La conciencia de clase se desarrolla entre los trabajadores tercerizados

Huelga de los trabajadores petroleros tercerizados en la amazonía ecuatoriana.

La conciencia de clase se desarrolla entre los trabajadores tercerizados

Por: Ramiro Vinueza/ OPCION/ Ecuador.

La fuente principal de la producción de la riqueza es la fuerza de trabajo del hombre, es la clase obrera la que pone en movimiento las maquinas y los instrumentos de producción para producir lo que la sociedad necesita y consume, es la clase obrera el factor fundamental para la producción de la plusvalía de la cual se apropian los capitalistas. Sin los trabajadores no hay producción de la riqueza social. Esto ha quedado en evidencia con la huelga declarada por los trabajadores tercerizados quienes, pese a carecer de los más elementales derechos y vivir en medio de la zozobra de ser despedidos, están enfrentando valientemente esta medida de hecho que ha afectado la producción petrolera del país y que constituye desde ya una importante enseñanza para los miles de trabajadores que viven en esta misma situación.

Hasta el día 5 de marzo Petroproducción, sección de la estatal petrolera Petroecuador, producía 200 mil barriles diarios de petróleo. El día 6 de marzo, alrededor de 4 000 trabajadores petroleros tercerizados declararon la huelga y dejaron de accionar las máquinas y demás instrumentos para la producción del crudo, un día después, el 7 de marzo, la producción había caído a 50 mil barriles diarios, esta medida redujo a solo 25% la producción diaria. El resto de la producción que se logró sostener lo hicieron los trabajadores que dependen de la empresa estatal, que tuvieron que trabajar con soldados y bayonetas tras ellos, pues el Gobierno declaró el estado de emergencia y el Ejército ocupó los campos petroleros.

Ni la violenta ocupación de los pozos por parte del Ejército, en la que ejecutaron acciones combinadas por aire y tierra, inundando de gases para desalojar a los trabajadores de los campos; ni las despóticas amenazas del Presidente de Petroecuador de despedir a todos los trabajadores mercerizados; ni el apresamiento del Presidente de los trabajadores (FETREPET), Rogelio Sornoza, ha logrado hacer para atrás una huelga que tuvo un carácter preventivo de 48 horas, pero que ante las amenazas y la represión desplegada por el Gobierno, cobró el carácter de indefinida y se sostiene por varios días. El movimiento general de solidaridad que ha generado esta huelga en las dos provincias es otro hecho de significativa trascendencia.

Esta acción tiene sus significación histórica, pues en el Ecuador se llevan más de 25 años de aplicación de la flexibilización laboral, iniciada a mediados de los años 80 por los gobiernos del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática, que hoy cogobiernan el país; éstos conculcaron los derechos laborales de asociación, reclamación y huelga, que sufrieron un retroceso a antes de 1938 en que fueron promulgados, luego de grandes luchas de la clase obrera ecuatoriana que tiene como hito histórico la huelga del 15 de Noviembre de 1922.

Las desregulaciones empujadas en el mercado laboral ecuatoriano corresponden a toda la ofensiva antiobrera empujada por el neoliberalismo en toda América Latina, que ha significado una precarización laboral, con la proliferación de empresas tercerizadoras. En el Ecuador, según datos del Ministerio del Trabajo, estas empresas son 2 156, de las cuales 1 043 están representadas por la misma persona.

Según la misma fuente, 57 empresas funcionan operando para el sector petrolero y tienen bajo sus servicio a cerca de 4 000 trabajadores, de los cuales solo 7 son legales. Esta práctica corrupta está generalizada en todas las áreas de la economía. Hace algunos meses se denunció que solo Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, sostenía 180 empresas de este tipo.

Esta situación ha provocado una superexplotación a los trabajadores, que carecen de las utilidades anuales contempladas en la ley, están negados de aumentos salariales y obligados a cumplir horas extras con las misma remuneraciones, sin seguridad social, sin derecho a la estabilidad y, como sucede hoy con los trabajadores petroleros, se les mantiene impagos desde hace 3 y 4 meses, sin que sus reclamos desesperados sean escuchados.

Esta situación de los trabajadores se ha sostenido por muchos años. Según Patricio Aldaz, ex presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), hoy suman alrededor de 800 mil trabajadores ecuatorianos los contratados bajo esta modalidad, es decir, dos tercios de la fuerza laboral del país.

Parte de esta gran fuerza laboral, que vive en condiciones pésimas y sin derechos, son los cerca de 4 000 trabajadores petroleros tercerizados que laboran en diferentes áreas de la producción petrolera en la Amazonía. La brutal represión desatada por el Gobierno, por el Ejército y la Policía no puede explicarse sino porque estos trabajadores que han empujado esta huelga están escribiendo una nueva página de la historia de lucha del movimiento obrero ecuatoriano, puesto que han alcanzado importantes niveles de organización, unidad y determinación para recuperar sus derechos. Estos trabajadores están organizados desde el mes de diciembre del 2005 en la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados (FETRAPET), que a su vez es filial de la UGTE, una de las más grandes centrales sindicales del país, con 24 años de vida.

