¿Cómo así que el Estado peruano a través del Ministerio del Interior capitaneado por Fernando Rospigliosi celebró en febrero y abril del 2002 convenios con Proética empresa que no existía entonces, ni por casualidad, en los Registros Públicos? ¿Puede el Estado contratar con firmas fantasmas? ¿No será ésta la madre del cordero y la verdadera razón por la que debía responder Rospigliosi ante la Comisión de Fiscalización en días pasados?

Veamos. La Comisión acordó “ampliar las investigaciones practicadas, a fin de que, en su oportunidad se determine la presunta responsabilidad en que podrían haber incurrido quienes, sin mediar licitación o concurso público, suscribieron y prorrogaron el convenio celebrado con una entidad privada para que actuara como observadora del proceso, la misma que carecía de personería jurídica (...)”. Fernando Rospigliosi era el ministro del Interior y renunció a raíz de los sucesos que costaron la trágica pérdida de vidas humanas en Arequipa en junio del 2002. Le sucedió Gino Costa quien prorrogó los contratos con la empresa fantasma Proética.

¿Quiénes integraban Proética y firmaron en nombre de una entidad inexistente?: Salomón Lerner Ghitis por Transparencia; Ricardo Uceda por Instituto Prensa y Sociedad, IPYS; ADEX y José Ugaz, por Proética. El Perú ha malgastado US$ 30 mil dólares, a través del PNUD -que cobra 3.5% por su intermediación- en una empresa fantasma y por la contratación de profesionales.

Como es de público conocimiento, Rospigliosi no contestó nada sobre el particular y en cambio sí cargó la tinta en acusaciones de grueso calibre contra el congresista Mufarech. Por extraña coincidencia, amigotes y relacionados del ministro, hoy derraman peticiones y lágrimas de solidaridad para con él. Y, por cierto, endilgan denuestos varios a Mufarech. Cada quien puede decir, escribir o firmar lo que le venga en gana. Pero en este caso pareciera ser que hay un contrabando notable que pretende ser escondido so pretexto de las inconductas atribuidas a Mufarech.

¿Izquierda caviar y derecha momia unidas, jamás serán vencidas?

Si Rospigliosi sabía lo que ha dicho ¿por causa de qué no denunció a Mufarech en los dos años últimos, desde que fue ministro del Interior en el 2002 y lo que va del 2004 y que ahora sólo pone en conocimiento de una anodina y prescindible Comisión de Etica del Congreso? ¿O es que no tiene pruebas fehacientes? ¡Aquí hay algo que merece una aclaración urgente!

Rospigliosi exhibe facturas de unas muestras y Mufarech sostiene que éstas corresponden a unas que su empresa vendió a Gorak (la que ganó la licitación policial) y no al Ministerio del Interior y que además habrían sido fabricadas casi 6 meses antes del suceso investigado por la Comisión de Fiscalización. De ser cierto esto, Rospigliosi ya no podría usar como pruebas las facturas.

Rospigliosi dice que Mufarech, su familia y empresas partiparon o tuvieron interés. Pero un comandante de la PNP, vinculado estrechamente a la licitación afirma haber conversado dos veces con Yamil Mufarech, hijo del congresista, y éste le dijo que no podía concursar porque su padre era legiferante. Esto ocurrió en el 2003 y hace pocos días en presencia del propio ministro Rospigliosi.

Según el comunicado público de Mufarech, Rospigliosi le envía un oficio elaborado por la Dirección General de la PNP por la que se establece que ni su familia o él, habrían tenido participación o interés en la licitación policial. De ser exacto este dato ¡o Rospigliosi no sabe lo que envía con su firma o ha mentido descaradamente!

Lo único pendiente que tiene por tratar la Comisión congresal en torno a la licitación policial del 2002 es lo transcrito en el primer párrafo de este artículo sobre la actuación de los ministros Rospigliosi y Gino Costa. El resto ya está en manos del Poder Judicial. ¿A cuento de qué tanto escándalo? ¿O estamos frente a una desvergonzada cortina de humo para diluir graves y punibles inconductas de estos dos señores? ¿Y, por consiguiente, la de todos sus compinches?

¡Ataquemos al poder; el gobierno lo tiene cualquiera!

Hay que romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz.