Nos aprestamos a recibir un nuevo año. Muchas cosas han sucedido en este 2007. El afán del gobierno y la lucha del pueblo por concretar los cambios han tenido éxito en este corto período: la consulta popular y la elección de la Asamblea constituyen los triunfos más relevantes de la corriente progresista democrática y de izquierda. Hoy esas posibilidades de cambio se centran en la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Montecristi.

Tarea poco sencilla, pues la derecha, minoritaria en la Asamblea, cuenta aún con un gran poder económico que buscará usarlo para evitar, de cualquier manera, los cambios y mantener sus privilegios. Por otro lado, en el variopinto bloque mayoritario de Alianza País son notorias algunas contradicciones, que todos esperamos puedan saldarse en beneficio de los intereses populares.

La oxigenación del gabinete propiciada por el presidente Rafael Correa busca, al parecer, afirmar su autoridad y resolver algunas ineficiencias de sus ministros; ese es, al menos, el argumento para la sorpresiva destitución del ministro de gobierno, Gustavo Larrea, uno de sus brazos políticos que, desde la izquierda, integraba su gabinete. Lo mismo se perfilaría en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En realidad se está produciendo un reajuste y reacomodo de las fuerzas en el gabinete; es de esperarse que no sean sustituidos por personajes que constituyan elementos adversos al proyecto patriótico y democrático.

Este un factor muy sensible, porque hay muestras de que algunos de los ministros y otros funcionarios del Gobierno, no han dado, precisamente, muestras de afirmar el proyecto; situación que preocupa a los sectores populares, a las fuerzas sociales y políticas que apoyan al gobierno.

Por otro lado, llama la atención que la conflictiva situación de las parroquias Dayuma e Inés Arango, en la provincia de Orellana, donde los pobladores realizaron una paralización en demanda de la atención gubernamental para que se resuelvan sus necesidades de servicios de agua, electricidad y la infraestructura vial, entre otras, postergadas por muchos años por la desidia de gobiernos anteriores, haya provocado una reacción exagerada del actual gobierno al ordenar la incursión del ejército y declarar el toque de queda en esas zonas: según denuncias de los pobladores de estos sectores se han cometido graves vejaciones a su integridad física y psicológica, violando los derechos humanos.

Actitud exagerada e injustificada, ya que es conocido por el gobierno actual las grandes carencias de los pueblos amazónicos y porque, conciente de ello, ofreció atenderlas con urgencia, y porque el único recurso que les han dejado a esas poblaciones para ser escuchadas (por oídos sordos, hasta ahora) es la lucha y la paralización.

La fuerza de un gobierno democrático no puede enfilarse contra un pueblo pobre que, por tener esa condición, tiene el derecho al reclamo para la satisfacción de sus necesidades; la fuerza de un gobierno democrático debería enfilarse contra todos aquellos ladrones de los fondos públicos, los evasores de impuestos, los que generaron el atraco bancario.

No necesita el gobierno de Rafael Correa militarizar las ciudades y pueblos amazónicos; si esos pobladores que habitan en el territorio de donde sale la mayor riqueza nacional fueran atendidos en sus más apremiantes y básicas necesidades, de seguro se constituirían en las más seguros guardianes de nuestra riqueza.

La intransigencia del presidente Correa con la derecha no solo que es justificada, sino que es plenamente apoyada; la fuerza de la represión contra el pueblo, no. Ojala esta actitud sea reflexionada y rectificada a favor de los derechos del pueblo y la salud del gobierno.