Caso 1: Audio Almeyda-Villanueva

El principal asesor jurídico de la presidencia y abogado personal de Alejandro Toledo y Eliane Karp, aparece en un cassette de audio sosteniendo una conversación con el general tesorero de Montesinos, en ese momento prófugo de la justicia y con riesgo de ser sometido a una dura condena, que sin duda era parte de una secuencia de encuentros producidos entre fines del 2001 y comienzos del 2002. De lo que se escucha puede establecerse que se habla de favores judiciales que podría hacer Almeyda, contactos con personajes del gobierno de Fujimori que podría proporcionar Villanueva, situación de medios de comunicación, etc. Meses después de esta conversación el general Villanueva se suicida.

Recién a comienzos del año 2004, se llega a conocer de la existencia del audio, que aparentemente se grabó sin que Almeyda lo supiera, a través de una triangulación entre la viuda del general, un informante profesional y un periodista que reside fuera del país. Lo que permite abrir el caso Almeyda. El informante indica que Almeyda habría recibido 100 mil dólares de parte del general prófugo.

Hipótesis de investigación : que habría habido un trato clandestino de miembros del gobierno de Toledo con elementos destacados de la organización mafiosa de Fujimori-Montesinos, mientras se desarrollaban los procesos llamados de anticorrupción y que por la cercanía de Almeyda con el presidente no cabe suponer que no estuviera enterado de estas actividades. De otra parte la única manera en que el abogado podía serle útil al general era con el respaldo del presidente.

Se pueden suponer que estuvieran en juego intereses dirigidos a obtener acceso a las cuentas y dinero de la mafia, lograr presionar a propietarios de medios de comunicación en problemas con la justicia, canjear influencia judicial por datos claves sobre el funcionamiento del régimen anterior. Todo esto debería configura diversos delitos, entre ellos la interferencia con la justicia, abuso deposición de autoridad, asociación ilícita para delinquir, extorsión y otros.

Efectos : el ex asesor Almeyda se encuentra preso (en condiciones de privilegio) y tiene proceso abierto. También está detenido el informante que entrego la cinta, e incluidos en el proceso la viuda y el periodista, por supuesto delito de querer comercializar las pruebas. Toledo se ha declarado defraudado con Almeyda.

Coartadas : que el audio se escucha deficientemente y podría haber sido editado; por lo tanto se afirma que no puede servir de prueba. La actuación de Almeyda no necesariamente comprometería a Toledo. A Villanueva no le arreglaron los juicios. Almeyda dice que no recibió dinero.

Preguntas :

– ¿puede suponerse, siquiera por un momento, que el encuentro Almeyda-Villanueva podía abstraer el cargo de uno y la condición judicial del otro?
– ¿si no existía una relación previa entre estos dos personajes, cómo y a través de quién se estableció el contacto y con qué finalidad?
– ¿qué podían conversar en circunstancias en que el general sentía que estaba siendo cercado y sufría el estrés de persecución que lo llevó al suicidio?, ¿sobre clima, alimentos o los últimos estrenos del cine?
– ¿en qué sentido podría Almeyda haber actuado deslealmente con Toledo, vinculándose a la mafia, si en la misma época de la conversación era el todopropósito del presidente?, ¿no es más razonable creer que estaba allí por encargo del más alto nivel?, ¿qué hubiera podido ofrecer a su interlocutor si no tenía mandato de Toledo?

Caso 2: Bavaria

En el año 2002 se produjo la mayor transacción económica del actual período, al transferirse un grueso paquete de acciones de la cervecería Backus y Johnson que eran propiedad de Polar de Venezuela a Bavaria de Colombia, por un monto de alrededor de 800 millones de dólares. Esta operación se realizó luego de una etapa de controversia públicas, entre los dos sectores más importantes de accionistas, en los que cada uno acusó al otro de diversas irregularidades e incluso delitos para conseguir sus objetivos de control mayoritario de la empresa peruana.

Finalmente el asunto se resolvió a través de un procedimiento fuera de la ley, que permitió tasar las acciones al margen de la bolsa de Lima y que excluía a los accionistas minoritarios a comprar o vender en el transcurso de la operación, como indica la norma. La CONASEV que debía supervisar y exigir el ajuste a ley, consintió extrañamente la irregularidad flagrante. Sintomáticamente antes que CONASEV pudiera pronunciarse, el gobierno dispuso cambios en el directorio de esta entidad, haciendo ingresar a César Almeyda, asesor de la presidencia como director con poderes especiales. En simultáneo se hizo renunciar a varios funcionarios de primer nivel, entre ellos al gerente general y a la gerente de asesoría jurídica, que deberían haber informado sobre la solicitud en curso. Almeyda se retiró del directorio cinco meses después de la venta de acciones a Bavaria.
En marzo del 2004, aparece un testigo, que fuera chofer de Alberto Farfán, amigo de Almeyda y de Toledo, y que da cuenta de diálogos escuchados personalmente por él, entre Farfán y Almeyda en relación a una coima por dos millones de dólares que habría entregado Bavaria por las facilidades otorgadas para la operación de venta de acciones, de los cuales un millón iría a Toledo. Más tarde se agregan evidencias del viaje de un funcionario de Bavaria de Panamá Lima, con una fuerte cantidad de dinero en la maleta, que sería el pago de adelanto del soborno. Finalmente los funcionarios de Bavaria, en plan de ejercer su defensa, informan lo que no se sabía: que en la semana en que se negoció la venta de acciones, el presidente de Bavaria se reunió en Palacio con el jefe de Estado, en circunstancias en que el tema no podía ser otro que la operación por 800 millones.

Hipótesis de investigación : que el gobierno, al más alto nivel, con conocimiento y participación de la presidencia y teniendo como operador a Almeyda, intervino en facilitar una transacción extralegal de acciones de Polar a Bavaria, por un gran monto de dinero, habiendo habido concertación dolosa con los interesados y manipulación de las instituciones reguladoras para imponer el resultado. Eventualmente además habría habido un pago económico por esta intervención. Los delitos que estarían presentes en este caso son abuso de autoridad, desacato a la norma explícita, colusión, asociación ilícita, soborno.

