Sus palabras fueron: “Estoy en estado de schok y temo caer en una crisis depresiva”. Dicha frase podría atribuírsele a María Stella Lanzani, luego de ser expulsada de un teatro por Gerardo Sofovich. Sin embargo, la confesión salió de la boca del superintendente Osvaldo Seisdedos, al enterarse que el ministro León Arslanian había decidido prescindir de sus servicios.
Al respecto corrieron hipótesis variadas. En el Ministerio de Seguridad, la versión oficial aseguraba que el emblemático policía ya había cumplido 30 años de servicio. Y desde ese mismo ámbito -pero de modo no tan oficial- también se dijo que la medida fue una consecuencia directa de la filtración periodística del famoso video sobre el robo al Banco Río.
Desde luego, ninguna de esas dos razones resulta verosímil. Y para poder dilucidar este enigma, tal vez habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué razón durante casi dos años Arslanian sostuvo a un sujeto de semejante calaña, del cual no es exagerado señalar que su legajo chorreaba sangre? Lo cierto es que el ministro siempre eludió su explicación al respecto.
No menos cierto es que en la puja interna que por estos días sacude a la Bonaerense, la victoria fue para el superintendente Daniel Rago, a cargo de la jefatura de Seguridad. Se trata de un reconocido rival de Seisdedos, pero al igual que él, un viejo pájaro de cuentas. Y la clave de su permanencia en la cúpula es otro misterio.
Junto a la remoción del otrora jefe de Investigaciones, Arslanian también barrió a 114 altos oficiales (72 pasados a retiro y 42 en disponibilidad). En paralelo, dispuso crear 18 nuevas departamentales para así descentralizar el trabajo policial y sus proverbiales redes de recaudación.
Ese, precisamente, es uno de los ejes de su política.
Ya en su primer paso por el Ministerio de Seguridad (1998-99), Arslanian se percató de que la Bonaerense era una agencia estructuralmente corrupta, cuyos dividendos recorrían una ruta piramidal. Entonces resolvió eliminar la Jefatura y descuartizar la Fuerza en departamentales autónomas. Pero no pudo prever la vertiginosa reacción de los uniformados, cuyas actividades recaudatorias no tardarían en adquirir un formato horizontal. En su segundo paso por aquella cartera, Arslanian profundizaría su estrategia diseñando un esquema formado por 96 Policías Comunales y 48 Policías de Distrito.
Tal vez, en algún momento, haya llegado a ponderar la eficacia de su plan.
Pero el asesinato del comisario Beauvais -que él mismo había puesto al frente de la Departamental La Matanza- derivaría en la constatación de su fracaso: la pesquisa del homicidio en sí reveló que el finado -un comisario de excelente concepto- poseía varias cajas de seguridad con un millón de dólares en billetes de baja denominación. Un verdadero caso testigo.
A dos años de su nombramiento, es justo reconocer que Arslanian logró bajar los índices delictivos y las muertes provocadas por uniformados. Pero la práctica de torturas y el armado de causas siguen tan vigentes como así también las cajas alimentadas a través de zonas liberadas, peajes y todo tipo de extorsiones.
Lo que en la época de la Maldita Policía era una empresa perfectamente aceitada, ahora es un ominoso entramado de jaurías autónomas que disputan entre sí el gerenciamiento del delito en el territorio provincial.
Y en tal metamorfosis hay una razón de peso: la unilateralidad con la que habitualmente suele tratarse el tema de la corrupción policial no contempla su estrecha vinculación con la política y la Justicia.
Ya es un secreto a voces que el enorme flujo monetario que corre a través de las arcas policiales sirve para financiar punteros, intendentes, campañas electorales y hasta gobernadores. Y que el Poder Judicial depende de la policía hasta para el traslado de los detenidos. Tan es así que, en la práctica, la mayoría de los fiscales y jueces actúen como si sólo fueran auxiliares de la Bonaerense.
En esa tríada, desde luego, se agita el huevo de la serpiente.