Durante la huelga y la paralización de la producción petrolera, el Gobierno ha mantenido una actitud tozuda, y busca aplacar a como de lugar esta lucha, tanto que el mismo Ministro de Gobierno, en una conversación con Nelson Erazo, presidente de la UGTE, y otros dirigentes sindicales, dijo que de continuar las cosas como están, habrá una masacre en la zona, y que el Gobierno y él poco pueden hacer, pues las provincias amazónicas están bajo el estatuto de la Fuerzas Armadas. Situación muy peligrosa, ya que es la segunda vez que en esta región se declara el estado de emergencia, en menos de 30 días, pues similar medida se adoptó en la provincia de Napo por el cierre de la estación de Baeza y Salitre de la empresas OCP por parte de los población, que reclamaba el cumplimiento de los compromisos que asumió el Gobierno con las provincias orientales; la salida de la petrolera OXY y la renegociación de los contratos petroleros.

La violenta actitud gubernamental y de las Fuerzas Armadas no logró amedrentar a los trabajadores, que fueron rodeados por la solidaridad de la población de esas provincias y de las autoridades locales, que asumieron como suyas las demandas de los trabajadores, y con lo cual demandaban también el cumpliendo de los acuerdos firmados en el último paro con el Gobierno, de los cuales no se han cumplido ni un 10%.

Cronología de la huelga

  Los trabajadores peroleros tercerizados habían participando activamente en los paros provinciales y biprovinciales de Sucumbíos y Orellana. Esto les da experiencia en la lucha.

  En el último paro biprovincial de agosto de 2005 son acogidas dentro de la plataforma las reivindicaciones de los trabajadores, que son aceptadas por el Gobierno de Alfredo Palacio. Las acciones del pueblo y trabajadores cerraron definitivamente la producción petrolera.

  En diciembre del 2005 constituyen la FETRAPET y establecen su plataforma de lucha: oposición a todo tipo de tercerización y la contratación directa exigidos en el paro biprovicial. Restitución de la autonomía administrativa y financiera de Petroecuador, la cancelación de deudas pendientes a los trabajadores tercerizados; la salida de la OXY y la no firma del TLC.

  El día 6 de marzo declaran la huelga, se militarizan y ocupan todos los campos petroleros, los trabajadores son desalojados, los detenidos son puestos a disposición de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía y juzgados.

  El día 7 marzo, la producción petrolera baja al 25%. El Gobierno declara el estado de emergencia, anula las garantías constitucionales de reunión, libre expresión y circulación, establece el toque de queda en toda la región. Esta medida afectó también a las autoridades locales como alcaldes, prefectos, concejales, consejeros y dirigentes populares.

  El día 8 de marzo es detenido Remigio Sornoza, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros Tercerizados, a la que se suman detenciones de varios trabajadores y se emiten nuevas ordenes de detención. Se militariza la ciudad de Nueva Loja, en Sucumbíos. Los trabajadores de Petroproducción se solidarizan con la huelga. Son detenidos 4 trabajadores en el campo Auca. La prefecta Guadalupe LLori visita a los huelguistas. Ese mismo día son retenidos dos militares con los cuales se pide canje con los detenidos.

  Se enfrentan militares y pobladores en la ciudad de Sacha.

  9 de marzo, el alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, firma el recurso de Habeas Corpus para Remigio Sornoza, los militares lo vuelven a apresar.

  La huelga que tenía una duración de 48 horas se declara indefinida.

  El 10 de marzo se convoca a una reunión de las asambleas provinciales de Sucumbíos y Orellana. Los lugares donde éstas debían funcionar son sitiados. En Sucumbios cambian de lugar y realizan su asamblea, en Orellana rodean el sitio de la asamblea y hay sobrevuelos de helicópteros del Ejército; aplican el toque de queda e irrumpen brutalmente en la Asamblea. El alcalde de Sacha es detenido, lo miso sucede con la Prefecta de Orellana y la alcaldesa del Coca, Anita Rivas. Se dan fuertes enfrentamientos entre la población y Ejército por el apresamiento de sus autoridades. Se propone realizar la Cumbre Amazónica con el propósito de realizar un paro regional.

  En Sacha la población retiene a 5 militares. La población del Coca se dirige al sitio donde están los detenidos y pide su libertad. En Sacha la población libera a su alcalde y se dirige al Coca para hacer lo mismo con las autoridades locales.

  Autoridades de Petroecudor piden dialogo, un delegado de la empresa busca conversaciones con los trabajadores.

  Liberan en Orellana a todas las autoridades del Consejo Provincial por la presión popular, liderada por el Acalde se Sacha. Entonces se libera a los 5 militares.

  El 11 de marzo la huelga continúa; el Presidente de la UGTE se dirige a la zona para seguir coordinando las acciones y las negociaciones con Petroecuador, en ella se avanza en acuerdos respecto de la cancelación de los salarios atrasados y se negocia la estabilidad por tres años. Se suspenden momentáneamente conversaciones hasta que se pare una nueva arremetida militar contra la población de Dayuma, donde son retenidos por los indígenas huauranis dos oficiales. Se plantea canjear a los dos oficiales por la liberación de Remigio Sornoza y otros dos trabajadores acusados de sabotaje.

  Al cierre de esta nota las acciones continúan. El Prefecto de Sucumbios encabezará una nueva marcha.