Durante estas últimas semanas, luego desatarse el escándalo de la “parapolítica”, desde distintos sectores se ha empezado a reclamar impetuosamente la verdad. Sin embargo, el trabajo de muchas personas y organizaciones, entre ellas el Movimiento de Víctimas, ha venido insistiendo por años en que la verdad sobre los crímenes cometidos por los paramilitares salga a la luz, ¿Por qué ahora sí que se sepa toda la verdad y antes no?

Han ido surgiendo, como producto de un esfuerzo de décadas de trabajo muy paciente, de una obstinación muy grande de los familiares de las víctimas directas y de las organizaciones de derechos humanos, una serie de premisas que hacen posible hoy que comiencen a aparecer, de una manera cada vez más clara, hechos que nosotros habíamos señalado desde hace mucho tiempo. Ante esta situación, hay sectores que rápidamente han pasado de encubrir a toda costa y de silenciar por todos los medios esa verdad, a presentarse ante la opinión pública como adalides de la verdad y como sus primeros defensores y quienes la exigen con más fuerza; cuando es sabido y conocido que esos mismos sectores han hechos esfuerzos por encubrir de todas las formas posibles esa verdad.

Se realizó la semana pasada una audiencia ciudadana en San Onofre, Sucre ¿Qué hechos la motivaron y qué fue necesario para que se llevara a cabo?

Nosotros hemos venido acompañando a la comunidad de San Onofre (S.O.) durante todo este año, desde que comenzamos como Movimiento de Víctimas a desarrollar nuestro trabajo en el país, decidimos que una estrategia fundamental iba a ser precisamente el trabajo en esta región. Tomamos esta decisión porque valoramos que lo ocurrido en S.O. tenía unas características ejemplares en dos dimensiones: Por una parte, en ese lugar del país se desarrolló un régimen de terror y la construcción de un Estado al servicio del paramilitarismo y de la estrategia de los políticos, que tuvo muchos ingredientes que han mostrado una violencia múltiple contra una población. Y por otra parte, un trabajo de resistencia y organización por parte de la comunidad, que desembocó, a comienzos de este año, en la primera gran movilización de la población de S.O. para mostrarle al país lo que había sido la realidad de las fosas comunes y los cementerios clandestinos que hay en esta región.

A partir de esta constatación, nosotros hemos desarrollado un trabajo de acompañamiento de ayuda en materia de difundir lo que ha ocurrido allí y parte de este proceso ha contribuido a que en el plano nacional se comiencen a producir resultados en las investigaciones sobre la implicación de políticos que han ostentado cargos en el Parlamento y que han estado dirigiendo todo este proceso de corrupción y criminalidad.

De esa forma, hacia mediados de este año la comunidad lanzó un llamado de alerta puesto que se había detectado una nueva presencia paramilitar reforzada. Se nos había dicho que en S.O. tuvo lugar una reunión entre políticos locales y el paramilitar alias Diego Vecino, para concertar la manera como el poder político se iba a volver a controlar a través de la elección de un alcalde que es hermano de la ex congresista Muriel Benito Rebollo. En el mes de agosto aparecieron los primeros signos de que se intentaría silenciar a los testigos que estaban comenzando a hacer declaraciones contra estos políticos, y entre septiembre y noviembre 9 personas fueron asesinadas en el departamento de Sucre.

A partir de ese momento se han producido las capturas de 4 diputados, el notario de S.O.; otras personas tienen en este momento investigaciones, algunas están prófugas y otras esperan ser judicializadas. Sin embargo, el Alcalde de S.O., que es un personaje que ha jugado en todo este proceso un papel protagónico y tiene una responsabilidad muy grande, puesto que como burgo maestre del municipio fue la persona encargada de proteger a los paramilitares, hacer que sus acciones se mantuvieran encubiertas para la opinión nacional, y por otra parte, él mismo participó en el proceso de saqueo de los recursos públicos en el proceso de control sobre el gobierno local, en fin, fue una persona clave en este proceso de establecimiento de este sistema de terror y de robo descarado de los recursos públicos. Pues este Alcalde se mantiene hasta hoy en el gobierno local. Entonces, con la comunidad se decidió realizar una audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; se habló con el congresista Alexander López quien solicitó la audiencia y efectivamente la Comisión aprobó hacerla.

De esta manera, comenzamos a organizarla en medio de muchos obstáculos. Antes de la audiencia hubo varios hechos de presión, incluso un atentado contra una de las personas que trabaja con el Movimiento Nacional de Víctimas ( ver comunicado ). Por todos los medios de intentó que la comunidad no compareciera a la audiencia; en muchos municipios el Alcalde distribuyó dinero para que la gente no viniera y simplemente pudieran estar en la audiencia personas adeptas a él, y que todavía se mantienen bajo el control de los grupos paramilitares. Sin embargo, a pesar de todo esto, el lunes anterior llegaron mil personas de todos los corregimientos y del propio casco urbano de S.O. al polideportivo. Algo que el Alcalde esperaba iba a ser un acto de respaldo y de alguna manera ratificación y legitimación de su gestión, se convirtió en una audiencia de repudio y de exigencia de su renuncia por parte de la comunidad.

