa a la elección presidencial francesa de 2007 no debe verse como un intento libio de corrupción –aunque también lo es– sino sobre todo como una falla del sistema democrático francés, que necesita un urgente trabajo de limpieza.
[1] Testimonios de Thierry Meyssan ante la prensa tunecina (en 2011), en la televisión de la República Árabe Siria (en 2012), en su libro De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump (en 2017) y finalmente ante el juez francés Serge Tournaire (en 2018).
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