Red Voltaire
Razón de Estado

Jean Louis Bruguière, un juez francés con poderes excepcionales

Cuando realizan sus investigaciones sobre asuntos de Estado, los jueces antiterroristas se encuentran siempre en la frontera entre derecho y la razón de Estado. Al mezclar géneros, Francia se ha dotado de una jurisdicción de excepción para tratar esos asuntos. En dos décadas, el juez francés Jean-Louis Brugière ha multiplicado las instrucciones-espectáculo, los arrestos masivos y las declaraciones mordaces. Pero con frecuencia sus conclusiones han resultado desautorizadas por los magistrados de la corte, mientras que las verdaderas soluciones se negocian políticamente en secreto.

| Paris (Francia)
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El terrorismo es un método de lucha manejado por un Estado o contra un Estado. Por lo tanto, tiene que ver con categorías militares o paramilitares.

No obstante, puede tratarse con un enfoque diplomático y a la vez bajo la óptica del derecho. En tal caso, los jueces que instruyen esos hechos investigan asuntos de Estado. Más que reprimir crímenes, su función es establecer una jurisdicción sobre los conflictos para hacer que la tensión disminuya restándoles dimensión política, a veces disimulándola.

Para servir el interés superior del Estado disponen de poderes excepcionales, contrarios a los principios elementales del Derecho y de la democracia.

El antiterrorismo: entre derecho y razón de Estado

Desde mediados de los años 1980, una ola de atentados sacude Francia. Por entonces, el país estaba inmerso en un complejo proceso diplomático con la República islámica de Irán. En los años 1970, bajo el Shah, París se había comprometido a suministrar uranio a Teherán, a cambio de una participación de mil millones de dólares iraníes en el seno del consorcio Eurodif que administra la construcción de la central nuclear de Pierralatte.

Sin embargo, habida cuenta de las implicaciones de seguridad que planteaba la transferencia de ese tipo de tecnología, París se desentiende de sus compromisos cuando sobreviene la revolución islámica. El ayatollah Khomeiny, por el contrario, estima que el contrato se había firmado con el Estado iraní y no con el régimen precedente.

Empieza entonces una larga campaña de atentados en territorio francés para forzar a François Mitterrand a respetar lo firmado. Al propio tiempo, se envían ciudadanos franceses al Líbano como moneda de cambio.

Lo que está en juego en esa «guerra» [1] que no confiesa su nombre evidentemente no puede hacerse público.

Para todos los protagonistas de ese asunto, resulta inimaginable explicar a la opinión pública francesa que París prometió a Irán el arma nuclear, en el mismo momento en que estaba produciendo un reactor con destino a Irak [2]. Así, Irán jamás reivindicará oficialmente esos atentados, y Francia tampoco lo acusará.

Por el contrario, los diferentes atentados que dieron un ritmo a las negociaciones diplomáticas quedarán encubiertos bajo densas pantallas de humo Se les atribuyeron a diferentes organizaciones, con distintos objetivos, y con una distinta manera de operar. La justicia antiterrorista cuidará particularmente de que no haya nada que permita vincular oficialmente a unos y otros.

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Georges Besse

Un ejemplo perfecto de esta actitud es el del asesinato de Georges Besse, el 17 de noviembre de 1986. El atentado se atribuyó oficialmente a Acción Directa basándose en octavillas que el movimiento dejó en el lugar de los hechos.

Se siguió la pista. La investigación se le confió al juez Bruguière cuando finalmente a principios de 1987, se da a conocer una reivindicación oficial el 13 de febrero de 1987, o sea, tres meses después de los sucesos. Aparecía redactada en forma de carta mecanografiada de veintiséis páginas enviada a la agencia de noticias AFP.

Dicho documento evoca al «salvaje de Besse» cuya eliminación concretaría «la escalada del antagonismo entre las clases, entre liberación y opresión, entre poder obrero y explotación» [3]. Algo caído del cielo para el poder establecido, que se aprovecha de las nuevas leyes para detener de inmediato a Jean-Marc Rouillan, Nathalie Ménigon, Georges Cipriani y a Joëlle Aubron [4]. Estos habrían decidido a cuenta de las Brigadas Rojas matar en nombre de la lucha contra la opresión capitalista.

