La Unión Europea hizo saber al gobierno de Estados Unidos que recurrirá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) si ese país pone en vigor el capítulo III de la ley Helms-Burton para reforzar el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba.
Estados Unidos ha anunciado que pondrá en vigor el capítulo III de la ley Helms-Burton (Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996), con lo cual autorizaría a los llamados «cubano-americanos» a reclamar propiedades nacionalizadas en Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, hace 60 años.
La puesta en vigor de ese dispositivo, que es parte del entramado de leyes que sostiene el bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, podría traducirse en la aceptación de unas 200 000 demandas contra compañías extranjeras –principalmente europeas– que operan en la isla.
En realidad, los propietarios de todos los bienes muebles o inmuebles nacionalizados en aquella época recibían indemnizaciones pagadas por el gobierno revolucionario cubano pero las grandes familias que optaron por exilarse en Estados Unidos nunca aceptaron las indemnizaciones –como tampoco lo hicieron las transnacionales estadounidenses– para mantener latente el conflicto con la Revolución Cubana.
Entre las compañías que serían más afectadas por la entrada en vigor del capítulo III de la ley estadounidense Helms-Burton –aprobada por el presidente Bill Clinton– se cuentan las cadenas españolas que administran al menos 2 tercios de las capacidades hoteleras existentes en Cuba. Los ex propietarios cubanos que hayan adquirido la nacionalidad estadounidense podrían recurrir a los tribunales de Estados Unidos, que a su vez podrían incluso decretar la confiscación de bienes de los inversionistas europeos para compensar a los demandantes.
En 1996, la Unión Europea y Canadá habían negociado con la administración Clinton la suspensión de la entrada en vigor del capítulo III de la ley Helms-Burton, suspensión que los sucesivos gobiernos estadounidenses confirmaban cada 6 meses desde aquella época. Pero en enero de 2019, la administración Trump redujo ese periodo de suspensión a 45 días y ahora se dispone a abrogarla definitivamente.
Según el diario español El País, que tuvo acceso a una carta de la Unión Europea al gobierno de Estados Unidos sobre ese tema, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, precisa en la misiva que la Unión está dispuesta a poner la cuestión en manos de la Organización Mundial del Comercio [1].
La carta de la Unión Europea a Washington, firmada por la señora Mogherini y por la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, subraya que entre las medidas que tomaría la UE para compensar los perjuicios a las empresas europeas se incluye la confiscación de bienes de empresas estadounidenses en Europa.
Por otra parte, una demanda de la Unión Europea contra Estados Unidos ante la OMC abriría el camino a una lluvia de procedimientos similares provenientes de las numerosas empresas afectadas por las “sanciones” unilaterales que Washington impone actualmente contra otros países, como Irán por ejemplo.
[1] «Bruselas amenaza a EEUU con represalias si reactiva el castigo a los inversores europeos en Cuba», Bernardo de Miguel y Amanda Mars, El País, 17 de abril de 2019.
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