PRI y PAN acuerdan contrarreforma laboral

Creada con el propósito de que toda persona tenga derecho a un trabajo “digno y socialmente útil”, la Ley Federal del Trabajo cumple 80 años de vigencia. Pero una de las reformas que el Ejecutivo federal urge llevar a cabo busca convertir a México en un “paraíso” para las multinacionales. La llamada “reforma laboral” se ciñe a una serie de recomendaciones que el Banco Mundial (BM) ha emitido desde la década pasada.

Será durante el próximo periodo ordinario de sesiones –que inicia el 1 de septiembre– cuando los legisladores de la Cámara de Diputados podrán aprobar las modificaciones a la Ley: una serie de “nuevas modalidades de contratación”, que permitan “flexibilizar” el mercado laboral.

La Ley vigente indica en su artículo tercero: “El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social. Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores”.

No obstante, las propuestas de reforma laboral que han presentado las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) coinciden en la pérdida de derechos de los trabajadores y la disminución de obligaciones para los patrones: fin de contratos colectivos, largas jornadas de trabajo, exponen expertos en la materia.

De acuerdo con el documento presentado ante legisladores el 18 de marzo de 2010, los ejes rectores que contiene la propuesta panista son: “Facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos; promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales y la protección de derechos; fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral; mejorar la transparencia y la democracia sindical; y defender las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las autoridades del trabajo”.

Reforma urgente

José Gerardo de los Cobos, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados, asevera que la reforma laboral para México es “estructural”. De no llevarse a cabo, asegura, “nos van a seguir rebasando muchos países en aspectos de fortalecimiento de la economía, generación de empleos y competitividad”.

Según el integrante de la bancada del PAN, el que el país ocupe el lugar 120 en materia de competitividad en todo el mundo “nos da una gran desventaja; no nos permite defendernos de otras potencias, que sin tener la cantidad de habitantes que México tiene, ni su producto interno bruto, nos rebasan en muchos ámbitos por ser competitivos”.

Niega que la iniciativa que presentó el PAN sea contraria a los derechos de los trabajadores. “Una de las disposiciones propuestas son a favor de los trabajadores para tratar de nivelar las grandes desventajas que tienen los grupos vulnerables”.

Originario de Guanajuato, el diputado menciona que la propuesta panista contiene medidas “muy importantes” a favor de madres trabajadoras, los jóvenes, personas de la tercera edad, mexicanos en el extranjero, trabajadores del área de servicio doméstico y campesinos. “Es evidente que todos estos sectores requieren de una protección, una determinación muy clara de las condiciones en que se deben desempeñar su trabajo”, expresa.

Respaldo de la iniciativa panista es el índice Doing Business del BM, que ubica dentro de 181 naciones a México en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido; y en el sitio 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales.

“Legalización de abusos”

Carlos Rodríguez Rivera, responsable del área educativa del Centro de Reflexión y Acción Laboral, indica que “viene el momento más delicado en 22 años de intentos empresariales de modificar la ley Federal del Trabajo”.

Esto puede desencadenar dos escenarios, explica: “Que se consagren legislativamente una serie de irregularidades y violaciones que ya existen, como las contrataciones temporales. El segundo escenario sería la posibilidad de un repunte organizativo en México de la clase trabajadora. Las reformas estructurales, que urgen al presidente, se convierten en una panacea y no se mira a la economía nacional. La presión de los organismos internacionales viene del sistema neoliberal”, enfatiza.

Alejandro Vega García, integrante de la dirección del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), indica que la reforma laboral “sólo dará certeza a las multinacionales de que van a llegar a un paraíso sin conflictos laborales. Se pretende que los trabajadores no puedan ni siquiera ampararse en la ley para organizar una lucha. Es legalizar la injusticia laboral”.

Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Azcapotzalco, indica: “En realidad, la reforma laboral se aplica desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se ha impuesto a través de los contratos colectivos de trabajo. Es una reforma salvaje, en donde todo lo que demandan el PRI y el PAN ya lo tienen, lo único que quieren es legalizarlo”.

