Los jueces de instrucción Aude Buresi y Marc Sommerer, que remplazaron al juez Serge Tournaire ‎en la investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña presidencial del ex presidente ‎francés Nicolas Sarkozy en 2007, han decidido imputar –por cuarta vez– al ex presidente de ‎Francia, el 16 de octubre de 2020. ‎

En 2011, después del derrocamiento de la Yamahiriya Árabe Libia y la ocupación de ese país ‎por parte de la OTAN, el periodista francés Thierry Meyssan reveló que había organizado ‎en Trípoli, en el seno del gobierno libio, un grupo encargado de reunir pruebas sobre casos de corrupción de políticos franceses en Egipto, Túnez y Libia [1].‎

Meyssan estima que el ex presidente francés Nicolas Sarkozy cometió graves delitos, pero ‎señala que no es posible condenar únicamente a Sarkozy y que también habría que abrir una ‎causa contra su adversaria en la elección presidencial de 2007, Segolene Royale, quien también ‎recibió financiamiento libio. ‎

La justicia, cuando no es igual para todos, se convierte en simple instrumento político. También ‎sería necesario iniciar una verdadera reflexión sobre el financiamiento de las campañas políticas ‎que –a pesar de todo el arsenal legislativo existente en Francia– siempre acaban recurriendo a fondos provenientes del extranjero. ‎

El financiamiento ilegal de la campaña electoral previa a la elección presidencial francesa de 2007 ‎no debe verse como un intento libio de corrupción –aunque también lo es– sino sobre todo ‎como una falla del sistema democrático francés, que necesita un urgente trabajo de limpieza. ‎

[1] Testimonios de Thierry ‎Meyssan ante la prensa tunecina (en 2011), en la televisión de la República Árabe Siria (en 2012), ‎en su libro De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump (en 2017) y finalmente ante el juez francés ‎Serge Tournaire (en 2018).