Impunidad de un violador a escala global

Es solo un cálculo conservador. Publicaciones estadounidenses, como Los Angeles Times, afirman que los muertos civiles en Iraq rebasan el millón.

El precio de contrapartida en vidas humanas lo sufragan los sectores más empobrecidos de la sociedad estadounidense, principalmente inmigrantes de origen latino y afro, quienes se alistan en las fuerzas armadas a cambio de dinero y promesas de residencia.

En la aventura han muerto cuatro mil 046 soldados de EE.UU. (según reportes oficiales hasta el 23 de abril) otros 40 mil más resultaron heridos. Se ignora cuantos de estos fallecieron después. También es imprecisa la cantidad de militares que se suicidaron, aunque se sabe la cifra es elevada.

Los hijos de los ricos y de la clase media alta no suelen enrolarse en las fuerzas armadas estadounidenses. No están obligados a hacerlo. Ellos no tienen que ir a la guerra. Sus influyentes papás se encargaron de suprimir el servicio militar obligatorio.

Todas las muertes en la guerra, las de los invadidos y las de los invasores, son responsabilidad de la administración del presidente George W. Bush.

Con sus designios guerreristas, en nombre de la necesidad de ampliar zonas de influencia y dominio económico, el gobierno estadounidense viola sistemáticamente el derecho humano a la vida, el de los iraquíes, también el de los afganos, al igual que el de los propios residentes en Norteamérica que envía a morir para que los ricos de ese país sean cada vez más ricos.

Los soldados estadounidenses también han asesinado en Afganistán a muchos civiles inocentes en su llamada "guerra contra el terrorismo". The Washington Post informó el 3 de mayo de 2007 que tropas de Estados Unidos habrían llegado a matar allí hasta 51 civiles en una semana.

En mayo de 2007, el reportero especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo, tras visitar a Estados Unidos afirmó que ese país había detenido 700 personas en Afganistán y 18 mil en Iraq, a las que arbitrariamente acusó de "terroristas".

Desde hace mucho tiempo se conoce que el gobierno de Bush mantiene numerosas cárceles secretas y públicas, incluida la de la base militar que ilegalmente ocupa en Guantánamo, Cuba. En ellas aplica sistemáticamente métodos de tortura a sus prisioneros. A la inmensa mayoría de ellos se les niega el derecho a juicio.

La American Broadcasting Company (ABC) describió en uno de sus reportajes cómo se practica el ’ waterboarding’: el prisionero es atado a una tabla inclinada de forma que la cabeza queda levemente por debajo del nivel de los pies. Posteriormente se le cubre la cara con papel celofán y se le arroja agua.

La persona así torturada experimenta una terrorífica sensación de ahogamiento y bajo esas condiciones terribles es obligada, incluso, a confesar hechos que no cometió, con tal del cese del martirio.

El gobierno de Estados Unidos se ha negado a reconocer el derecho al desarrollo como parte de los Derechos Humanos.

Aunque suscribió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1977, aún no lo ha ratificado. Tampoco con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 27 años después de haberla firmado.

Todavía EE.UU. no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, 12 años después de haberla suscrito, a pesar de que 193 países ya lo hicieron.

Desde marzo de 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha estado abierta a las firmas. A finales de diciembre del año 2007 ya la habían rubricado 118 naciones, menos Estados Unidos.

En ese contexto, increíblemente, año tras año, el gobierno estadounidense se atreve a publicar listas de países que, según su interesada opinión, incumplen los derechos humanos, excluyéndose a sí mismo, con lo cual falta a la seriedad, se burla de la inteligencia de la comunidad internacional y acentúa su descrédito.