Esta hipótesis no resiste al análisis realizado por Dominique Lorentz.
Efectivamente, ¿cómo no establecer el vínculo con el atentado perpetrado el 14 de septiembre de 1986, o sea, dos meses antes contra el bar Renault y que se atribuyó oficialmente al Comité de Solidaridad con los Prisioneros Políticos Árabes y del Cercano Oriente (CSPPA)?

¿Cómo sobre todo pasar por alto que de 1956 a 1982, Georges Besse había sido una de las figuras clave del programa nuclear francés e incluso llegó a ser presidente de Eurodif [5]?

¿Cómo, en suma, pudieron ignorarse las negociaciones diplomáticas que tuvieron lugar aquel día entre Francia e Irán? A media tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores anunciaba la firma de un acuerdo parcial sobre la solución del contencioso Eurodif, con un pago de 300 millones de dólares de Francia a Irán.

Poco después, «un interlocutor anónimo que dice pertenecer al OJR (Organismo para la Justicia Revolucionaria) anuncia la liberación inminente de uno de los rehenes franceses en el Líbano» [6]. Esas preguntas jamás serán formuladas. Nunca los miembros de Acción Directa reconocerán en documento alguno haber estado implicados. Sin embargo, serán fuertemente condenados cuando termine la instrucción del juez Bruguière y de su proceso, cuya estrategia de defensa será mantener el silencio.

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Jacques Attali

El mismo libreto se reproduce el 19 de septiembre de 1989 con el atentado al DC-10 de la UTA, que sobrevolaba el desierto de Ténéré. El ataque cobra 172 víctimas, y la investigación está a cargo del juez Bruguière quien orienta de inmediato sus pesquisas hacia la Libia de Khadafi.

Sin embargo, ya la prensa árabe había brindado indicios sobre posibles autores: como escribe Dominique Lorentz, «la víspera del atentado, una carta que publica el diario libanés As Shira acusa al gobierno de Jacques Chirac y señala por su nombre a Jacques Pasqua por no haber cumplido sus compromisos contraídos con Irán. Insta al gobierno socialista a «enmendar los errores de sus predecesores en interés de todos». (...) Según [el redactor en jefe del diario], esa carta tendría el doble valor de anuncio y reivindicación del atentado. Asegura que «existe una relación directa entre la ausencia de respeto a las promesas hechas [...] y el atentado». Explica: “En las promesas incumplidas hay dos puntos.” El primero es de orden financiero. El segundo “es mucho más importante y tiene que ver con las negociaciones [...] entre París y Teherán” ».

No puede tratarse sólo a las discusiones atinentes al programa nuclear iraní. Aquí interviene el secreto de Estado: en su Verbatim, Jacques Attali, quien habitualmente recoge el menor atentado ocurrido contra una oficina de correos de Córcega, no menciona absolutamente nada de las 171 bajas del DC 10 de la UTA, ni el 19 de septiembre ni en ninguna otra ocasión.

De manera que el juez Bruguière puede retomar por su cuenta la visión defendida por la Asociación SOS Atentados, de la Sra. Françoise Rudetzki, y por Washington en el expediente del atentado Lockerbie, muy semejante al del DC 10.

Trípoli (capitalde Libia) era en aquellos momentos el enemigo declarado número uno, así designado por los Estados Unidos. Incluso Pierre Péan, proclive a apoyar el criterio mitterrandista, plantea en su obra Vol UT 772 - Contre-enquête sur un attentat attribué à Khadafi, la fragilidad de los testimonios sobre los que se apoya el magistrado [7]. En septiembre de 1995, será el antiguo director de la DGSE (los servicios de contra-espionaje francés), Claude Silberzahn, quien formulará dudas sobre la verdadera identidad de los responsables del atentado, ganándose la cólera de Françoise Rudetzki.

A renglón seguido, investiga sobre el asesinato del opositor iraní, Chapour Bakhtiar. Su instrucción culmina en el proceso de tres iraníes, en noviembre de 1994: uno de ellos es condenado a diez años de prisión por haber ayudado a los dos asesinos a obtener una visa; uno de los dos criminales, Alí Vakili Rad, es condenado a prisión por dispararle al ex primer ministro iraní.

El tercero, Zeynal Abedine Sarhadi, por el contrario, resulta libre de cargos. En junio de 1995, se organiza un nuevo proceso para juzgar a seis iraníes evadidos. La sala especial de lo criminal de París les condena a cadena perpetua por contumacia.

