Las apariencias de las políticas económicas engañan, pero no la
realidad de América Latina y el Caribe. Una región tan rica en recursos
naturales, pero tan desigual en términos sociales", dijo el presidente
de Uruguay, Tabaré Vázquez, al inaugurar en Montevideo el XXXI período
de sesiones de esta Comisión de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que se desarrolla en la capital uruguaya hasta este viernes.

En el encuentro, el secretario general de la Cepal, José Luis Machinea,
presentó el informe "La protección social de cara al futuro: acceso,
financiamiento y solidaridad", en el que identifica dos males "que
amenazan con volverse crónicos" en la región: el crecimiento económico
bajo y volátil, y los altos grados de desigualdad social, pobreza e
indigencia.

El énfasis en el crecimiento y en la generación de empleos no resuelve,
por sí solo, las desigualdades en América Latina y el Caribe, según la
Cepal.

Y la solución debe llegar a través de la creación de un "pacto
social" y una mayor participación del Estado, relegado por las políticas
liberalizadoras de los años 90.

"Hecho el diagnóstico, el pronóstico será bueno siempre que se aplique
la terapéutica adecuada, y esa terapéutica la deben aplicar los
gobiernos", dijo Vázquez este miércoles, tras calificar de "brillante"
el análisis de Machinea sobre la situación regional.

La Cepal calcula que el número de pobres en América Latina y el Caribe
ascendió en 2005 a 213 millones, de los cuales 88 millones estarían en
pobreza extrema o indigencia.

Estas cifras equivalen respectivamente a
40,6 y 16,8 por ciento de la población total de la región.

La agencia también pronosticó que, en 2006, la región completará cuatro
años consecutivos de crecimiento del producto interno bruto a una tasa
promedio de 4,3 por ciento, lo que considera "insuficiente para corregir
los desequilibrios que afectan a los mercados de trabajo".

El informe asevera que "el mercado de trabajo no ha demostrado capacidad
incluyente, ni en términos de creación de empleo de calidad ni en
términos contributivos", por lo que no puede ser considerado el único
mecanismo " para proteger al grueso de la población frente a los riesgos
relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento".

En la presentación de su informe, Machinea, ex ministro de Economía de
Argentina, subrayó la necesidad de aumentar los recursos para combatir
la desigualdad, y propuso tres vías para lograrlo: ampliar la
recaudación fiscal, incrementar la participación del gasto público
social en el presupuesto y mejorar la calidad y el efecto distributivo
de los servicios y las políticas sociales.

El estado de bienestar basado en la "sociedad del trabajo", es decir una
situación ideal de pleno empleo cada vez más formal, "siempre tuvo un
alcance parcial" en la región y sigue teniéndolo, pues los mercados
laborales no son la puerta de entrada "universal y dinámica" a los
sistemas de protección social, afirma el informe.

El economista reconoció que las reformas de los años 80 y 90 fracasaron
en cuanto a formalizar el mundo laboral y ampliar la cobertura de la
seguridad social, pues se basaron excesivamente en los "incentivos", en
desmedro de los principios de solidaridad, entre otras razones.

En consecuencia, sólo cuatro de cada 10 trabajadores cotizan, y sólo
cuatro de cada 10 mayores de 70 años perciben una pensión, aunque en la
región hay una gran diversidad de situaciones y experiencias, entre las
que se destaca Uruguay, país donde la cobertura de la seguridad social
es de 93 por ciento, aseveró.

Machinea llamó a mejorar el alcance de los servicios de salud, pensiones
y programas sociales de combate a la pobreza para avanzar hacia
sociedades más solidarias.

"Desde los años 90 hemos conseguido avances que felizmente se han
mantenido, sobre todo en lo que respecta al control de la inflación y de
los desequilibrios fiscales, y el perfeccionamiento de las instituciones
fiscales y monetarias. Debemos construir a partir de estos logros,
prestando más atención al sector real de la economía", afirmó.

El economista propuso concertar "acuerdos a largo plazo, explícitos e
implícitos, entre el Estado y los actores sociales".

"Un acuerdo político básico de los distintos sectores sociales sobre qué
debe hacer el Estado ayuda a legitimar el nivel, la composición y la
tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su
financiamiento", añadió.

La propuesta de la Cepal para lo que considera una nueva generación de
reformas a los sistemas de seguridad social, parte del respeto a "los
derechos humanos, sociales y económicos" que deben asegurarse a todos.

La Comisión propone que dichos cambios contemplen tres cuestiones. La
primera: que el empleo no sea considerado como única puerta de acceso a
la seguridad social, mientras la segunda es la búsqueda de equilibrio
entre los sistemas basados en incentivos y los de solidaridad en materia
de jubilaciones, pensiones y salud.

El tercer elemento se refiere a los cambios demográficos, tanto en los
aspectos de envejecimiento de la población, como en la incidencia de
enfermedades infecciosas (sida, tuberculosis, etcétera) y las
migraciones.

Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y
Sociales de la ONU, el colombiano José Antonio Ocampo, subrayó que "sólo
los Estados de bienestar avanzados han logrado sociedades equitativas",
y destacó que, en América Latina y el Caribe, Cuba, Costa Rica y Uruguay
son los países con sistemas sociales más universales y equitativos.

La directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Grynspan, señaló
que pese a "la gran retórica homogeneizadora de los años 90, en la
región existía una gran heterogeneidad" de realidades y experiencias.

"Esta diversidad de situaciones que caracteriza a América Latina se debe
reflejar en la discusión. No debe imponerse una receta única, como en el
pasado. Hay un abanico de opciones, y se deben incluir las distintas
experiencias de la región", afirmó.

El período de sesiones de la Cepal reúne cada dos años a sus 42 estados
miembros y a siete países asociados para analizar el desarrollo
económico, social y ambiental de la región, así como las actividades de
la Comisión en el bienio anterior.

Al encuentro asisten unos 200 delegados gubernamentales y 100
representantes de agencias de la ONU y de organizaciones de la sociedad
civil.

El informe presentado por Machinea toma "los temas centrales que están
afectando a la región, una región que crece y se aprovecha de las
mejoras de los precios internacionales (de las materias primas), pero
los problemas sociales se mantienen", dijo a IPS el senador oficialista
uruguayo Alberto Couriel, ex consejero de la Cepal.

Couriel negó que el informe presentado por Machinea supusiera un cambio
de enfoque de la Comisión con respecto a décadas atrás.

"En los años 90 la Cepal hablaba de la transformación productiva con
equidad, y en la equidad estaban todos los problemas sociales arriba de
la mesa. Lo que pasa es que en los 90 se privilegiaron, por parte del
Consenso de Washington, las privatizaciones, la liberalización
financiera y la liberalización comercial, que agravaron esa situación
latinoamericana", indicó.