Carbone: activismo reaccionario

Un importante grupo de políticos y funcionarios latinoamericanos son o han sido dirigentes o activistas de grupos de extrema derecha cuyos proyectos favorecen desde el poder. Casos destacados son los del actual ministro de Gobernación de México, Carlos Abascal, fundador de grupos político empresariales; el ex ministro de educación de Nicaragua, Humberto Belli, vinculado al magnate estadounidense Thomas Monaghan, de los Caballeros de Malta, y en Perú el congresista y ex primer ministro, Luis Solari de la Fuente, así como el ex ministro de Salud, Fernando Carbone.

Este último, quien en 2002 sustituyó a Solari como ministro de Salud y en 2003 renunció a ese cargo, reaparece ahora en el sector no gubernamental como presidente del Comité Organizador el congreso internacional provida a celebrarse en Lima, del 10 al 13 de noviembre de 2005.

Como el propio Carbone explica en la convocatoria al evento, éste es auspiciado por organizaciones como el Pontificio Consejo para la Familia, creado por Juan Pablo II para apoyar a los movimientos provida; la Conferencia Episcopal Peruana, la Arquidiócesis de Lima, así como Vida Humana Internacional, una transnacional ultraderechista pro-Bush, con sede en Miami; la Alianza Latinoamericana para la Familia, grupo promovido por los Vollmer, millonarios venezolanos, y con presencia en Perú, y en otros países y el Instituto Interamericano de la Mujer, con sede en Lima. Pese a su siglas, éste último promueve una visión conservadora de la mujer y de la familia, defendiendo por ejemplo el autoritarismo de los padres. Algunas de sus militantes han pertenecido a organizaciones del Opus Dei, como es Leticia Almeida Acosta, una de sus fundadoras, egresada de la Universidad de Navarra, y miembro de la junta de gobierno de la Universidad Panamericana, institución que tiene el Opus Dei en México. En junio de 2002, en Piura, la doctora María Esperanza Salazar de Cavassa, presidenta del Instituto Interamericano de la Mujer, participaba en un evento apologético del beato Escrivá de Balaguer, de quien decía que “hizo ver con gran claridad la igualdad esencial entre el hombre y la mujer fundada en su dignidad de seres creados por Dios, y a la vez, el papel complementario de uno y otro, en el progreso de la sociedad civil y en la Iglesia”.

Esos son algunos de los aliados de Carbone en la empresa de “globalizar la cultura de la vida”, esto es, un activismo opuesto a libertades básicas, al laicismo y a los derechos de la mujer. Al servicio de esos intereses sectarios puso Carbone su papel como ministro; antes de llegar a ese cargo, había sido presidente del grupo provida Ceprofarena, que es la filial peruana de la mencionada Vida Humana Internacional.

Siendo ministro, Carbone emitió una propuesta de reformas legales para reemplazar la Ley General de Salud limitando los derechos reproductivos de diversas formas, incluyendo el otorgamiento de derechos legales a los óvulos fertilizados, desde el momento de la concepción. Además, la nueva Ley General de Salud, proponía extender la llamada “objeción de conciencia”, de tal suerte que los profesionales de esta rama pudieran abstenerse de participar en actividades de esa área que atenten “contra la vida y la dignidad de la persona”, en obvia referencia a las prácticas condenadas por la jerarquía católica, como el aborto y la anticoncepción. Asimismo, la Ley de Trabajo de la Obstetriz del Perú (Ley 27853), aprobada el 27 de septiembre de 2002, en su artículo octavo incluyó entre las obligaciones de la Obstetriz: “Proteger la vida y la salud de las personas, en especial de la madre gestante y del que está por nacer”.

La mencionada propuesta de Carbone recibió fuertes críticas, de tal suerte que en una nota publicada el 23 de junio, El Comercio, dejaba constancia de las “numerosas denuncias” contra el Ministerio de Salud, “tanto por escasez de medicamentos y artículos anticonceptivos como por cobros indebidos por las consultas de planificación familiar –que son gratuitas- en lugares deprimidos de la capital y del interior”, así como señalamientos de que “la nueva Ley General de Salud prohibiría las más modernas investigaciones sobre la concepción y la natalidad en el Perú”. Por su parte Carbone “negó haber presentado dicho proyecto al Congreso, “pues se trata de un documento privado y tentativo”.

