El anuncio esta semana de que Banamex, la filial en México del estadunidense Citigroup generó por sí misma más utilidades que todas las operaciones del consorcio en Latinoamérica o Japón, dejó claro el sentido de negocio que para las firmas extranjeras representó adquirir los bancos rescatados por el gobierno mexicano a partir de 1995.

Informes oficiales revelaron que sólo entre 2000 y 2004 los bancos recibieron una inyección de recursos presupuestales por 193 mil 510 millones de pesos, una cantidad que equivale a 9.2 veces el monto de los recursos públicos destinados en un año a desarrollo social y que también representa 25.4 veces el monto destinado a la ciencia y tecnología, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Aun así, la deuda derivada de las operaciones de saneamiento del sistema financiero siguió en aumento.

De acuerdo con datos de la SHCP, citados en un documento que sirvió para la negociación presupuestal de diciembre pasado, el gasto anual para el área de desarrollo social alcanza 21 mil millones de pesos, mientras que para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es de 7 mil 600 millones.

La deuda bancaria, contratada por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo al margen del Congreso y que la administración del presidente Vicente Fox ha aceptado como válida, ha entrado en una dinámica que comienza a reproducir la registrada con la deuda externa, en la que a pesar del sostenido pago de intereses y amortizaciones el pasivo sigue en aumento.

En 1999, el primer ejercicio fiscal a partir de que fue creado, el IPAB mantenía un pasivo de 621 mil 973 millones de pesos. Sin embargo, en los últimos cinco años, entre 2000 y septiembre de 2004 -el dato más reciente disponible- su deuda creció a 790 mil 444 millones de pesos, cantidad que representa un incremento de 1.3 por ciento.
Aunque parezca poco, la cifra no refleja de manera simple la transferencia de recursos públicos al fortalecimiento de los bancos, a través de los programas de saneamiento financiero iniciados en la administración pasada y mantenidos en la actual.

Entre 2000 y septiembre de 2004, fueron destinados recursos públicos, mediante asignaciones presupuestales autorizadas por la Cámara de Diputados, por un monto de 193 mil 510 millones de pesos para financiar el rescate bancario.
Esto representa que, aun con la transferencia de recursos públicos, la deuda no ha disminuido, pero en cambio se ha elevado. Todo ello ha ocurrido en momentos en que, por citar un caso de uso de recursos públicos, el gobierno federal ha reducido a una mínima expresión el gasto en la industria petrolera nacional, en la que ocho de cada 10 pesos invertidos en las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex) son aportados por la iniciativa privada mediante esquemas que implican contratación de deuda a cargo del Estado.

"Pero además de los cuantiosos recursos que recibe la banca, hay indicios de que en las asignaciones presupuestales el IPAB ha incurrido en irregularidades", comentó Mario Di Costanzo, asesor en temas financieros del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados.

Señaló que las partidas presupuestales asignadas cada año, por ejemplo para el llamado programa de apoyo a deudores (6 mil 720 millones de pesos en 2003, por citar un ejercicio fiscal sobre el que hay datos completos) superan a los pasivos registrados en el mismo rubro por el IPAB, que para ese año fueron de 4 mil 532 millones de pesos.

"Lo que presumo es que ha habido programas de restructura de pasivos hechos al margen y ello explicaría por qué la asignación presupuestal es mayor a la deuda registrada", afirmó. "Hasta ahora el IPAB no ha dado una explicación documentada y razonable sobre este desfase", dijo.

El color del dinero

Apenas en la segunda mitad de 2004 las instituciones del sistema bancario que operan en México, todas ellas de capital extranjero salvo Banorte, reactivaron de manera sostenida el financiamiento, que había estado cancelado desde que estalló la crisis en diciembre de 1994.

Pero mientras los bancos no prestaban, es decir, no realizaban el negocio de intermediación de recursos entre ahorradores y usuarios de crédito, sus ganancias fueron en aumento, en parte por la transferencia de fondos públicos mediante los programas de rescate bancario, pero también por el alza en las comisiones que cobran y por los beneficios fiscales que reciben del gobierno, como el de no enterar al Fisco impuestos que colocan como parte de sus activos.

Entre 2000 y septiembre de 2004, el sistema bancario generó para sus accionistas una utilidad neta de 84 mil 291 millones de pesos, cantidad que equivale a 43.5 por ciento de las transferencias presupuestales por 193 mil 510 millones de pesos que recibieron en el periodo, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La rentabilidad de los bancos que operan en México se puso de manifiesto esta semana, cuando Citigroup anunció que su filial en México, Banamex, obtuvo en 2004 una utilidad de mil 691 millones de dólares, 37 por ciento más que las ganancias captadas en 2003.

De hecho, el negocio de Citigroup en México fue más productivo para los accionistas del consorcio que la operación en Japón, la segunda economía mundial, país en el que la ganancia alcanzó 769 millones de dólares en 2004, 8 por ciento menos que en 2003.

Roberto Gonzalez Amador