Efectos : el informante Hugo Durán está bajo protección policial, el acusado Farfán está desaparecido, el acusado Carbajal (el que trajo el dinero de Bavaria) se niega a volver al país, Bavaria se ha dedicado a presentar el caso como una mera maniobra de disputa con sus socios de “El Comercio”, en la propiedad del Grupo Plural (Canal 4), que buscarían quedarse con su participación. El fiscal del caso se encuentra en fase de investigación.
Coartadas : que Durán tiene antecedentes penales que desmerecen su testimonio; que Bavaria ha logrado hacer dudosa la prueba del registro de vuelo desde Panamá, pero no desmentir que Carbajal viajó en fechas claves e ingresó con dinero al país; que no hay declaraciones de Farfán y Carbajal; que está en las atribuciones del presidente el reunirse con quién quiera en la fecha que quiera, aún cuando las coincidencias generen sospechas.

Preguntas :

– ¿con qué interés se involucró tan directamente el gobierno en una operación de muchos millones de dólares, que por su delicadeza debería haberse desarrollado de la manera más transparente?
– ¿qué costo hubieran tenido que pagar y qué riesgos asumir los contratantes, si la transferencia de acciones s e hubiera hechos de manera abierta en bolsa como indica la ley?, ¿a título de qué el gobierno se permitió intervenir la CONASEV para facilitar la violación del procedimiento establecido?
– ¿por qué el país debió enterarse a través de Bavaria, que Toledo había tenido reuniones con ellos en los momentos críticos del negocio?, ¿por qué no aclaró esto apenas se movió el escándalo?

Caso 3: Crousillat - Schutz Landázuri

En diciembre del año 2000, el candidato con mayores probabilidades para las elecciones de comienzos del año siguiente, Alejandro Toledo Manrique, se reunió en su casa con los empresarios José Enrique y José Francisco Crousillat, propietarios de América Televisión, Canal 4. Nunca se ha podido saber lo que trataron. Pero la reunión ocurrió cuando ya estaba iniciado un proceso de insolvencia para resolver el problema de las deudas de la empresa y de una eventual nueva administración, encargada de conseguir inversionistas. También era obvio a esas alturas el papel jugado por este grupo de televisión en apoyo a Fujimori y la reelección. Poco tiempo después se conocería el video de la entrega de dinero a los Crousillat que huirían del Perú y se refugiarían en la Argentina.

El 30 de septiembre del 2001, Alejandro Toledo y Raúl Diez Canseco, presidente y vicepresidente en funciones apenas dos meses antes, se reunieron en casa del primero, con Ernesto Schutz Landázuri y Manuel Delgado Párker, cuñados y presidentes del directorio de PANTEL y RPP, empresas periodísticas líderes en televisión y radio. Nunca se ha aclarado tampoco el motivo de esta extraña convocatoria, aparentemente promovida por Diez Canseco. Pero lo que ocurrió después fue que a las veinticuatro horas se hizo público el contenido de un video en el que Schutz recibe 10 millones de dólares en billetes de Vladimiro Montesinos, convirtiéndose en el caso récord de corrupción mediática de la época fujimorista. El empresario logra sin embargo fugar del país por la frontera sur y es detenido en Argentina, donde queda a la espera de un procedimiento de extradición.

El video de este caso fue obtenido por el ministro de justicia Fernando Olivera el 15 de septiembre, dos semanas antes de la reunión con el presidente, a través del coronel Huamán, detenido por corrupción. En el momento que Schutz ingresa a la casa de Toledo, en Camacho, ya había sido visto por el ministro y sus asesores, la doctora Freitas, procuradora de Justicia, e integrante del cogollo del gobierno, los procuradores anticorrupción, el fiscal del caso y la Fiscal de la Nación. En declaraciones recientes Schutz dice que el presidente le quiso obligar a vender sus acciones a gente de su confianza, amenazándolo con la cárcel. Asimismo que se enteró del video y la orden de captura en su contra por un dato de Olivera que lo instó a huir.

Actualmente el Canal de los Crousillat, ha pasado a manos de una sociedad denomonada Plural TV, conformada por el grupo “El Comercio” de la familia Miró Quesada, que aportó el Canal N, cuyo valor económico es realmente ene, por la gran cantidad de pérdidas que produce; el grupo “La República”, que nadie sabe cómo terminó de titular de las acreencias del Banco Wiese, con el Canal, pero sí se sabe que al Wiese nadie más lo molestó en sus propias demandas judiciales por su relaciones con la mafia; y el grupo Bavaria-Caracol de Colombia, implicado en otro caso bajo investigación, que al parecer es el único que colocó dinero.

De igual modo Panamericana-Canal 5, ha sido de hecho traspasado de manos de Schutz, dueño de la mayoría absoluta de las acciones, a Genaro Delgado Parker, otro contertulio de la salita de Montesinos en el SIN, financista de la campaña de Perú Posible el 2001, al que un conjunto de piruetas judiciales le ha permitido ejercer el papel de “administrador provisional” de la empresa televisora, sin tener acciones a su nombre y siendo parte interesada en un proceso por revocar la operación de venta que sus parientes hicieron a favor de Schutz. Por ese mismo mecanismo de la “justicia cautelatoria”, Delgado Parker controla Global-Canal 13, sin tener los derechos de propiedad para hacerlo y en abierta violación de la norma que establece que no se puede tener la conducción de más de un canal de televisión, trasgresión que también se verifica en la combinación Plural-Canal N.

