Ataques, desprecio e impunidad contra periodistas

Del mismo modo es el caso de los periodistas perseguidos por el desgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, promotor de la candidatura calderonista de Ernesto Cordero, la otra cara del bocón Lozano Alarcón, quien se hace llamar “perro acorralado” y siempre está ladrando con intenciones de morder. En Sonora la libertad de prensa es hostigada; se soborna con publicidad a cambio de censura y despido de reporteros, igualando a los medios de comunicación al grado que El Imparcial es ya conocido como “El Parcial”. El resto de la prensa (radio, televisión y corresponsalías de Televisa y Tv-Azteca al servicio de Padrés, obviamente mediante un arreglo) desinforma y lima todo filo de crítica.

En Coahuila, donde los Moreira son el caciquismo de un hermano a otro y los mineros mueren como moscas porque el Perro Lozano no cumple con sus obligaciones, la delincuencia lanza granadas contra el periódico Vanguardia y la jueza Carlota Velázquez de Luna, intencionalmente, hace tortuguismo para no expedir la orden de aprehensión contra los presuntos homicidas del periodista Valentín Valdés Espinosa, privado de la vida por haber publicado información “prohibida” del cártel de Los Zetas.

En la “heroica” Ciudad Juárez, así declarada por Calderón y García Luna, pues sus pobladores son diezmados por sicarios y el fuego cruzado de soldados y policías, varios policías municipales detuvieron y agredieron (La Jornada, 1 de junio de 2011) a Rubén Villalpando para, finalmente, encarcelarlo en un abuso de poder y para demostrar que los uniformados son peores que los delincuentes. El periodista Alfredo Rivera Flores, autor de la investigación periodística La Sosa Nostra, sigue en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre al fondo del asunto, para impedir que el bribón Gerardo Sosa Castelán se salga con la suya al haberlo demandado por daño moral, junto con el autor del prólogo Miguel Ángel Granados Chapa, la editorial y el reportero-fotógrafo. Si la SCJN ampara a Sosa Castelán, no habrá duda que la libertad de prensa fue capturada por la impunidad de los que atacan, agreden y tuercen la impartición de justicia.

Las delincuencias cometen delitos cuando agreden, secuestran y asesinan a cualquier ciudadano. Y cuando son funcionarios, militares o policías, hay que agregar que violentan los derechos humanos muchas veces coronados con homicidios. Hay periodistas exiliados: Luis Horacio Nájera, Rosa Isela Pérez y Emilio Gutiérrez, como indica José Reveles (El Financiero, 11 de mayo de 2011). Muchos están en calidad de desaparecidos. Y el reciente caso del reportero Noel López Olguín, cuyo cadáver fue localizado porque el homicida confesó y señaló dónde estaba enterrado, como informa la nota de Andrés T Morales (La Jornada, 3 de junio de 2011). O las agresiones en Puebla por agentes migratorios de Gobernación contra el periodista Irineo Mújica Arzate cuando filmaba para un documental el maltrato contra migrantes, como señala Gustavo Castillo García.

Y finalmente, los periodistas y trabajadores de lo que fue El periódico, las cosas por su nombre no han recibido el pago de sus haberes, porque quien fuera su director, Ramón Alfonso Sallard (aspirante a diputado federal o para la Asamblea del Distrito Federal) les escamotea, en complicidad con la junta defeña de conciliación y arbitraje, la deuda laboral. Éstas también son agresiones a la libertad de prensa y a quienes las ejercen.