A diferencia de las movilizaciones que hace algunos meses se efectuaron
en la sierra centro sur en contra de la explotación minera, estas
movilizaciones han tenido un inusitado despliegue en los medios de
comunicación, y éstos empezaron a contrastar los argumentos del régimen
y la dureza de la represión, con los testimonios de los pobladores que
fueron brutalmente golpeados por el ejército, muchos de ellos fueron
perseguidos en sus casas, de hecho el ejército con lista en mano, en la
que constaban los nombres de los dirigentes de organizaciones sociales,
empezó una cacería a éstos acusándolos de terrorismo; con esta
estrategia mediática en la cual por vez primera la gran prensa
ecuatoriana otorga un amplio espacio a las organizaciones de derechos
humanos, se contribuyó a desvirtuar el argumento oficial de que la
movilización había incluido la toma de pozos petroleros lo que había
significado una enorme pérdida en el presupuesto gubernamental, así como
el pronunciamiento gubernamental de que los manifestantes habían
agredido con dinamita y armas a la fuerza pública y que ésta solamente
se había limitado a garantizar el orden. Los medios de comunicación
mostraron que la realidad distaba con mucho de las argumentaciones
oficiales.

A primera vista se trata de un hecho político harto conocido y que viene
desde los tiempos neoliberales: la población cansada ante tanta oferta
demagógica decide salir a protestar y, dependiendo de las
circunstancias, luego de la represión de rigor, arranca una o dos
migajas del presupuesto, pero en esta ocasión no ocurrió así porque el
gobierno de Alianza País vende la idea de que se trata de un régimen de
izquierda, que está sintonizado con las necesidades populares, que no es
un gobierno represivo y que está totalmente alejado de las prioridades
del ajuste neoliberal.

De ahí la sorpresa que provoca el hecho de que el régimen enfrente con
dureza y que empiece un proceso de criminalización a la protesta social
bajo la figura del “terrorismo organizado” y el sabotaje, algo que no se
había visto ni en los peores tiempos del neoliberalismo. Y el régimen
confronta con dureza estas manifestaciones porque quiere generar un
efecto demostración que atemorice a aquellos sectores sociales u
organizaciones populares, sobre todo de las regiones afectadas por la
producción petrolera y minera, de acciones similares. Se trata de cerrar
cualquier válvula de expresión social que no sea aquella controlada
políticamente por el régimen en momentos en los que cualquier tensión
política pone en duda la legitimidad de su proyecto de largo plazo, en
momentos en los se apuesta por una fuerte política extractivista de los
recursos naturales.

Sin embargo, hay que añadir el contexto político: la Asamblea
Constituyente. En efecto, el inicio de la Asamblea Constituyente no
puede ser peor para el gobierno. Si bien es cierto que en las elecciones
para asambleístas las listas oficiales ganaron con el 80% lo que les
significó un control absoluto de la Asamblea, esta victoria puede
revelarse un regalo emponzoñado. El régimen vio en su triunfo electoral
en la Asamblea Constituyente un regalo de los dioses. Era la concesión
de un poder absoluto al partido de gobierno en un hecho casi inédito en
la política ecuatoriana. Incluso en los momentos de mayor profundización
y radicalización de la reforma neoliberal, ningún gobierno pudo contar
con tanto poder, y de ahí su necesidad de negociar y utilizar al sistema
político como instrumento de negociación de la reforma neoliberal. Pero
ahora el régimen de Alianza País no tiene oposición real de ningún tipo
y eso a la larga es un problema. La poca oposición que puede existir
solamente se convierte en un aditamento en la representación de la
Constituyente que no cambia para nada el sentido de las políticas que se
adopten, de ahí que éstas no tengan ese amortiguador o catarsis política
que en el liberalismo representativo cumple la oposición.

Ahora bien, la Asamblea Constituyente se instala en medio del conflicto
social y la guerra. Una semana antes de la instalación de la
Constituyente el ejército ecuatoriano entraba en combates con las
fuerzas irregulares de Colombia. El ministro de Defensa ecuatoriano,
había hecho el juego a este involucramiento y escalada en el conflicto
colombiano cuando había declarado que el Ecuador no limitaba al norte
con Colombia sino con las FARC.

En la misma semana de instalación oficial de la Constituyente, la
población de Dayuma se toma las calles y reclama por la desatención
gubernamental. El ejército los reprime duramente y el régimen opta por
cerrar los espacios de diálogo con los sectores organizados y declara a
quienes participaron en estas jornadas de protesta como “terroristas y
saboteadores”. El affaire le cuesta el puesto nada menos que al
mentalizador del partido de gobierno y que cumplía como Ministro del
Interior, Gustavo Larrea.

El partido político de la minoría, de derecha y con la representación de
asambleístas más importante luego de Alianza País, el Partido Sociedad
Patriótica, PSP, presenta al interior de la Asamblea Constituyente una
moción de solidaridad con Dayuma, denuncia la represión sufrida por la
población y provoca al régimen. Es una hábil maniobra política que
confisca en su propio beneficio las luchas sociales y empieza
desgastando a la Asamblea Constituyente porque los asambleístas de
Alianza País cierran filas detrás del ejecutivo y demuestran que su
posición política obedece a directrices directas desde la Presidencia de
la República, esto es, la Asamblea Constituyente se convierte en una
palanca del poder ejecutivo y no en un espacio de dirimencia para la
construcción de proyectos políticos alternativos. La jugada de Sociedad
Patriótica pone a la defensiva al régimen que trata de cerrar todas las
voces críticas y disidentes incluso a su interior. Los asambleístas de
Alianza País no comprenden que al cerrar filas tras el ejecutivo le
hacen el juego a la derecha y no notan que el círculo alrededor de ellos
empieza a cerrarse.

La brutal represión a la población de esta parroquia de la amazonía
ecuatoriana, con las consecuentes declaraciones gubernamentales, y el
hecho de que los pobladores hayan sido calificados y perseguidos bajo la
acusación de terrorismo y sabotaje, ha generado una serie de
consecuencias políticas que han debilitado al régimen y han puesto
contra la pared a la misma Asamblea Constituyente, puede, entonces,
hablarse de un “efecto Dayuma”, que podría servir para analizar la
coyuntura ecuatoriana desde varias perspectivas:

* Texto completo en http://alainet.org/active/21163

Fuente: ALAI AMLATINA, 12/12/2007.