Hipótesis de investigación : el sistema de propiedad de la televisión peruana se ha modificado radicalmente en el cambio de gobierno. Pero no en el sentido de una depuración moral y una apertura hacia nuevos actores, sino como conformación de sociedades y administradoras precarias, jurídicamente irregulares y políticamente inestables, producto de un reparto forzado a favor de los grupos más afines al toledismo, sin considerar sus propios antecedentes de relación con la dictadura y su falta de títulos para ejercer la propiedad. En esta transición ha tenido directa intervención el gobierno y el presidente Toledo, utilizando en su beneficio la vulnerabilidad penal y empresarial de los propietarios. Los delitos serían de interferencia y manipulación de la justicia, extorsión, ocultamiento y retención de pruebas, manipulación de la prensa, etc.

Efectos : Schutz y Crousillat se encuentran fuera del país y es posible que no sean repatriados en todo lo que resta de este gobierno. Delgado Parker ejerce el control de dos canales, de abierta orientación protoledista. El Grupo Plural es una olla de grillos entre sus improvisados socios y como se ha probado con el caso del entredicho Toledo-Espá, es muy fácilmente presionable de acuerdo a los intereses del gobierno.

Coartadas : que Toledo buscaba fines altruistas al reunirse con los dueños de los canales mafiosos y quería comprometerlos en campañas de bien social, aún desde antes de las elecciones; que Raúl Diez Canseco fue el que llevó a Schutz a casa del presidente; que Olivera no entregó ni informó por quince días al presidente del video de Schutz y dejó que ingenuamente se reuniera con el empresario sobre el que se estaba preparando una orden de captura; que el Banco Wiese podía hacer regalado sus acciones a quién quisiera, por lo que no puede presuponerse intención dolosa en su entrega al grupo “La República”; que Genaro Delgado Parker puede ser amigo de Toledo, pero eso no demuestra que haya sido favorecido en fallos judiciales.

Preguntas :
– ¿puede creerse que un candidato pueda tener una vinculación neutral con la prensa de la que depende el trato que darán a su candidatura?, ¿y qué ocurre cuando un año antes ese canal era totalmente hostil al candidato, para luego pasar de condición de acusador a acusado?
– ¿qué puede estar haciendo un presidente que se declara adalid de la anticorrupción, conferenciando con un empresario de la televisión mafiosa a comienzos de su mandato? -¿por qué no se ha sancionado hasta hoy a Fernando Olivera por supuestamente esconder las pruebas significativas al presidente, que de haber sido así habría representado una manera escandalosa de dejarlo en ridículo en su reunión con Schutz?
– ¿por qué pudieron pasar por la frontera los Crousillat y Schutz?, ¿alguien les facilitó las cosas?
– ¿por qué se negó el gobierno a cancelar las licencias de la televisión y radio corruptas y a cambiar el sistema, prefiriendo tratar con todos los broadcasters más conocidos, a la manera de Montesinos, y servirse de sus contradicciones?
– ¿qué hay de cierto en que habría un conflicto en marcha Bavaria-Toledo versus grupo “El Comercio” por el control de plural, con “La República” en el medio?

Caso 4: Wiese-Blue Bay-Conapa

En el primer semestre de 2002 se supo que la señora Karp, esposa del presidente Toledo, mantenía un contrato por servicios profesionales, para la realización de consultorías agrarias, con el Banco Wiese en el que había ocupado una gerencia durante varios años y del que se supone que se retiró para participar en las actividades de la campaña electoral. Sin embargo luego de producida la elección, la señora Karp es recontratada por una cifra de 15 mil dólares mensuales. No hay indicio de que realmente estuviera trabajando en algún informe para el Banco, pero el descubrimiento del caso, dio lugar a exaltadas manifestaciones feministas sobre la independencia femenina y el derecho a trabajar.

Investigaciones periodísticas posteriores permitieron saber algo extraordinario: que los dineros pagados por el Wiese eran depositados a una cuenta off shore en Panamá, denominada Blue Bay, cuyo titular era el asesor César Almeyda. Esta cuenta era operada por la secretaria de Karp en la Fundación Pacha por el Cambio, que podía hacer retiros desde Lima. Más aún la dirección de Blue Bay en Lima, era la misma que la de la fundación. Existen además la sospecha que hay otras cuentas cifradas entre Almeyda, Karp y eventualmente Toledo. Las cuentas off shore están hechas para ocultar ingresos, probablemente sucios, y evadir impuestos. En la fundación Pacha figuraban como asociados los asesores personales de Eliane, cuyas remuneraciones se solventaron con la planilla de Petroperú.

En paralelo, entre noviembre del 2001 y julio del 2003, la señora Karp, actuó como presidente de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, CONAPA, en un cargo que se definió como honorífico, con lo que se quiso sustraerla de cualquier procedimiento de fiscalización. Sin embargo la primera dama fue responsable de las principales decisiones del organismo, empezando por el nombramiento del personal, integrado por una serie de allegados muy directos como eran los funcionarios César Álvarez, Hilda Zamalloa, Humberto Ruíz y José Chilet, con remuneraciones entre los 10 y 23 mil dólares mensuales. Habiendo establecido el Banco Mundial que los recursos de crédito por 5 millones de dólares otorgados a la CONAPA, sólo podría destinarse en un máximo de 10% a remuneraciones, lo que se produjo fue una obvia violación del procedimiento. Sin embargo, la encargada del Banco que hacía el seguimiento de estos recursos, también estaba relacionada con Karp, y contrataba con COMAPA por medio de una ONG de la que era parte. De esa manera participaba de las irregularidades.

Las organizaciones de pueblos amazónicos, organizaciones campesinas y entidades de difusión de la cultura negra, señalaron no haber recibido apoyo alguno de la CONAPA. Y que los fondos gastados, que el país tendrá que reembolsar dentro del programa de pagos de la deuda externa, se destinaron a burocracia, gastos administrativos, consultores, reuniones y viajes. A la salida de Karp, el presidente Toledo recomendó conformar una organización diferente, que incluya a los representantes de la organizaciones de pueblos indígenas.

