La Unión Europea hizo saber al gobierno de Estados Unidos que recurrirá a la Organización ‎Mundial del Comercio (OMC) si ese país pone en vigor el capítulo III de la ley Helms-Burton para ‎reforzar el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. ‎

Estados Unidos ha anunciado que pondrá en vigor el capítulo III de la ley Helms-Burton (Cuban ‎Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996), con lo cual autorizaría a los llamados ‎‎«cubano-americanos» a reclamar propiedades nacionalizadas en Cuba después del triunfo de la ‎Revolución Cubana, en 1959, hace 60 años. ‎

La puesta en vigor de ese dispositivo, que es parte del entramado de leyes que sostiene el ‎bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, podría traducirse en la ‎aceptación de unas 200 000 demandas contra compañías extranjeras –principalmente europeas– que operan ‎en la isla. ‎

En realidad, los propietarios de todos los bienes muebles o inmuebles nacionalizados en aquella ‎época recibían indemnizaciones pagadas por el gobierno revolucionario cubano pero las grandes ‎familias que optaron por exilarse en Estados Unidos nunca aceptaron las indemnizaciones –como ‎tampoco lo hicieron las transnacionales estadounidenses– para mantener latente el conflicto con ‎la Revolución Cubana. ‎

Entre las compañías que serían más afectadas por la entrada en vigor del capítulo III de la ley ‎estadounidense Helms-Burton –aprobada por el presidente Bill Clinton– se cuentan las cadenas ‎españolas que administran al menos 2 tercios de las capacidades hoteleras existentes en Cuba. ‎Los ex propietarios cubanos que hayan adquirido la nacionalidad estadounidense podrían recurrir ‎a los tribunales de Estados Unidos, que a su vez podrían incluso decretar la confiscación de ‎bienes de los inversionistas europeos para compensar a los demandantes. ‎

En 1996, la Unión Europea y Canadá habían negociado con la administración Clinton la suspensión ‎de la entrada en vigor del capítulo III de la ley Helms-Burton, suspensión que los sucesivos ‎gobiernos estadounidenses confirmaban cada 6 meses desde aquella época. Pero en enero ‎de 2019, la administración Trump redujo ese periodo de suspensión a 45 días y ahora se dispone ‎a abrogarla definitivamente. ‎

Según el diario español El País, que tuvo acceso a una carta de la Unión Europea al gobierno de ‎Estados Unidos sobre ese tema, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica ‎Mogherini, precisa en la misiva que la Unión está dispuesta a poner la cuestión en manos de la ‎Organización Mundial del Comercio [1]. ‎

La carta de la Unión Europea a Washington, firmada por la señora Mogherini y por la comisaria ‎europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, subraya que entre las medidas que tomaría la UE para ‎compensar los perjuicios a las empresas europeas se incluye la confiscación de bienes de empresas ‎estadounidenses en Europa.‎

Por otra parte, una demanda de la Unión Europea contra Estados Unidos ante la OMC abriría ‎el camino a una lluvia de procedimientos similares provenientes de las numerosas ‎empresas afectadas por las “sanciones” unilaterales que Washington impone actualmente contra ‎otros países, como Irán por ejemplo. ‎

[1] «Bruselas amenaza a EEUU con represalias si reactiva el ‎castigo a los inversores europeos en Cuba», Bernardo ‎de Miguel y Amanda Mars, El País, 17 de abril de 2019.