El arbitraje interpuesto por Texaco en su casa, Estados Unidos, en la Asociación Americana de Arbitraje, y con el que pretendía cargar a Petroecuador y al Estado ecuatoriano toda la responsabilidad pecuniaria por la mala operación petrolera que por más de dos décadas realizó en Sucumbíos y Orellana, a pretexto de la cooperación con CEPE, fue causa para que el Ecuador demande ante una corte del mismo país y se impida dicho arbitraje, demanda que fue aceptada el mes anterior, y según el dictamen, la transnacional debe someterse a lo que decidan las leyes ecuatorianas en la corte de Nueva Loja.

Este fallo de la corte de Nueva York, a favor del Estado ecuatoriano y Petroecuador, es un duro revés, y significa que las puertas posibles para evadir responsabilidades, se le cierran a esta dañina transnacional, ya no podrá repetirse las oscuras negociaciones y acuerdos como lo hicieron con el Gobierno de Sixto Durán Ballen en 1995, cuando el estado les liberó de obligaciones con la supuesta remediación que hicieron. Los abogados de la petrolera pensaron hacer lo mismo con este juicio y cargar todo el peso a Petroecuador y el Estado, pero no les resultó las predicciones, porque ahora se encuentra acorralados.

En Nueva Loja, también se tramita el juicio planteado por los afectados por las malas operaciones hechas por la Texaco, y la decisión de la Corte de Nueva York en la demanda del Estado ecuatoriano también se tramite en esta corte ecuatoriana, fortalece la posición de los afectados, indígenas de las comunidades sionas, cofanes, quichuas, secoyas y colonos alojados en este sector.

Según Luis Yanza, Coordinador de la Asamblea de los afectados por la Texaco, esta empresa inició sus operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador de 1964 hasta 1990, durante su operación el Ecuador obtuvo ingentes ingresos económicos, pero a cambio de esas ganancia dejó una secuela de destrucción y muerte para el país; se derramaron 18 mil millones de galones de desechos tóxicos en los ríos, esteros y pantanos, quemaron 235 mil millones de pies cúbicos de gas, dejaron más de 600 piscinas de deshechos tóxicos, dando como resultado la contaminación del aire, del suelo y del agua, que ha repercutido directamente en la vida de población de Orellana y Sucumbíos, esto se revela en la salud de pobladores y en los índices altos de cáncer, leucemia en niños, abortos espontáneos en comparación con habitantes de otras zonas del Ecuador. Esta es la gran herencia que dejó la Texaco, mencionó.

El primer juicio inició en la Corte Federal de Nueva York en 1993, cuando un grupo de 75 afectados, entre quichuas, cofanes, secoyas, colonos de las provincias de Sucumbíos y Orellana, representantes de 30 mil afectados, presentaron una demanda en los Estados Unidos en contra de la Texaco, acusaban a la empresa petrolera de haber contaminado el ambiente y afectado la salud de la gente como consecuencia del uso de una tecnología inapropiada y contaminante.

Este proceso legal fue iniciativa del Dr. Cristobal Bonifaz, ecuatoriano con nacionalidad americana, quien realizó unos estudios con la ayuda de la universidad de Harward, para comprobar los altos niveles de contaminación existentes en el aire, agua y suelo de la zona y a causa de esto la gente estaba enferma. En el 2002 la corte de apelaciones de Nueva York, resuelve el sometimiento de la Texaco a las leyes del Ecuador, y la no alegación de la prescripción de los daños. La compañía acepta aquello. En mayo del 2003, se presenta nuevamente el caso en el territorio ecuatoriano en la corte superior de Nueva Loja. Por la cercanía los respaldan el juicio por daño ambiental, y firman la mayoría de personas afectadas de las dos provincias amazónicas.

Varias diligencias se han realizado en este litigio, entre ellas las inspecciones judiciales para comprobar los daños en el campo, y de quien es la responsabilidad, algo que ha sido lo suficientemente probado. Actualmente el Juez ha dispuesto el inicio de un peritaje global, acción solicitada por los afectados, y que consiste en un estudio de todos los campos donde la Texaco operó, además el informe del perito debe incluir los daños derivados de estas operaciones, daños culturales, a la salud, al agua, a la producción, etc, y deberá mencionar la cuantía que Texaco deberá pagar para reparar parte de la destrucción ocasionada. Esa cuantía servirá para mejorara la calidad de vida de los habitantes de los sectores perjudicados, ya que la pérdida de los territorios de los indígenas, la pérdida de las culturas, de la vida humana y silvestre son irreparables.

Aspiran los demandantes que durante el primer trimestre del 2008, se entregue el informe del perito para inmediatamente con el equipo legal de los afectados pedir al juez que dicte sentencia y sentar un precedente, para que este tipo de delitos en contra del ambiente, de la vida y la soberanía del país, no se vuelvan a repetir en el Ecuador ni en otro lugar del mundo. Esta lucha no es solamente de los afectados o de las dos provincias amazónicas, debe ser asumido como una lucha del país, como una causa del país, y como ecuatorianos asumirlo como una lucha de todos y para todos.