Hipótesis de investigación : que el Banco Wiese, sobre el que recaían graves responsabilidades en el financiamiento y blanqueo de la corrupción de los 90, y que había sido objeto de un ilegal proceso de “salvataje” de alto costo para el Estado, que había salvado en realidad los intereses de los propietarios y dado una manita a los nuevos socios italianos, no siguió siendo investigado y su gerente pudo salir libre del país a pesar de haber sido el que constituyó las cuentas corruptas de Montesinos en el exterior. De igual modo el ministerio de economía ha blindado el salvataje para que nos sea tocado. En ese contexto, el extraordinario salario de Karp, resulta más que sospechoso. Y es obvio que el Banco sabía que estaba remunerando a la familia presidencial y que la señora sabía que estaba recibiendo un dinero que ocultaba al Perú, cuando afirmaba estar sacrificándose como mujer y profesional por ayudar a su marido. Asimismo que Karp y Almeyda operaban internacionalmente su dinero, evitando toda transparencia. La Fundación Pacha por el Cambio, resultaba así una fachada y un sistema para blanquear el movimiento de moneda extranjera. Finalmente que la CONAPA y el crédito del Banco Mundial, fueron manejados como una chacra por la señora Karp y su gente de confianza. De esa manera se negaron recursos a los pueblos indígenas y se incrementó la deuda, en beneficio de grupos particulares. Los delitos que se habrían cometido serían percepción de pagos irregulares, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria, ocultamiento de ingresos, malversación, etc.

Efectos : Karp tuvo que renunciar a su contrato con el Wiese y a la presidencia de CONAPA, reconociendo que por lo menos su actuación no había sido la adecuada. La procuradora que inició la investigación de los hechos, fue destituida por el ministerio de justicia. La Contraloría se ha negado a investigarla Karp arguyendo que no es funcionaria pública. La Comisión de fiscalización ha concluido que hubo: “ dispendio, ineficiencia e ineficacia en la aplicación de los fondos”.

– Coartadas : que Karp es una profesional exitosa, que gana mucho dinero en todo lo que hace y que tiene derecho a trabajar y no depender del marido; que Almeyda no traicionó a Toledo, sino que es una víctima de la mafia; que la señora Karp no es funcionaria del Estado y no tiene que responder por el dinero de CONAPA.

Caso 5: Comunicaciones Hemisféricas y Pedro Toledo

En una denuncia periodística de julio de 2004, el hermano menor del presidente, Pedro Toledo, aparece como intermediario (broker) de una desconocida empresa llamada Telecomunicaciones Hemisféricas que había logrado conseguir en tiempo récord y sin garantías reales, una concesión de telefonía por 20 años de parte del ministerio de transportes y comunicaciones. Sin ninguna relación previa con el negocio, sin profesión reconocida, broker de múltiples actividades, el único activo de Pedro parece ser su parentesco presidencial.

La empresa Telecomunicaciones Hemisféricas tiene como accionistas formales a los señores Víctor Charalla Jiménez, Ismael Pérez Ramírez, Alejandro Alzamora Mendoza y Pilar Olaya Hidalgo, de quienes se afirma que son empleados de Pedro, en posiciones secundarias.: choferes, secretarias, conserjes. A la citación de la Comisión de Fiscalización se han negado a hacerse presentes y declarar. El único que finalmente dio la cara fue Pedro Toledo, que indicó que iba a recibir como pago por sus gestiones la cantidad de 180 mil dólares. Se presentó como contratista de la compañía, aunque reconoció ser propietario de la empresa Representaciones Hemisféricas ubicada en la misma dirección que Telecomunicaciones Hemisféricas.

El ministro de transportes ha negado que haya recibido presiones de Pedro Toledo y ha explicado la aprobación en tiempo récord de la concesión como un asunto administrativo en el que no habría participado. Son conocidas sin embargo algunas grabaciones -publicadas en los diarios-, en las que los hermanos Toledo (Pedro, Margarita y otros) se dirigen a diversos funcionarios tratándolos a gritos y con claras presiones.

Hipótesis de Investigación : la concesión a Telecomunicaciones Hemisféricas, no estaría dirigida a la realización de una inversión efectiva, sino a disponer de una autorización negociable en el futuro con empresas transnacionales. Pedro Toledo habría creado una empresa ad hoc, sirviéndose de testaferros, e intervenido para impulsar el trámite administrativo. El poder de Pedro Toledo estriba en el peso de sus apellidos dentro de los ministerios e instituciones públicas. No es posible que haya actuado por cuenta propia o tomando el nombre del hermano, porque difícilmente le hubiesen concedido un permiso de este tampón si no se sabía realmente que el presidente estaba atrás. Además, estos hechos se producen en plena oleada de escándalos, donde los hermanos ya estaban claramente señalados como lobbystas y tramposos. Lo que da un sentido contumaz a este caso y denota una complicidad grosera de parte de los que hicieron la concesión. Salvo que la orden viniera de muy arriba y no pudieran resistirse. Toledo no ha dicho una palabra sobre este caso.

D e acuerdo al Código Civil, un pariente o familiar del presidente, en cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad no puede participar en ninguna negociación donde estén en juego los intereses del Estado. Por este principio, la intermediación de Pedro Toledo en la obtención de la concesión para Telecomunicaciones Hemisféricas, configura un descarnado caso de tráfico de influencias. Asimismo habría delito de colusión y asociación ilícita para delinquir.

Efectos : La concesión fue anulada cuando el ministro “se dio cuenta”, que estaba ante una irregularidad clamorosa. Pedro Toledo ha decidido ser el único que responde por este caso. Habría perdido su comisión de 180 mil dólares.

