Las nuevas armas financieras de Occidente

Están apareciendo nuevas armas para el ya imponente arsenal de políticas económicas y ‎financieras de Occidente. Para entender su naturaleza y alcance es necesario partir del ‎conocimiento de las que se han utilizado hasta ahora, como las sanciones –incluyendo la más ‎importante de ellas que es el embargo– decretadas sobre todo por Estados Unidos y la Unión ‎Europea contra países enteros así como para penalizar empresas y personas. ‎

Resulta fundamental entender el criterio utilizado para decidir la imposición de esas sanciones. ‎Estados Unidos y la Unión Europea sólo decretan, en decisiones inapelables, que un Estado, ‎empresa o persona ha cometido lo que ellos consideran algún tipo de violación, imponen lo que ellos llaman ‎‎«sanciones» o un embargo total y a partir de ese momento pretenden que terceros Estados ‎respeten tales medidas, amenazándolos con aplicarles represalias si las ignoran. ‎

En 1960, Estados Unidos decretó el embargo contra Cuba, país que se había liberado de la ‎dominación estadounidense, lo cual constituía para Washington una violación de su propio ‎‎«derecho» a utilizar Cuba como una posesión: el nuevo gobierno [cubano] nacionalizó las ‎propiedades de los bancos y de las transnacionales estadounidenses que controlaban la economía ‎cubana. Hoy en día, 61 años después, Estados Unidos mantiene su embargo contra Cuba ‎mientras que las compañías estadounidenses exigen reembolsos ascendentes a miles de millones ‎de dólares ‎ [1]. ‎

En 2011, preparando la guerra de Estados Unidos/OTAN contra Libia, los bancos ‎estadounidenses y europeos secuestraron 150 000 millones de dólares de los fondos soberanos ‎que el Estado libio había invertido fuera del país, y la mayor parte de todo ese dinero ‎simplemente… desapareció. En ese gran saqueo de los fondos libios se destacó Goldman Sachs, ‎el más poderoso de los bancos estadounidenses, que tuvo como vicepresidente a Mario Draghi, el ‎actual primer ministro de Italia. ‎

En 2017, al proclamar sus nuevas sanciones contra Venezuela, Estados Unidos “congeló” bienes ‎venezolanos por valor de 7 000 millones de dólares y 31 toneladas de oro que el Estado ‎venezolano tenía depositadas en el Banco de Inglaterra y en el Deutsch Bank (en Alemania) ‎todavía están secuestradas en esos países. ‎

Ese es telón de fondo de la nueva y colosal operación financiera que hoy están promoviendo ‎Goldman Sachs, el Deutsch Bank y los demás grandes bancos de Estados Unidos y la Unión ‎Europea. Implantando un mecanismo calcado del de las llamadas sanciones, esa operación ya no prevé ‎la imposición de restricciones económicas o “congelación” de fondos sino limitar el financiamiento sólo a los gobiernos y entidades o personas “virtuosas” que acepten someterse al ‎‎«Índice ESG», siglas que hacen referencia a 3 parámetros: Entorno, Sociedad y Gobernanza. ‎

El objetivo oficial del «Índice ESG» sería establecer normas para evitar la inminente catástrofe ‎climática que nos anuncian en la Conferencia de Glasgow, para defender los derechos humanos ‎pisoteados por los regímenes totalitarios y para garantizar el buen gobierno, claro según el ‎modelo predeterminado por las grandes democracias occidentales. El Departamento de Estado ‎de Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial son ‎los principales autores de esas normas, junto con algunas agencias de la ONU limitadas a un papel ‎subalterno. ‎

Por supuesto, la mayor garantía en materia de derechos humanos es la que representa el ‎Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo embargo contra Irak –aprobado por la ONU– ‎se tradujo, de 1990 a 2003, en 1 millón y medio de muertos, entre ellos medio millón de ‎niños. ‎

La operación financiera actual se concentra en el cambio climático. La Conferencia de la ONU ‎en Glasgow (COP26) anunció el 3 de noviembre que «La Finanza se hace verde y resiliente». ‎Así nace la Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Desde abril de este año, 450 bancos y ‎transnacionales de 45 países se han sumado a ella y se comprometen a «invertir en los ‎‎3 próximos decenios más 130 mil millardos [2] de dólares de capital ‎privado para transformar la economía hasta cero emisiones [de CO₂] en 2050». Los capitales ‎se recogen mediante la emisión de «bonos verdes» (Green Bond) y de inversiones ‎provenientes de fondos comunes y de fondos de pensiones, en gran parte con dinero de ‎pequeños ahorristas que correrán así el peligro de verse atrapados en una enésima burbuja ‎especulativa. ‎

Ya no será un banco o una transnacional quien se compromete a alcanzar el objetivo de ‎cero emisiones de CO₂ de aquí al año 2050 y a ayudar a los «países pobres», donde más de ‎‎2 000 millones de personas todavía usan la leña como único o principal combustible [3]. ‎

Entre los comprometidos en el asunto de las cero emisiones está incluso la petrolera anglo-‎holandesa Royal Dutch Shell, que provocó un desastre medioambiental en el delta del Níger y ‎se niega a recuperar las tierras contaminadas. Así que mientras se trata de eliminar totalmente ‎las emisiones de CO₂, los habitantes de esa región de África seguirán muriendo a causa del agua ‎contaminada con los hidrocarburos de Shell. ‎