Sí, ya había muestras de la incompetencia del Instituto Federal Electoral (IFE) en las elecciones presidenciales del año pasado. Algo notorio al dejar hacer todo lo que le vino en gana a Vicente Fox –del cual se quejó Luis Carlos Ugalde hasta el 18 de mayo del 2007, es decir casi un año después–, no impidió tampoco que un grupo de empresarios combatiera a Andrés Manuel López Obrador y fue incapaz de parar a tiempo la campaña de propaganda negra, orquestada por Antonio Solá y Dick Morris, estrategas de Felipe Calderón, entre otros asuntos. Ya no digamos su anticipación en declarar ganador al candidato del partido albiazul. Ahora la cosa es más preocupante.

Resulta que todos los partidos políticos contendientes en 2006 erogaron 3 mil 500 millones de pesos en propaganda. De esa cifra, el 75 por ciento fue en radio y televisión. Lo que muestra, claramente, que los medios audiovisuales son los gananciosos. Además, que vivimos en la república del spot, algo que no ayuda sino perjudica la democracia, el juego de ideas.

Pero hay algo peor, de los 757 mil 545 anuncios que se emitieron, 281 mil 26 no se sabe quiénes los pagaron, si fueron regalo de las radiodifusoras, si existió financiamiento privado para los mismos.

Estamos hablando del 37 por ciento del total. Lo cual es una barbaridad, ya que más de una tercera parte se encuentran en el limbo, aunque ya el Papa haya dicho que esa zona no existe, pero el habla popular lo señala como algo indefinido, extraño, sin ubicación. Y ese número representa cerca de mil millones de pesos de erogaciones.

Y uno se pregunta: ¿Por qué esa irregularidad? Y la contestación la deben ofrecer los miembros del IFE, quienes por cierto contrataron a la empresa brasileña IBOPE, que no tenía experiencia en este tipo de monitoreo, sino en el de audiencias que sintonizan diversos medios. Aunque cobró 40 millones de pesos al respecto.

La crítica a tiempo en este caso la hicimos varios periodistas, y nunca se tomó en cuenta nuestra opinión; al contrario, se pagó lo que quiso y por largo tiempo a un consorcio que iba a fallar como ahora se hace notorio. Algo que muestra, otra vez, que los consejeros electorales actuales no hacen medianamente su trabajo y tienen oídos de artillero.

Para supuestamente remediar el problema, el IFE impuso una multa de 99 millones de pesos a los partidos contendientes. De estos, 51 millones fueron para la Alianza por México (PRI y PVEM), 25 millones para la Coalición por el Bien de Todos y 18 millones para el Partido Acción Nacional.

Por lo que se nota, todos cometieron esas y otras irregularidades. Incluso quedó pendiente una investigación exhaustiva para saber quiénes realmente abusaron de la propaganda y a hasta dónde llegaron sus faltas. Algo que no será nada fácil de desentrañar; es más, pensamos que todo quedará en una investigación no concluida, igual que muchas otras donde el abuso y la corrupción van de la mano. Algo muy común en nuestro país.

No debemos olvidar que en octubre de 2005, Televisa a través de su presidente, Emilio Azcárraga Jean, firmó un convenio con Luis Carlos Ugalde y el IFE. Entonces el joven que maneja la principal televisora dijo que “la transparencia era la mejor manera de cumplir (sic) con la democracia”. Por lo tanto, prometía que proporcionaría tres reportes acerca de los gastos de campaña de los partidos: el 15 de abril, el 30 de junio y el 30 de julio.

Remataba Emilio: daré “información detallada sobre (sic) los contratos, condiciones y detalles de las campañas de promoción y publicidad que realicen los partidos”.

Por su parte, Ugalde aseguró que dicho pacto era un “producto (sic) de buena fe” con la principal empresa que maneja la pantalla chica. Declaró, además, que ese tipo de acciones reforzarían “las condiciones de legalidad, equidad y transparencia del proceso electoral” que se avecinaba.

Luego de algunos días, Luis Carlos se aventó a suscribir otro acuerdo, ahora con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT). Los mensajes optimistas fueron por el mismo tenor. Estábamos pavimentando el camino para una elección histórica que permitiría un avance impresionante en el proceso democrático mexicano.

Algunos críticos, incluido este comentarista, señalaron que era un absurdo haber firmado antes con Televisa y después con la CIRT, ya que esta última organización englobaba a la que se inició en Chapultepec 18. Pero ya sabemos que los Azcárraga (en sus tres tiempos) imponen su ley y cuando no pueden, castigan a sus rivales por medio de sus conductores e informativos. Algo que hemos visto repetirse en la discusión acerca de la llamada Ley Televisa.

El papelón que están haciendo los consejeros electorales, una vez más, ha llevado a que todos los partidos con registro los critiquen. Algo terrible. La desvergüenza de Luis Carlos Ugalde y sus muchachos será memorable. Y es que jamás dan una.

Algunos especialistas señalan que entre los espots “extraños” se encuentran muchos de la guerra sucia contra Andrés Manuel. Todo puede ser. Lo mejor es conocerlos realmente y saber quiénes fueron los que pagaron la transmisión y cuáles fueron los productores. Transparencia, es verdad, pero en serio.

Por otro lado, Televisa insiste en imponer sus condiciones en todas partes sin importarle que en muchas ocasiones haya empeñado su palabra y no la cumpla. Para ellos como negociantes hay un solo objetivo: el dinero. Por eso importa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome en cuenta este último incidente de los anuncios aparentemente sin remitente para tomarlo en cuenta respecto a la ley de medios.

Tiene razón el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, la Suprema debe legislar sin pagar costos políticos, ideologizar el asunto o politizarlo. Pero como están las cosas, a raíz de la enfermedad del magistrado Juan José Gudiño Pelayo y la retirada de José Ramón Cosío, será difícil lograr los ocho votos de nueve viables que se requieren para inhabilitar una ley que viola diversos artículos de la Constitución y da grandes posibilidades al oligopolio de la radiodifusión para imponer una política parcial y únicamente con fines de lucro.

Una encuesta de María de las Heras señala que el 63 por ciento de los consultados dice que es necesario regresar la Ley Televisa al legislativo para su readecuación (Milenio Diario, 22 de mayo). Y curiosamente el senador Carlos Jiménez Macias, vocero del PRI en esa Cámara, coincidió con Santiago Creel y dijo que sí hubo presiones para los cambios que el año pasado se hicieron en los reglamentos de televisión y telecomunicaciones.

Como se nota, la ola de rechazo crece pero nadie puede asegurar que tanto la SCJN como los diputados y senadores realicen cambios de fondo.

Aunque tiene razón el doctor Diego Valadez, si en España en 1988 se legisló que “No podrán contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisión privada objeto de concesión” (El Universal, 23 de mayo), en nuestro país es urgente, necesario hacerlo, independientemente de las transformaciones en otros terrenos.

Fuente: Revista Contralínea
Fecha de publicación: Junio 1a quincena de 2007

Jorge Meléndez Preciado