Coartadas : Pedro es su hermano, pero Alejandro no sabe nada. Pedro es broker pero no usa su relación familiar para obtener éxito en sus gestiones. O los necesita porque los funcionarios que lo reciben se convencen rápidamente de sus buenas intenciones. Pedro no sabe de telefonía pero le pagan una gran cantidad de dinero por una gran gestión. Telecomunicaciones hemisféricas ofrece pagos excepcionales, pero no tiene dinero para una oficina propia, por eso usa el local de la empresa de Pedro Toledo.

Preguntas :

– siendo cierto, en general, que el presidente no tiene que ser responsable por el hermano que asaltaba bancos o el que traficaba terrenos en los 90, también hay que aceptar que la forma de actuación de los Toledo es la de un clan, lo que funcionó en toda la campaña desde antes de 1995 y en toda la segunda mitad de la década fujimorista. Actualmente están bajo investigación judicial seis de nueve hermanos de Toledo, por diversos casos todos relacionados con su intervención dolosa en asuntos públicos, utilizando su condición de parientes del jefe de Estado. ¿Por qué Toledo no ha querido hacer un deslinde en ninguno de estos casos, ni indicar que las gestiones en su nombre carecen de su apoyo y serán sancionadas?
– ¿cuál es el balance patrimonial de los Toledo después de tres años de gobierno, habida cuenta la cantidad de operaciones económicas en las que han participado, las remuneraciones recibidas, las ventajas para adquirir bienes públicos, etc.?, ¿por qué no se exige una investigación inmediata al respecto?

Caso 6: Borobio, Pedro y Margarita

La información de que el presidente recurrió a los servicios del publicista de Fujimori y Montesinos, para asesorarse clandestinamente y enfrentar la caída en las encuestas, sonó increíble cuando el propio Borobio la hizo pública, en medio de un reclamo a Pedro Toledo para que cancelase la suma que estaba comprometida por el trabajo (90 mil dólares), que según se decía el hermanito cobró pero no pagó al publicista. El caso sin embargo se abrió a investigación, con los hermanos negando todo trato con el argentino exilado en Chile y bajo pedido de extradición por la justicia peruana.

Investigaciones posteriores han llegado a las siguientes conclusiones:

a) hay un tercer testigo, que corrobora la versión de Borobio, e indica haber tenido el contacto con Pedro y Margarita Toledo, y haber participado en reuniones en Palacio con el presidente que confirmaron la naturaleza del contrato;
b) las recomendaciones proporcionadas por Borobio están registradas en informes regulares que indican las políticas que debería seguir el presidente para mejorar su imagen y existe una correlación entre la fecha de estos informes y acciones efectivizadas por el gobernante;
c) hubo una subida de índices de popularidad de Toledo coincidentes con la aplicación de las recomendaciones, lo que demostraría su eficacia.

La negativa de los Toledo les ha llevado a plantear un juicio contra el testigo confirmatorio. Sin embargo la tendencia de opinión es que hubo alguna forma de trato con el fugado y que la idea de Alejandro era que podía lograr el mismo toque mágico que creía que Borobio tuvo para Fujimori. Es decir estaba convencido del efecto de la propaganda, como luego lo ratificaría el “plan de reenganche con el pueblo”, del año 2004, con un alto costo publicitario. Asimismo hay una coherencia entre este vínculo y los que fueron trazados por Almeyda con miembros de la mafia o los de Toledo con los dueños de los canales de televisión. En todos los casos se observa el acercamiento a prófugos y personas fuera de la ley, se busca obtener algo de ellos y no se ve escrúpulos en dejarlos caer.

Alguien dijo que la negativa a pagar los comprometido, convierte a la mafia de Toledo en algo parecido a una banda de cogotero. Finalmente Montesinos era hombre de palabra y cumplía con la gente que cumplía con él. Su estilo era sin duda mucho más siciliano. Esa era la diferencia.

Hipótesis de investigación :

El caso Borobio denota ante todo la falta de recursos propios del toledismo y su extrema dependencia de los procedimientos fujimoristas. Esto se acentúa sin duda después de la crisis de los tres primeros gabinetes: el de “todas las sangres” (que incluía un ala proveniente de la izquierda reciclada), el peruposibilista (de Solari) y el de “derecha decente” (con Beatriz Merino). El paso hacia el gabinete Ferrero aparece así como una refujimorización más franca que genera nuevas técnicas.

Los hermanos Toledo cumplen en este caso en este caso el rol de operadores directos de los bandazos presidenciales. Lo que no se sabe aún es si en la retención del pago a Borobio tuvo algo que ver el propio Alejandro o fue mero beneficio de Pedro. Hay presunción del delito de obstrucción de la justicia y estafa.

Efectos : los Toledo niegan la relación, pretendiendo tener mayor credibilidad que el publicista mafioso exilado en el exterior. Pero esto agrava su situación al aparecer nuevos testigos y evidencias. Se percibe más bien un alto grado de cinismo.

Preguntas:

– ¿no es ciertamente increíble querer comprar consejos dele enemigo?

Caso 7: Las firmas falsificadas

Siempre fue un misterio como se inscribieron los partidos políticos pequeños, que no tenían trayectoria ni implantación nacional. La valla de 4% del padrón electoral, definida por Fujimori (casi 600 mil firmas), hacía prácticamente imposible cumplir el requisito, aún para los más organizados. Sin embargo hubieron más de veinte grupos que resultaron inscritos, entre ellos cuatro bajo el proyecto fujimorista. Teóricamente significaría que las firmas reunidas cubrían alrededor del 80% del padrón, ya que no se podían duplicar las adhesiones. Para conseguir inscribirse sin embargo se requería llegar a captar un millón de firmas o más, dado el elevado coeficiente de depuración por distintos problemas. En resumen todo parecía hecho para desanimar o eventualmente entrar a alguna forma de negociación con el poder que controlaba estrechamente el sistema electoral para conseguir alguna forma de ayuda. El descubrimiento de la fábrica de firmas fujimorista en el año 2000, pareció una puesta al desnudo de la soberbia del dictador que teniendo varios movimientos inscritos quiso darse otro nuevo en tiempo récord, para permitirse reinar también sobre los suyos. Nadie imaginó que se tratase de una tecnología que podía ser ofrecida igualmente a grupos aparentemente en la oposición al gobierno.