El antiterrorismo: entre derecho y neocolonialismo

La lucha contra el terrorismo permite asimismo emprenderla contra los movimientos independentistas. Todo un conjunto de actividades del juez Bruguière involucró a diversas organizaciones de esa naturaleza, particularmente en Guadalupe.

Hace arrestar a finales de abril de 1987, a uno de los militantes independentistas más buscados, Humbert Marboeuf, y lanza grandes operaciones contra las redes que lo apoyan, particularmente la ex Alianza Revolucionaria Caribe (ARC, disuelta en abril de 2004) y el Movimiento Popular por Guadalupe Independiente (MPGI), que según la policía, es la cobertura oficial del ARC.

Por entonces, el prefecto regional no es otro que Yves Bonnet, ex director de vigilancia del territorio (DST). En el curso de su interrogatorio, Humbert Marbœuf supuestamente habría sido «víctima de maltratos corporales» imposibles de comprobar después que intentó evadirse saltando por la ventana del primer piso del servicio regional de policía judicial de Antillas-Guyanne [8].

No es esa la única sombra en esta impactante redada en los medios independentistas: efectivamente, algunos de los dirigentes fueron «secuestrados» en territorio de un Estado extranjero, San Vicente, islas caribeñas que pertenecen al Commonwealth, donde pensaban encontrar refugio.

Una operación que montó la policía francesa, al borde de la legalidad, pero con la bendición de las autoridades de la isla: según el prefecto Bonnet, ese arresto era el «fruto de una intensa actividad diplomática francesa en el Caribe» en el momento en que se estaba celebrando una reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a propósito de la deuda de los países caribeños.

Conducidos a la fuerza por la policía francesa a Guadalupe, los recibe allí el juez Bruguière quién había llegado especialmente al lugar para inculparles de asociación con malhechores y de actos de terrorismo.

Esas dudosas condiciones de arresto darán lugar a que sus abogados hablen de «rapto legal» [9]. Los independentistas serán finalmente amnistiados el 23 de mayo de 1989, en detrimento del juez Bruguière.

El derecho de excepción o la ausencia de derechos

Podemos entender la exasperación de los abogados de la defensa, hasta tal punto resultan «particulares» las condiciones de los arrestos de las personas implicadas por el juez Bruguière: en enero de 1988, seis meses después de haber sido detenidos, los militantes independentistas guadalupeños «todavía no habían comparecido ante el juez.

No tenían autorización para recibir visitas, menos uno de ellos, y seguían encarcelados bajo el régimen de aislamiento » según sus abogados [10]. El régimen que se impuso a los presos de Acción Directa fue todavía peor: confinados al aislamiento total, los cuatro miembros principales -Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillan, Georges Cipriani y Joëlle Aubron- emprenden una huelga de hambre el 1º de diciembre de 1987.

Se les obliga a permanecer solos en la celda, y, cuando salen al exterior, casi no tienen permiso para comunicarse y se les somete a distintos atropellos: se les enciende la luz en la celda varias veces durante la noche, se prohíben las visitas, se reiteran los cacheos corporales. Respuesta de las autoridades: se trata de un «régimen adelgazante» para Robert Pandraud, de una «huelga a medias ya que continúan alimentándose con vitaminas». La condición de prisioneros políticos nunca les será concedida [11].

Es cierto que los poderes de un juez de instrucción antiterrorista tienen algo de exorbitante. El informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos en este sentido resulta elocuente.

Titulado «La puerta abierta a lo arbitrario», ese documento los enumera: Capacidad ampliada de investigación, arresto para investigación de cuatro días en vez de dos; derecho a un abogado únicamente pasadas las 72 horas.

A eso hay que añadir la complacencia con la que los Tribunales tratan los expedientes de los jueces de instrucción antiterrorista: amplia interpretación de la intencionalidad criminal, tolerancia respecto de las pruebas materiales poco significativas, calificación abusiva de los actos de «terrorismo». Los relatores denuncian asimismo las capacidades exorbitantes en materia de arrestos, la ausencia de respeto a la presunta inocencia en el transcurso de los interrogatorios, la dificultad de los abogados para acceder a los expedientes del juez.

En fin, es el propio modo de producción de la prueba lo que se pone en tela de juicio; por un lado, los dos autores señalan que la instrucción se hace por lo general «exclusivamente por cargo» lo cual contraviene la propia condición del juez de instrucción en Francia, pero también que este se basa en la expresión de libertades individuales para intentar demostrar las intenciones terroristas de los detenidos.

