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Política entreguista: 1 172 mexicanos extraditados a Estados Unidos

Uno de los rostros de la política más entreguista de este país es el de la extradición de mexicanos a Estados Unidos con fines judiciales; es decir, la renuncia del Estado a juzgar a sus delincuentes, en su propio país y con sus propias leyes.

| Ciudad de México (México)
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Bajo el argumento de tener un sistema corrupto, que no garantiza justicia a su sociedad, el gobierno ha ido cediendo en el tema de extradiciones a cambio de la “cooperación” financiera estadunidense. El peor momento se vivió con el panista Felipe Calderón Hinojosa, cuando 587 mexicanos fueron entregados a la justicia estadunidense y allá compurgan o compurgaron sus penas, además de pagar multas millonarias a las arcas de ese país.

Aunque lo peor ocurrió en ese sexenio, en el gobierno de Enrique Peña no estamos mejor: en los primeros 4 años (2013-2016), 268 presuntos delincuentes fueron entregados a Estados Unidos, refiere el informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond, publicado en junio pasado por la unidad de investigación del Congreso estadunidense.

A éstos se suman los extraditados en lo que va de 2017: al menos otros 6 individuos acusados de diferentes delitos, entre los que destaca Joaquín Guzmán Loera, “el Chapo”.

El caso del líder del Cártel de Sinaloa sobresale porque es la clara muestra de la sumisión de este país frente a nuestro vecino del Norte: esta extradición se había dilatado al punto en que se pensaba que no ocurriría, pero sorpresivamente se dio el 19 de enero de 2017, apenas un día antes de que Donald Trump asumiera la Presidencia de Estados Unidos.

La “coincidencia” con la toma de posesión fue vista como un guiño al nuevo gobernante que, sin embargo, despreció el gesto y continuó con sus amenazas de construir el muro en la frontera Norte y renegociar ventajosamente para su país el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de por sí perjudicial para la mayoría de los mexicanos.

Tan perjudicial como lo es esta política de extradiciones, que somete al sistema de justicia mexicano y nos muestra incapaces de aplicar nuestra propia ley.

Política que ha conseguido que entre enero de 1995 y julio de 2017, 1 140 mexicanos fueran extraditados a Estados Unidos: 68 con el priísta Ernesto Zedillo; 211 con el panista Vicente Fox; 587 con Calderón, detalla el informe del Congressional Service Research; y al menos 312 con Peña (Excélsior, 26 de abril de 2017).

El sometimiento de México es bien visto en Estados Unidos. “Durante el gobierno de Calderón, las extradiciones fueron un indicador que el Departamento de Estado utilizó como ejemplo del éxito de la Iniciativa Mérida. Con Calderón, en promedio, México extraditó a más de 100 personas por año a Estados Unidos, un gran aumento respecto de la administración anterior. Cuando el presidente Peña Nieto asumió el cargo, las extradiciones cayeron a 54 en 2013, pero han aumentado a 79 en 2016”, indica el informe US-mexican security cooperation: the Mérida Initiative and beyond.

El análisis del Congressional Service Reasearch dice que, después de la extradición del Chapo, las autoridades estadunidenses esperan que el gobierno de Peña Nieto cambie su postura y extradite a más presuntos delincuentes.

“Aunque México resistió la presión para extraditar a Guzmán a Estados Unidos (donde enfrenta múltiples cargos) luego de su captura inicial en 2014, desde entonces el gobierno ha demostrado más voluntad de aprobar solicitudes estadunidenses de extradición”. Indica que tan sólo en septiembre de 2015 fueron remitidos 13 importantes narcotraficantes a ese país para ser juzgados en sus cortes.

Aún así, y luego de tener a un sumiso colaborador como lo fue Calderón, para los gringos esto es insuficiente. Por ello, la unidad de investigación sugiere al Congreso estadunidense “aumentar la presión sobre los departamentos de Justicia y de Estado para que, a su vez, presionen más a México en el tema de las extradiciones”.

Según el informe, a los investigadores estadunidenses les “preocupan” la seguridad de las cárceles de México y la corrupción general en el sistema de justicia penal.

Un sistema que, según esos argumentos, por corrupto ya no juzgó a Carlos Armando “N”, integrante del Cártel de Juárez y colaborador del ya fallecido Amado Carrillo Fuentes, el “Señor de los Cielos”.

Carlos Armando “N” y otras 3 personas fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 26 de abril, acusados de diferentes delitos. Al supuesto narcotraficante se le señala en una corte estadunidense de asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Carlos Armando “N” y el Chapo Guzmán no son los únicos narcotraficantes entregados a la justicia estadunidense. En la lista está Alfredo Beltrán Leyva, “el Mochomo”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, extraditado el 15 de noviembre de 2014, acusado de traficar “decenas de miles de kilogramos de cocaína” en Estados Unidos y participar en una campaña de violencia en ese país.

Otro narcotraficante puesto a disposición de la justicia estadunidense –el 21 de noviembre de 2013– fue Iván Velázquez Caballero, “el Z-50” o “Talibán”, líder de Los Zetas. Éste fue acusado de conspirar para trasegar drogas ilegales, armas de fuego y dinero ilícito entre México y Estados Unidos y de asesinar y secuestrar a ciudadanos estadunidenses.

Pero no sólo son traficantes de narcóticos los que pagan sus penas en ese país. México también ha extraditado a connacionales acusados de otros ilícitos, como Lionel Portillo e Iván Soto, supuestos responsables del asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza; Armando Albarrán, supuesto asesino de un sheriff (alguacil); y el consultor financiero Manuel Ortiz Barraza, señalado de defraudar al EximBank.

Así, los extraditados no sólo son capos del narcotráfico; también son defraudares, tratantes de personas, pandilleros, asesinos, violadores, lavadores de dinero y exconvictos, a quienes el Estado mexicano les falló por su debilidad frente a Estados Unidos y su incapacidad de juzgarlos aquí.

Fuente
Contralínea (México)

Nancy Flores

Nancy Flores Periodista y coordinadora de edición de la revista mexicana Contralínea. Periodismo de Investigación. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investiga: lavado de dinero, paraísos fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental, temas energéticos. (Twitter)

 
551, 07 de Agosto 2017

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