Días antes, el 19 de junio de 2003, en su número 1776, el semanario Caretas criticaba el nuevo proyecto de Ley General de Salud, por incluir disposiciones que “en rigor atentan contra el derecho de las personas a asociarse libremente al exigir a las ONGs que realizan actividades de salud se registren en el Ministerio (artículo tercero), que las intervenciones sanitarias que éstas realicen o financien cuenten con la aprobación de la autoridad respectiva (artículo 24) y que en general se sometan a supervisión, monitereo y evaluación por parte del sector (artículo 25)”.

En un artículo titulado Ayatola Carbone, publicado en su número anterior, del 13 de junio de 2003, Caretas criticaba el mencionado proyecto de nueva Ley General de Salud, citando la opinión del ex asesor de ese ministerio, doctor Francisco Sánchez Moreno, quien afirmaba que en el proyecto se confundía la fecundación con la concepción (que requiere de la implantación del óvulo fecundado en el útero) y aclaraba: “Lo que están persiguiendo las personas que han hecho el proyecto es que en el país no se utilice la píldora del día siguiente (que produce los mismos efectos que la píldora anticonceptiva y el DIU o T de cobre). Quieren imponer una manera de pensar que no es la de la mayoría de los peruanos”.

Caretas comentaba también que en el artículo 112 del proyecto se decía: “No se permite de ninguna manera las investigaciones que comprometan o involucren: a) Embriones humanos. b) Fecundación”.

Citando a Sánchez Moreno, Caretas comentaba: “Quieren impedir toda acción en el campo de la planificación familiar, inclusive la investigación, y eso no es otra cosa que transportarnos a la Edad Media. Si alguna pareja desea, con todo derecho, la fertilización in vitro, tendrá que viajar al extranjero”.

Otro cuestionamiento que se hizo a fines de junio a Carbone fue el de Víctor Velarde Arrunátegui, presidente de la Comisión de Salud del Congreso, quien, señaló Caretas el 19 de ese mes, “está analizando la posibilidad de interponer una denuncia constitucional contra el ministro Fernando Carbone, por pretender atentar contra el derecho de miles de peruanos de decidir sobre su cuerpo y sobre su propia familia. Esto a raíz de la negativa de Carbone de dar pase a la Resolución Ministerial del 13 de julio de 2001, firmada por el entonces ministro de Salud, Eduardo Pretell, que incorporaba a las normas de planificación familiar, la anticoncepción oral de emergencia....”.

Como se ha señalado, Carbone ha sido y es activista provida y como tal actuó desde el ministerio de Salud. Además de haber presidido el grupo provida Ceprofarena, en 1989, Carbone realizó un entrenamiento sobre “planificación familiar internacional” con la asociación Woomb, grupo internacional de corte provida.

Ya como ministro, en noviembre de 2002, Carbone estuvo presente en el Cuarto Congreso Nacional sobre Métodos de Planificación Familiar, organizado por Ceprofarena. Según Thomas Euteneuer, sacerdote estadounidense que preside el grupo Human Life Internacional, Carbone se refirió a cómo el departamento de Salud, a su cargo, estaba reduciendo la tasa de mortalidad materna sin legalizar el aborto, contrariamente a las propuestas de “las feministas”.

Concretamente, HLI señalaba a las ONG Manuela Ramos, Flora Tristán, Care Perú, y Demos. Según la trasnacional provida, “El ministro de Salud del Perú, el doctor Fernando Carbone, ha cuestionado con toda razón las maniobras del DIFD”.

En suma, en los diferentes países de América Latina, la llegada al poder de personajes como Carbone significa a la vez la consolidación de proyectos derechistas en detrimento de la libertad y del progreso y en beneficio de la jerarquía católica y de intereses sectarios como los representados por los grupos provida.