Por eso los expedientes de instrucción antiterroristas están llenos de octavillas políticas o religiosas como «pruebas» de intenciones criminales.

Jean-Louis Bruguière sabe todo eso. Más aún, sabe utilizarlas como armas. Cuando el estado de salud de los dirigentes de Acción Directa se tornó crítico en julio de 1989, el Ministerio de Justicia intentó obtener del juez que suavizara el régimen de detención.

El magistrado hizo caso omiso y se opuso a levantarles las medidas de aislamiento [12]. Finalmente aceptará quitarles la prohibición absoluta de comunicarse que había ordenado para los cuatro jefes históricos del movimiento.

Incontables incidentes van por demás a demostrar que el juez mostraba una tendencia a enviar a prisión a quienes se le ponían enfrente. Tal es el caso del doctor Jacques Darmon, en cuyo domicilio la policía había encontrado armas, municiones y explosivos. El médico siempre aseguró que ese material se lo habían plantado allí sin su conocimiento.

Pese al apoyo de veintiún médicos, signatarios de una petición a su favor, y la confirmación de su versión por un ex autónomo allegado a Acción Directa, Hamid Lallaoui, permanecerá detenido desde abril de 1986 hasta marzo de 1988, antes de ser puesto en libertad por disposición de la sala de acusación del tribunal de apelación de París [13].

Annelyse Benoit, simpatizante de Acción Directa, también permanecerá detenida desde el 13 de diciembre de 1984 hasta el 13 de agosto de 1988. Si bien se le eximió en julio de 1988 de una parte de las acusaciones que se le imputaron, el juez Bruguière rechazó su petición de libertad. Finalmente fue la sala de acusación del tribunal de apelación de París la que ordenará su liberación bajo control judicial [14]. Una vez más, los jueces de la corte desautorizan al magistrado.

Razón de Estado franco-argelina

Luego de haberse impuesto de los atentados vinculados con el Cercano Oriente, que le llevaron también a tratar los expedientes de Acción Directa, se le encargan al juez Bruguière a partir de 1994 varios expedientes vinculados a las ramificaciones francesas del Frente Islámico de Salvación (FIS) argelino y al Grupo Islámico Armado (GIA).

Investiga el intento de desviar el Airbus de Air France en diciembre de 1994 y, de una manera más amplia, las «redes islamistas», en línea con la política de Charles Pasqua. El respaldo del Ministerio del Interior no le incita a actuar con moderación. En noviembre de 1994, lanza una redada en esos medios y de un solo golpe inicia setenta y nueve investigaciones.

Entre estas, Le Monde cita el caso de Marie-Noëlle D: por haber prestado su apartamento a su hija y al marido de esta, argelino, quien ulteriormente alojó a un islamista, tiene que sufrir tres meses y medio de arresto [15]. Las redes desmanteladas son las de los hermanos Chalabi, delincuentillos de poca monta de las afueras. En junio de 1995, organiza nuevamente «una amplia batida en los medios islamistas» y dispone el arresto de ciento cuarenta personas. Después participó en la investigación sobre el atentado al tren rápido urbano Saint Michel, del 25 de julio de 1995, que realiza uno de sus discípulos, el juez Ricard, y que fue atribuido al GIA, lo mismo que la ola de acciones terroristas que le sucedió.

Simultáneamente, el juez antiterrorista Laurence Le Vert lanza una importante operación de policía judicial «contra los medios integristas islamistas, en las regiones parisina y lionesa, al igual que en el departamento del Isère».

El 7 de septiembre, el equipo se refuerza con la llegada al seno del pool antiterrorista del juez Gilbert Thiel. Las operaciones «a puñetazos» se multiplican en los medios islamistas, al punto de que empieza a surgir una hipótesis que hace suya el ministro del Interior, Jean-Louis Debré; este habría declarado el 15 de septiembre de 1995: «La seguridad militar argelina quería que partiéramos de pistas falsas sencillamente para eliminar a la gente que le estorbaba» [16]. Rápidamente, el conjunto de expedientes es cerrado cuando muere Khaled Kelkal, el 29 de septembre de 1995: el ministro hace responsable al argelino de todos los ataques y pone fin a todas las batidas.

Nuevos atentados, en octubre de 1995, dan nuevamente tela por donde cortar a los jueces antiterroristas: en total, a finales de 1995, hay 150 militantes islamistas detenidos provisionalmente.