¿Entonces la comunidad exigió la renuncia del Alcalde en plena audiencia?

Si, la comunidad, a pesar de que hubo muchos intentos de silenciarla, presentó múltiples testimonios y evidencias -300 testimonios aproximadamente-, muchos documentos probatorios de la manera como se han manipulado todos los recursos del municipio en los últimos 4 años. Además de eso, se relataron historias muy tristes pero al mismo tiempo aleccionadoras sobre lo que ha sido la resistencia de corregimientos como Libertad, por ejemplo. Ahí, la comunidad, después de haber soportado una década de vejaciones, que iban desde el trabajo forzado e las personas en formas casi de esclavitud, hasta la violación y el abuso sexual contra las mujeres, decidió en un momento determinado decir basta y, en un acto de rebeldía, linchó a uno de los jefes paramiliatres, lo cual significó que no volvieran estos jefes a ejercer el control sobre este corregimiento.

Pero como el caso de Libertad se presentaron muchísimos otros. En la audiencia hubo 18 testimonios de las personas de la región y todos ellos reflejaron que el Alcalde del municipio tiene una responsabilidad política y penal sobre lo que ha ocurrido ahí.

Acerca de los alcances de estos testimonios y denuncias ¿qué posibilidades hay de que desemboquen en investigaciones o procesos penales contra los responsables?

La primera de ellas es una denuncia penal que ya está siendo terminada en su redacción y en la sistematización de todas estas pruebas y documentos. Esa denuncia se le va a presentar al Fiscal General de la Nación; y también se va a solicitar que la Procuraduría, mediante una queja disciplinaria, tome las medidas conducentes a posibilitar la salida del Alcalde. Además de esto, se ha solicitado a la Contraloría que haga una auditoria general de todas las cuentas del municipio entre 1998 y 2006.

Habiéndose demostrado que es posible que las comunidades acudan a este tipo de espacios para dar a conocer sus testimonios y denunciar los crímenes que se han cometido en sus regiones ¿planean realizar más audiencias en otras zonas del país?

Sí, nosotros pensamos que este tipo de expresiones públicas pueden ser de mucha utilidad. Ahora, el caso de S.O. responde a un trabajo y a un proceso que se ha hecho con la comunidad, y este proceso hay que hacerlo en otras partes, o acompañarlo, porque estos procesos surgen desde de las propias comunidades. Las comunidades han ejercido la resistencia, han librado luchas muy importantes, ahora requieren que las organizaciones nacionales y la comunidad internacional, sin ningún tipo de suspicacia y sin ningún tipo de digamos prevenciones por lo que es este proceso de resistencia de las comunidades, den un apoyo y acompañen, sobretodo por la seguridad de las personas que participan localmente en estos procesos.

¿Qué medidas van a tomarse para proteger a las personas que dieron su testimonio?

Nosotros tenemos grandes preocupaciones por lo que pueda ocurrir con la comunidad de S.O. después de este acto en el que se le propinó una derrota a los paramilitares y sus representantes en el gobierno hoy.

Nosotros tomamos algún tipo de acciones antes de la audiencia. Existe una solicitud de la Comisión Interamericana de DDHH de medidas cautelares para 17 líderes de la región que trabajan con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Además de esas medidas, nosotros vamos a intentar que un equipo de lo que hemos llamado la Comisión Ética –que es una propuesta del Movimiento– esté permanentemente presente en el municipio. Además de esto, pensamos realizar misiones y presencia de observación escalonada para poder garantizar la mayor presencia internacional o nacional de organizaciones e instituciones que de alguna manera contribuyan a generar condiciones de seguridad para las personas de la comunidad.

¿El país va a conocer próximamente estos testimonios?

La idea es que se pueda hacer una publicación que sintetice los testimonios más representativos para que pueda servir como un insumo en el proceso de esclarecimiento.

Ustedes enviaron una carta dirigida al Presidente de la República solicitando la renuncia del Alcalde de San Onofre ¿han recibido alguna respuesta?

No. Esta carta tiene el carácter de un derecho de petición, o sea que las autoridades deben responder en un lapso de 10 días hábiles a esta solicitud. Estamos a la espera. Le hemos recordado al Presidente en esta carta que él mismo ha dicho que los funcionarios que están implicados en hechos que los comprometen con los grupos paramilitares tienen que presentar de manera inmediata e irrevocable su renuncia y ponerse a disposición de las autoridades judiciales.