Bueno, lo primero que se ha llegado a saber al respecto, es que otra fábrica habría hecho posible que Toledo llegue a candidato el año 2000, luego de intentar la inscripción en 1995 y presentar varios paquetes de firmas entre 1996-1998, con un altísimo nivel de anulaciones. Una investigación muestral de los padrones que fueran finalmente aprobados en 1999, dio como resultado que en extraordinarios porcentajes de 90% o más, las firmas aprobadas por la ONPE habían sido falsas, los nombres no correspondían con el número de documento y la rúbrica, los firmantes eran inexistentes.

¿Cómo podía haber ocurrido que el control superestricto se hubiese súbitamente convertido en una escandalosa tolerancia que indicaba una complicidad dolosa?

Poco tiempo después de conocido los resultados del muestreo, se manifestó una testigo que señaló haber sido partícipe de una fábrica de firmas que funcionó entre 1998 y 1999. Se trataba de locales en los que se reunían entre veinte y treinta personas a copiar los datos y las firmas de los padrones electorales que estaban en poder de la organización por algún mecanismo que violaba flagrantemente la ley. Los copistas eran pagados. Uno de los locales de copia era la casa de Margarita Toledo, que era la que dirigía todo el proceso. Cada cierto tiempo eran visitados por el candidato Alejandro Toledo que se aseguraba que se estuviera cumpliendo con los pagos del personal. La testigo mantuvo su declaración ante el fiscal. Este testimonio dio origen a la apertura de un proceso. Sin embargo, luego de varios días de rumores sobre presiones y amenazas, la testigo fugó del país con su familia, dejando en manos del secretario general de Perú Posible, Jesús Alvarado, un video en el que se retracta de sus declaraciones.

La mujer que se suponía carente de medios económicos, encontró súbitamente la manera de financiar el pasaje y la recolocación de su familia. SE declaró amenazada, pero no por lo que dijo inicialmente del gobierno, sino por el hecho de retractarse, como si hubiera un poder más fuerte que el del Estado que la obligara a huir. Actualmente su paradero es desconocido. Sin embargo, pareció una segunda testigo (y parecen haber otros), que ratificó la información inicial y aportó nuevos detalles como la presencia de Eliane Karp en los locales de la fábrica de falsificaciones.

Hipótesis de investigación : que ante la imposibilidad de lograr la inscripción del partido de Toledo, se establece alguna forma de negociación con el gobierno de Fujimori, Montesinos y la ONPE, para saltar el obstáculo de las firmas; que la ONPE de Portillo había elaborado un mecanismo estándar que se verifica en el caso de Perú al 2000 y País (Perú) Posible, consistente en armar grupos de copiares de padrones capaces de llenar centenares de miles de falsas adhesiones, que se aprobaban por decisión política; probablemente el toledismo no haya sido el único de aparente oposición que entró al sistema, pero el hecho es que por las circunstancias del año 2000, termina enfrentado con Fujimori y se viste con el ropaje antidictatorial más encendido, que quedaría totalmente deslucido si se le prueba que hubo colusión inicial con la dictadura; para la regeneración de la política peruana, es imprescindible aclarar este asunto y revelar que estamos en medio de un sistema falsificado y que no puede merecer confianza, en el que se proclaman mentiras como si fueran valores y principios.

Efectos: se ha abierto un proceso de verificación de los planillones de Perú Posible, a cargo del ministerio del interior que no avanza y mantiene paralizada la investigación fiscal y judicial; luego de eliminar a la primera testigo, hay notorias presiones para descalificar a la otra; hay una obvia campaña para presentar este caso como una “movida de la mafia”, por la intervención de Rafael Rey, se pretende por supuesto que descalificando al denunciante, se descalifica la denuncia; los partidos del Congreso que deben investigar el caso, son sospechosos de irregularidades en su propia inscripción, si otorongo no come otorongo como se dice ahora, un sistema corrupto no es capaz tampoco de investigar y sancionar la corrupción.

Coartadas : que hay que investigar las firmas de todos (o de nadie); que Jesús Alvarado no sabe como le llegó el casete de la testigo fugada, ni como se fue, ni donde se encuentra; que Toledo no sabía nada de cómo se obtuvieron las firmas; que Eliane no estaba en el Perú; que Margarita no tenía nada que ver con la inscripción; que a ellos les anularon muchas firmas y varias veces.

Preguntas:

– ¿creen que somos idiotas?
– siendo cierto que hay que investigar a todos para cambiar completamente el sistema de legalización de los partidos, ¿no es verdad acaso que al primero que se debe revisar es al partido que ejerce el gobierno?
– ¿qué mano facilitó los pasaportes, visas y pasajes de la testigo fugada?, ¿acaso no es la misma que está “verificando” los planillones de País (Perú) Posible y “proteger” a la otra testigo?
– ¿no sirve acaso el ahora famoso video de “Cuarto Poder” para demostrar las siguientes mentiras: (a) que Toledo buscaba estar ligado al detalle con el proceso de inscripción, (b) que Karp estaba en el Perú el tiempo suficiente para involucrarse, (c) que Margarita o Margot fue la jefe del proceso de inscripción?
– ¿por qué no avanza el proceso de verificación?, ¿cómo dejar ese procedimiento en manos del ministerio del interior que es responsable por acción u omisión de la fuga de la primera testigo y cuyo ministro se considera escudero de Toledo?
– ¿es lógico que se a este mismo ministerio el encargado de prestarle seguridad a la testigo que todavía mantiene sus declaraciones?
– ¿por qué tanta desesperación porque no haya investigación independiente de esta caso concreto?