¿Se habrán dejado manipular por Argel los jueces antiterroristas franceses? La salida jurídica que dieron a sus actos permite suponerlo. En julio de 1998, el proceso de la «red Chalabi» se abre en el gimnasio de la Escuela de Administración Penitenciaria aledaña a la prisión de Fleury-Mérogis.

Reagrupa a ciento treinta y ocho acusados entre estos veintisiete detenidos. Los abogados protestan contra la celebración de un proceso en la propia sede de la institución penitenciaria donde es difícil aplicar el derecho a la defensa.

El juez Bruguière no escapa a las críticas: numerosos detenidos jamás pudieron declarar en el tiempo que transcurrió entre el momento de su detención y el de su liberación luego de declararse su arresto sin lugar, los plazos de detención provisional fueron anormalmente prolongados, un procedimiento de arrestos masivos sobre la base de escasos indicios materiales, violaciones del secreto de la instrucción [17]. En enero de 1999, la tercera parte de los que guardaban prisión preventiva queda en libertad y si los «presuntos jefes de las redes islamistas» hicieron el papel de chivo expiatorio con ocho años de prisión, las sentencias dictadas son relativamente bajas en su conjunto.

La mayoría por irregularidades de estancia. La desautorización del juez es total [18].

La confusión de poderes: magistrado, político y periodista

Desautorizado, Bruguière también lo está en el expediente corso. Encargado de diversas investigaciones en los medios independentistas de Córcega, debe soportar la afrenta de asistir a la liberación de François Santoni, jefe de A Cuncolta, y de Mathieu Filidori, «considerado por los investigadores como uno de los pilares de la investigación sobre el asesinato del prefecto Erignac» [19].

Poco después, es puesto en tela de juicio con nombre y apellidos en un informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos dedicada a la justicia antiterrorista francesa. En abril de 1999, el caso de Abderrahmane M. da nuevos motivos a los adversarios del magistrado: la instrucción, permeada de errores de procedimiento, culmina en un proceso alucinante donde el ministerio público, a la par que «reconoce que [el acusado] “presenta todas las características de alguien que puede reinsertarse”», requiere tres años de prisión y cinco de prohibición en el territorio nacional [20].

El proceso de los islamistas detenidos en ocasión de celebrarse la Copa Mundial en Francia en 1998, culminó en el año 2000 con la liberación de dieciséis de los veinticuatro presuntos miembros de la red. El método Bruguière ha sobrevivido.

Sin embargo, las sucesivas desautorizaciones judiciales inflingidas al magistrado deben apreciarse en la óptica de los servicios prestados en «interés superior del Estado». Los poderes excepcionales de juez antiterrorista no combinan con la democracia. Hacen de él un personaje híbrido mitad juez, mitad político, siempre comunicador.

Mientras que los magistrados suelen ser ejemplos de discreción, Jean-Louis Bruguière se convirtió en una estrella internacional. Así, el pasado 12 de mayo, en la Brookings Institution, Participó en un coloquio sobre las relaciones franco-norteamericanas después de la guerra de Irak.

Pronunció las conclusiones, en calidad de magistrado, después que el embajador de Francia Jean-Daniel Lévitte hizo uso de la palabra. Al hablar en nombre de Francia, elogió particularmente la victoria militar de Estados Unidos en Irak en una guerra que la diplomacia francesa había sin embargo considerado como carente de fundamento jurídico.

Siempre en calidad de juez antiterrorista Jean-Louis Bruguière fue invitado en mayo de 2003, a unirse al muy selecto club de Bildeberg, donde se reúnen dirigentes políticos, económicos y mediáticos bajo los auspicios oficiosos de la OTAN.

Una actividad incompatible con el principio constitucional de separación de poderes y que pone de manifiesto por el contrario la veta política de los magistrados antiterroristas. Las investigaciones antiterroristas, dado que no siempre están concebidas para tener una conclusión jurídica, como lo demuestran los ejemplos precedentes, persiguen entonces propósitos de «comunicación».

Así, el 10 de marzo de 2004, el diario Le Monde revelaba las conclusiones de la instrucción del atentado que costó la vida al presidente Juvenal Habyarimana y a miembros franceses de la tripulación. Dejaban entender que el jefe de los insurgentes tutsis, Paul Kagamé, había organizado la operación y que la ONU la había protegido obstaculizando el curso de la justicia.

