Genaro Potes, 51 años, salió de la casa de su hermano, ubicada en la vereda Campoalegre del municipio de El Castillo (Meta), rumbo a la vereda de Puerto Esperanza, “vistiendo una camiseta blanca y un pantalón azulado, movilizándose a caballo, con el objetivo de asistir a una reunión de rebajas de impuesto predial. A las 4 p.m. fue detenido en la vereda Campoalegre por tropas del Batallón 21 Vargas, a cargo del comandante Ferro. Según versiones de vecinos testigos de los hechos, el campesino fue amarrado en un cultivo de cacao, al lado de la escuela de la misma vereda. El ejército interrogó a otro campesino que pasaba por el sitio en el momento de la detención si conocía al señor Genaro, los soldados señalaron de guerrillero al detenido. El vecino les indicó que sí lo conocía como un señor trabajador y honesto de la región.

“El día domingo 27 de mayo, vecinos de la vereda Puerto Esperanza vieron que el cuerpo del señor Genaro Potes fue bajado en una camioneta al servicio de las fuerzas militares y trasladado al municipio de Granada. El 28 de mayo en las horas de la mañana, en la emisora Colombia Stereo se informó que en el municipio de El Castillo, en la vereda Campoalegre, el Ejército Nacional en enfrentamiento con la guerrilla había dado de baja un guerrillero.

“El comandante Pérez, encargado de la Brigada (sic) 21 Vargas, manifestó en repetidas ocasiones que el señor Genaro Potes era un guerrillero, obstruyendo además el reconocimiento y la entrega del cadáver, aduciendo que se encontraba indocumentado, cuando su familia asegura que salió de su casa con sus documentos de identificación personales, junto con las escrituras de su finca.

“El señor Genaro Potes sufría una parálisis mental leve y problemas de motricidad, manifestándose en su poco equilibrio al caminar, como consecuencia de una poliomielitis adquirida en la niñez, situación que todos conocían porque se percibía a simple vista.

“Según declaración del registro único de población desplazada, fechada en febrero de 2006, el señor Potes se desplazó internamente dentro del municipio el día 26 de mayo de 2003, de la vereda Los Alpes hasta la vereda Caño Embarrado. Durante esta época se produjo en el municipio de El Castillo el desplazamiento masivo que dejó sus campos desolados, además de múltiples asesinatos, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

“El señor Genaro Potes, aún presentando características físicas y mentales especiales, evidentes a plena vista, lo que lo hacía poseedor de un trato especial y respetuoso, máxime cuando quienes lo detienen arbitrariamente (Ejército Nacional) son autoridades que por su deber constitucional deben velar por la vida, honra y bienes de los habitantes del territorio, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, despojado de sus documentos de identidad y luego asesinado y reportado como guerrillero muerto en combate.

“Esta muestra descarada de sevicia con que se violan los derechos humanos de los campesinos y su posterior utilización para mostrar resultados de acciones en combate, alarma a la comunidad de este municipio, quienes se sienten inseguros frente a las mismas fuerzas del Estado.

“Pedimos a los amigos, organizaciones sociales y de derechos humanos que conozcan esta información, por favor difundirla por todos los medios posibles y que se envíen comunicaciones a las siguientes autoridades nacionales:

“Al señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, que garantice el derecho a la vida, a la libre movilidad de los pobladores del municipio de El Castillo, Meta.

“Al señor Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, como jefe máximo de las Fuerzas Militares, exigir a sus efectivos que garanticen los derechos fundamentales de los campesinos de la región.

“Al Ejército Nacional, que se abstenga de presentar las ejecuciones extrajudiciales como bajas en combate y cumpla con su misión constitucional de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos.

“A la Procuraduría General de la Nación, doctor Edgardo Maya Villazón, para que se inicien las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.

“A la Fiscalía General de la Nación, para que inicie las investigaciones penales.

Al señor Defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez, que asuma directamente el caso en cuestión”.

Ese es el contenido de una denuncia procedente de la Red de Defensores no Institucionalizados que llegó a nuestro buzón el 31 de mayo de 2007 y que nos dejó sin palabras ni comentarios, pese a que somos conscientes de que en nuestro país cada día trae un nuevo horror que siempre es peor que los anteriores. Hemos respetado los términos y la redacción del texto.

Ya el informe rendido en marzo del presente año por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre situación vivida en Colombia en 2006 lo había constatado: los más afectados por la violencia que no cesa son comunidades indígenas y negras, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños, sindicalistas, periodistas y población desplazada. La fuerza pública es responsable de “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos” y hay “persistencia de homicidios con características de ejecución extrajudicial atribuidos de la fuerza pública”. “En muchos de los casos reportados se identificaron tres elementos comunes: la presentación de las víctimas civiles como muertas en combate, la alteración de la escena del crimen por los autores del mismo y la investigación de los hechos por la justicia penal militar”. Como fruto de la aplicación laxa de la política de seguridad democrática, “por su magnitud y extensión territorial, los homicidios con carácter de ejecución extrajudicial no parecen constituir hechos aislados sino conductas que tienden a generalizarse”.

“Integrantes de la fuerza pública —sigue consignando el documento— persistieron en actitudes de estigmatización de la población civil rural, considerándola colaboradora voluntaria de los grupos subversivos”. Hay homicidios (cometidos) en personas protegidas y atribuidos al Ejército, “ataques contra civiles”, “violencia sexual” e “inobservancia del principio humanitario de distinción”. Ha habido “torturas, malos tratos y uno excesivo de la fuerza atribuidos a servidores públicos”. “En algunos casos la tortura estuvo asociada con la ejecución extrajudicial y en otros afectó a personas privadas de la libertad en instalaciones carcelarias o de policía”.

Álvaro Delgado