Caso 8: Remodelación de Palacio y Petroperú

En agosto del año 2000, con la entrada de Toledo, Karp y asesores a Palacio de Gobierno, se inició un proceso para remodelar internamente el edificio al gusto de los nuevos inquilinos. Entre los cambios se incluyó un jacuzy, áreas de recreación (billar) y otras comodidades. Los fondos para este trabajo se obtuvieron del presupuesto de Petroperú sin que existiera de por medio autorización del Congreso, FONAFE (titular de las acciones de la empresa) o del directorio de Petroperú. Se configuró un claro caso de malversación de recursos que afectaba el desarrollo de la más importante empresa del Estado y de hecho se instauraba un mecanismo para servirse de ella de manera arbitraria. La señora Karp financiaría su cuerpo de asesoras cargándola a la planilla de Petro, y los directivos organizarían un famoso bacanal en Iquitos, en absoluta confusión del patrimonio público con los intereses privados.

Hipótesis de investigación : La remodelación de Palacio mostró a un gobernante frívolo e irresponsable, despilfarrador, al que todavía se le perdonaban sus pecados iniciales por “inexperiencia” y exceso de entusiasmo.

Efectos: se terminó por descomponer la moral interna del grupo que venía de la lucha democrática del año 2000, y que ya estaba afectado por manejo de donaciones y distribución de puestos públicos.

Preguntas:

– ¿qué pasa cuando no se denuncian fuertemente y sancionan los primeros “errores” y pecados del gobierno?, ¿no se está preparando el terreno para cosas peores?

Caso 9: Soros y Koki

Entre la primera y segunda vuelta del año 2000, la figura de Alejandro Toledo, creció internacionalmente y en Estados Unidos empezó a considerársele un “luchador por la democracia”. Así después de haber apoyado por diez años a Fujimori, diversos sectores políticos e intelectuales, cambiaron de apuesta. Uno de ellos fue el famoso especulador monetario George Soros, que financia un fondo de promoción de la democracia en el mundo. De este fondo se recibió la cantidad de un millón de dólares para impulsar la marcha de los cuatro suyos y otras acciones de rescate de la democracia.

El “luchador por la democracia” decidió crear un fondo de contingencia de 700 mil dólares para lo que abrió una cuenta a nombre de su sobrino Jorge “Koki” Toledo en Estados Unidos. La lucha acabó abruptamente el 28 de julio del 2000 y Alejandro salió del país asegurando que si se quedaba sería encarcelado o asesinado y no volvió sino esporádicamente en los meses siguientes, hasta que se produjo la caída final de Fujimori. Nunca se rindió cuenta de los fondos de la campaña 2000 y tampoco se supo quiénes financiaron la del 2001, cuando Toledo ya era candidato de fuerza. Los fondos de la cuenta de Koki, nunca han sido vistos.

Hipótesis de investigación : Toledo, sus parientes y tal vez algunos otros del cogollo aprovecharon económicamente la lucha antidictatorial del primer semestre del 2000, y nunca devolvieron ni rindieron cuenta del dinero que guardaron. Todo indica además que así se manejaron muchas donaciones de ese período. Toledo no sólo se hizo fuerte es su grupo por ser el candidato, sino por manejar el dinero según sus criterios.

Efectos: Soros no reclamó nunca por su dinero. Y si la cúpula de Perú Posible exigió alguna explicación, nunca fue pública.

Coartadas: que era una donación internacional; que se recuperó la democracia; que los gastos de esa época no podían ser públicos.

Preguntas:

– ¿puede admitirse una conducta de esta naturaleza en un candidato?
– ¿el que desfalca a sus compañeros, no está listo para desfalcara al país?

Caso 10: Zaraí y Silva Vallejo

Durante catorce años, Alejandro Toledo negó la paternidad de la niña Zaraí Toledo, cuya madre lo señaló siempre como tal y le reclamó permanentemente para asumir su responsabilidad. El único examen de filiación que se hizo en esos años arrojó un 98% de probabilidad de que fuera el padre. Desde aquella vez se negó al análisis de ADN que hubiera acabado con cualquier duda. En el juicio por filiación, Toledo negó haber tenido alguna relación con la señora Orozco, madre de Zaraí. Y empleó el recurso de testigos falsos para denigrar su vida personal, y hacerla aparecer como una mujer con muchos hombres. Por mecanismos que no son claros, que podrían hacer suponer corrupción judicial y/o ayuda de alto nivel, logró fallos que lo favorecían y que de haberse mantenido significarían una grave amenaza a los derechos de los niños y madres abandonadas.

El caso Zaraí, fue utilizado durante la campaña electoral del año 2000. El fujimorismo se sirvió de Laura Bozzo para desprestigiar al candidato que más amenazaba las posiciones del régimen. Esto hizo que un sector de la opinión pública concluyese que se trababa de una maniobra política y perdió el ángulo humano del asunto. En la campaña del 2001 volvió el asunto, captando mayor solidaridad, aunque el núcleo duro toledista de entonces se cerró en qué este no era tema de campaña. Toledo cerró temporalmente el debate con un compromiso solemne de aceptar la prueba de ADN después de las elecciones. Cosa que para variar no cumplió.

La fase más dura de la controversia legal se desarrolla tras la juramentación del presidente. Este siguió negando que Zaraí fuera su hija y que Orozco hubiera tenido una relación sentimental con su persona. Sin embargo, el escándalo estalló cuando se supo que el vocal supremo encargado del caso se había reunido con el presidente en su casa, supuestamente para poner sus buenos oficios hacia una solución. Esta abierta parcialidad, con participación del presidente que era parte del proceso, generó una crisis que sólo se resolvió con un giro drástico en la posición de Toledo. De pronto, siguiendo la recomendación de muchos comentaristas de prensa, anunció que reconocía a Zaraí y que no había perdido, sino ganado una hija.