Las modificaciones

Contrario a los preceptos de la Ley, cada vez son menos los mexicanos que cuentan con una fuente de empleo. Así lo demuestran las cifras oficiales más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que notifican que al 30 de junio pasado la cifra de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó en 14 millones 994 mil 119 personas, nivel que representa un crecimiento anual de 599 mil 465 plazas (4.2 por ciento). Por tipo de contrato, la afiliación permanente se incrementó en 451 mil 524 trabajadores (75.3 por ciento del total) y la eventual en 147 mil 941 personas (24.7 por ciento del total).

No obstante, indica el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la SHCP, durante el segundo trimestre de 2011 la tasa de desocupación fue de 5.24 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en 2010 se ubicó en 5.2 por ciento.

José Gerardo de los Cobos defiende la iniciativa panista e indica que, respecto de las nuevas modalidades de contratación, “no se trata de modificar las relaciones actuales, sino dar la posibilidad sean expresamente señaladas en la ley”.

Comenta que el grupo parlamentario del PAN propone que se permita la contratación por capacitación inicial. “Ésta tiene dedicatoria a los jóvenes, quienes quieren trabajar pero no les dan empleo por falta de experiencia. Se detienen las cosas en el Congreso porque se analizan a través del crisol de los buenos políticos y del capital político; eso es deleznable. Nosotros debemos legislar a favor de México. Hay que sacar la reforma, independientemente del partido, campaña o elecciones”.

Manuel Eduardo Fuentes Muñiz, académico de la UAM y presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) arguye: “Esta reforma podría traer como consecuencia una gran afectación para los trabajadores, porque permitiría la legalización de las empresas de subcontratación. Se pretende que éstas sean las únicas en asumir la relación laboral, no así las beneficiarias. Así, la consecuencia sería la creación de muchas empresas fantasmas (sin estructura física), que obligan a los trabajadores a firmar contratos temporales”.

Las propuestas del PAN y del PRI plantean los llamados “contratos a prueba, de capacitación inicial y de temporada”. “De aprobarse la reforma, se estaría propiciando que en adelante los únicos contratos fueran temporales. Obviamente, podría generar una inestabilidad constante, y los trabajadores estarían sujetos a horarios prolongados de trabajo sin pago extraordinario y una mayor explotación, entre otras cosas”.

Para el presidente de la ANAD, el tema central de la reforma no sólo es abaratar los costos de la fuerza de trabajo, sino también anular los costos de los juicios laborales.

Banco Mundial ordena

De acuerdo con el documento Alianza estratégica con México, 2008-2010, publicado por el BM, México tiene como prioridad las actividades de asesoramiento en inversión, a través de la “promoción de reformas que continúen fortaleciendo el clima de negocios”.

José Gerardo de los Cobos niega que la institución financiera tenga alguna influencia sobre las decisiones que se toman desde el poder político, y asegura desconocer de manera puntual la recomendación.

Sin embargo, se ciñe a las del Instituto Mundial de Competitividad, que le ha recomendado a México adoptar “medidas para la competitividad, capacitación, hacer que los nuevos trabajadores se les remunere de manera adecuada y haya las posibilidades de expandir la economía a través de la generación de empleos”.

Los que se oponen a la propuesta del PAN son los líderes del corporativismo sindical, asegura. Por lo que el partido al que pertenece “está dispuesto a dejar el capítulo de los sindicatos para un momento posterior”. Y están dispuestos a dotar al grupo parlamentario del PRI de los 140 votos panistas.

Alejandro Vega García, integrante de la dirección del CILAS, afirma que desde 1982 hay una serie de lineamientos de los organismos financieros. “Éste es uno de los grandes pendientes del neoliberalismo en este país: ya privatizaron prácticamente todo, acabaron con la seguridad social, y ya avanzaron en la promoción de la educación privada. Las grandes reformas no han progresado en el terreno formal, pero en la práctica existen”.

Fuentes Muñiz, académico de la UAM Azcapotzalco, cuestiona el discurso panista y asegura que las recomendaciones del BM tienen una gran influencia en la toma de decisiones del gobierno; para ellos es “fundamental” lo que indica el organismo. “Esto ha traído como consecuencia que gobiernos panistas y priístas se hayan retirado del campo de la vigilancia de las relaciones laborales”.

Efectivamente, agrega el especialista en derecho laboral, el BM ha logrado que el gobierno se pliegue a sus reclamos. “El gobierno ya no vigila, sino que, incluso, permite que los empresarios actúen sin ninguna limitación”.