El trabajo, publicado la víspera del aniversario del genocidio, apuntaba a hacer responsables a los tutsis de la matanza de la que fueron víctimas. La acusación se contradice por numerosos elementos materiales y las imputaciones contra la ONU han fracasado desde entonces. De todas maneras, el diario presentaba los trabajos del juez como el de alguien que trabajase por su cuenta y las conclusiones de la instrucción como el «scoop» del juez Bruguière.

[1] Para un relato completo de las negociaciones nucleares franco-íraníes y sobre la campaña de atentados de 1986-1987, ver el libro en francés: Une Guerre, de Dominique Lorentz, editorial Les Arènes, 1997, París, Francia.

[2] Francia suministra un reactor nuclear experimental al Irak de Sadam Husein a principio de los años 1980. Fue destruido por un ataque aéreo del ejército israelí. Tel Aviv pretendió mantener su avance sobre sus vecinos y quedarse como la única potencia nuclear en el Cercano Oriente.

[3] «Nueva revendicación por Action directe del asesinato de Georges Besse», diario francés Le Monde, 13 de febrero de 1987.

[4] «Nathalie Ménigon y Joëlle Aubron serían los autores del asesinado de Georges Besse», por Edwy Plenel, diario francés Le Monde, 25 de febrero de 1987.

[5] Según la información del Who’s Who de 1986, Georges Besse fue sucesivamente «ingeniero de fondo en las minas de hierro de Bazailles, luego ingeniero del servicio de minas de Béthune (1954-1955), adjunto del director industrial (1956-1958) del Comisariado de la Energía Atómica (separación isotópica por difusión gaseosa), director general (1958-1967) y gerente (desde 1958) de la Sociedad de Construcción de Fábricas de Separación Isotópica (USSI), director general del Grupo atómico Alsacienne-Atlantique (1964-1970), (...) presidente del Directorio de Eurodif (1974-1976), director general y luego presidente de Cogema (1976-1982), de Pechiney (1982-1985), presidente y director general de la Compañía Nacional de las Fábricas Renault (desde 1985)».

[6] Une Guerre, op.cit.

[7] Libro: Vol UT 772 - Contre-enquête sur un attentat attribué à Khadafi, de Pierre Péan, editorial Stock, 1992, Francia.

[8] «El Estado demanda juicio por difamación», por André Léger, diario francés Le Monde, 30 de abril de 1987.

[9] «Según los abogados de los independentistas de la isla Guadalupe, Luc Reinette y sus compañeros habrían sido “secuestrados” por la policía francesa», por Corine Lesnes, diario francés Le Monde, 1o de agosto de 1987.

[10] «Détenu depuis le mois de juillet, Luc Reinette demande le dessaisissement du juge Bruguière», diario Le Monde, 7 de enero de 1988.

[11] «En el corredor del aislamiento», de Agathe Loegart, diario Le Monde, 20 de febrero de 1988.

[12] «La chancellerie cherche un moyen de mettre un terme à la grève de la faim des quatre "chefs" d’Action directe», por Agathe Logeart, Le Monde, 19 de julio de 1989.

[13] «Le docteur Jacques Darmon est mis en liberté», diario Le Monde, 21 de marzo de 1988.

[14] «Remise en liberté d’une sympathisante d’Action directe », Le Monde, 13 de agosto de 1988.

[15] «Marie-Noëlle D..., le juge Bruguière et les islamistes», por Jean-Michel Dumay, Le Monde, 17 de febrero de 1995.

[16] «Atentados: Jean-Louis Debré severamente criticado», por Franck Johannes, diario francés Libération, 23 de septiembre de 1995.

[17] «Procès Chalabi: il va y avoir du sport dans le gymnase», por Frank Johannes, Libération, 1o de septiembre de 1998. «Les avocats dénoncent la méthode Bruguière», por Florence Aubenas y Dominique Simonnot, Libération, 18 de septiembre de 1998.

[18] «Un tercio de los acusados del proceso Chalabi soltados», por Marc Pivois, diario francés Libération, 23 de enero de 1999.

[19] «Santoni libéré, un désaveu de la méthode Bruguière», por Frank Johannes, diario Libération, 11 noviembre de 1998.

[20] «Trop d’erreurs de procédure pour un seul homme», por Marc Pivois, diario Libération, 10 abril de 1999.

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