Nunca se disculpó por la negación que aplicó a la niña y las mentiras que dirigió a su madre. Ni asumió la responsabilidad por haber falseado testimonios y mentido alevosamente ante la justicia. La idea de no ahondar el problema (caso cerrado), dejó estos hechos típicamente dolosos sin sanción. Para remate, luego de producido el “reconocimiento”, Toledo ha vuelto a olvidarse de Zaraí, encargando a su abogado discutir el monto de su pensión, tratando de reducirla en lo posible. Es decir hubo un reconocimiento por razón de Estado, cargado de falsas emociones, solamente para reducir la condición paterna a un pago por los gastos de la niña.

Hipótesis de investigación : Toledo llevó un pleito con la madre de Zaraí, sin consideración por la existencia de la niña. El reconocimiento fue una pura maniobra de opinión pública y no contrae un arrepentimiento sobre lo que pasó previamente. La situación actual casi no ha variado la condición de padre negado de Alejandro Toledo.

Efectos: ha crecido el movimiento para obligar al reconocimiento de los hijos e hijas negados. Se está aprobando la obligatoriedad del examen de ADN y se está considerando una falta grave la negativa pertinaz al reconocimiento. El problema es que en el primer cargo del Estado hay una persona con este antecedente.

Preguntas :

– ¿deben ser los gobernantes modelo de conducta para los gobernados?
– ¿qué respeto va a tener el común de la calle con quién no cumple sus obligaciones como persona?

Casos de menor cuantía:

a) Sueldo presidencial de 14 mil dólares, ministros entre 11 mil y 10 mil dólares, decididos por estos mismos funcionarios en primer acto de gobierno, y sin considerar cambios en la estructura remunerativa del Estado;
b) Contratación de Koki Toledo por cinco mil dólares en Palacio de Gobierno, con fondos del PNUD, evidenciada luego que la prensa se preguntara por los motivos por los que el sobrino del presidente era parte de la caravana bulliciosa del Toledismo que realizó el viaje a China en agosto del 2001;
c) Contratación de Jessica Paola Toledo, sobrina del presidente, por Carlos Ferrero en la Planilla del Congreso, destacada a Palacio de Gobierno, para encargarse formalmente de funciones de secretaría, pero que en realidad significaban manejo de la caja chica de la presidencia;
d) Utilización de fondos del despacho presidencial para el pago de cuentas personales de la familia presidencial en su residencia de Camacho-La Molina (agua, luz, teléfonos y reparaciones), girados por Jessica Paola Toledo;
e) Utilización reiterada del avión presidencial, incluso para atender invitaciones personales del señor Toledo, con gasolina y gastos pagados por el Estado;
f) Escándalo callejero protagonizado por sobrino de Toledo que emprendió a golpes contra el guardián de un local de diversiones en Barranco. El joven se trasladaba en carro oficial y contaba con guardaespaldas pagados por el Estado;
g) Escándalo sexual, de otro sobrino de Toledo que drogó y violó a una mujer a la que le había ofrecido sus contactos con el gobierno para conseguirle trabajo;
h) Denuncia de Luis Solari al dejar el despacho de Salud a comienzos del 2002, indicando que se había falsificado su firma para hacer pasar un informe de autorización para que la firma ALPROSA, señalada como responsable de adulteración de la papilla de los desayunos del Estado, pudiera volver a operar. Solari, anunció que informaría en privado los nombres de los responsables; pero lo que era cierto en ese entonces era que Margarita y Pedro Toledo hacían de intermediarios de esa firma (y de muchas otras) en su participación en concursos de asignación de fondos del Estado);
i) Fernando Toledo representando al presidente en Chimbote y ofreciendo puestos de trabajo a sus partidarios;
j) Fernando Toledo ganando licitaciones para la construcción de carreteras en Ancash, a través de una ONG, sin experiencia en obras civiles y que no cumplió con los términos del contrato luego de cobrar más de 100 mil dólares;
k) Luis Toledo traficando con terrenos eriazos y de habilitación agropecuaria, acusado de estafa por campesinos afectados, lo que sirvió además para revelar que este negocio lo llevaba adelante desde tiempos del gobierno de Fujimori;
l) Vocero toledista Pura Verdad, creado por Almeyda y transferido a un grupo de testaferros sin capital propio, financiado directamente por el Estado para hacer campaña progubernamental;
m) Nombramiento en la Contraloría General de la República de un amigo personal del presidente, ex compañero de trabajo, personaje sin título universitario requerido para el cargo, que mantuvo como su subcontralor letrado a un individuo con antecedentes delictivos, destituido del Banco Wiese por carrusel de dólares y demandado por estafa a transportistas importadores; y que ha sido incapaz de investigar y resolver el cúmulo de denuncias contra el gobierno que debía controlar y fiscalizar.

No existe dictamen judicial sobre ninguno de los casos mencionados como graves, o los de menor cuantía. Nadie ha sido sancionado. Sigue discutiéndose si el presidente puede ser investigado dada su condición de inimputabilidad. Por tanto nos mantenemos en el limbo en relación a los mecanismos de los que puede valerse la sociedad para que no se mantenga la sospecha de que la protección de la que goza la figura presidencial por derecho constitucional, le permite convertirse paradójicamente en el vértice de los grandes procesos de corrupción, sin que haya manera de prevenir y defenderse eficazmente frente a ello.

Puestos ante los datos reunidos en estas notas y que son fundamentalmente producto de una recopilación y sistematización de información acumulada durante tres años y meses de gobierno de Perú Posible: ¿cómo calificaría el lector al régimen de Toledo?, ¿cree que es un invento fujimontesinista?, ¿ganas de fastidiar, ¿acusatitis?, ¿qué es más importante cumplir los plazos y los mecanismos de la constitución fujimorista que Toledo ha mantenido para su conveniencia, que generar principios de protección de la sociedad, vigilancia y sanción, para que realmente la corrupción sea desterrada como práctica continuada del Estado?.

Raúl Wiener