Los medios de comunicación (empresariales), como es conocido, han informado de acuerdo al interés político y económico de sus propietarios, y han distorcionado la información real de los hechos ocurridos en esta parroquia oriental.

Estar ahí y escuchar las versiones atemorizadas de sus habitantes permite tener una idea más clara de lo que ocurrió en el “Caso Dayuma”, que puso los pelos de punta al Gobierno Nacional.

Llegar a este pequeño pueblo de la selva ecuatoriana nos hace observar la pobreza de quienes han sido olvidados por el estado, pese a que el olor especial del “oro negro” circula en el ambiente.

Todo es virgen ahí; las calles son estrechos baches que se mezclan con la maleza y la tierra color café, que es aplastada por los pies descalzos de los niños. La grabadora, televisión y refrigeradora sí funcionan, pero de adorno; porque la luz eléctrica llega a cuenta gotas. Sí, a cuenta gotas. Y a propósito, para tener agua para preparar la yuca y el verde, los habitantes de Dayuma tienen que esperar hasta que San Pedro se acuerde...

Pese a que el Estado de Emergencia terminó, las calles fantasmas se hacen presentes porque todos están guardados en sus casas hechas de tablones. Nadie quiere hablar, por temor a que sean localizados y privados de su libertad. Alguien se anima, pero con la advertencia de que no haya fotos; solo una grabadora que le permita descargar la rabia contra quienes le hicieron perder la esperanza de vivir mejor.

“Protestamos por cosas justas, no había razón para que ellos (los militares) entren rompiendo las puertas y ventanas. Algunos vecinos estuvieron boca abajo y les subieron al carro mientras los otros salían de sus casas por el fuerte olor a gas lacrimógeno que botaron”, dijo María Constante.

Miguel Macías se sumó a la entrevista, mientras el balde pequeño de María se llenó de agua lluvia que caía desde el zing, y dijo que es un atropello lo que han hecho con el pueblo de Dayuma: “Se llevaron a hombres y mujeres que reclamaban por obras ofrecidas. Pido a todos las autoridades que ayuden a este pueblo, porque somos todos los que protestamos, y no estamos escudados detrás de algún dirigente”.

A esta conversación se incorpora el niño Carlos Tarapués, quien aseguró que los militares intentaron robarle el dinero a su padre, y él como no se dejó, “le pegaron un balazo en la cara y aquí todavía tengo la camiseta de sangre de mi padre”. Si fue solamente uno el que inició la conversación, ahora eran muchos que hablaban a la vez. Le puse atención a una anciana que insistió en que: “a él (Rafael Correa) le dimos el voto y ahora nos da las espaldas con estas detenciones”. Estaba vestida con una camiseta verde limón de Alianza País.

Según Luis Merino, habitante de este sector, sí existen 20 kilómetros de vía pavimentada para el acceso a esta parroquia, pero que eso no es suficiente para la actividad económica que tiene esta zona importante del oriente ecuatoriano.

“Existen varios convenios que deben cumplirse, como la construcción de vías, la luz eléctrica, etc. No es justo que solo los pueblos cercanos a las petroleras tengan estas vías y nosotros no. Pero es importante que se investigue todos los hechos ocurridos en Dayuma, más que todo respecto a las personas detenidas que han sido acusadas de terrorismo”, manifestó Merino.

Para Ramiro Román, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en un Estado social de derecho se cuidan los derechos fundamentales de las personas, en la racionalidad y la dignidad del ser humano. El jurista explicó que irse contra una comunidad como Dayuma es iniciar irrespetando los derechos fundamentales. Según sostuvo, en la Constitución todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, por consiguiente, ningún habitante de este país puede ser tratado como terrorista, así, de entrada.

“A ningún habitante de este país se le puede acusar como terrorista porque de inmediato se le asume un delito. Eso no puede ser, porque la teoría moderna del derecho explica que se debe respetar a las personas como parte de un derecho fundamental”, indicó Román.

Para el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Jalkh, los hechos ocurridos en Dayuma deben investigarse porque, según aseguró, lo importante es conocer la verdad para todos los ciudadanos. “Las personas detenidas tendrán derecho a un debido proceso de investigación e incluso a una asistencia legal gratuita”.

“Es importante llegar con las personas involucradas en estos hechos y realizar las investigaciones para que el hecho no quede en la impunidad. Por eso es necesario que se realicen las debidas investigaciones”, dijo Jalkh.

Además, manifestó que se respetará la independencia de las decisiones judiciales en función de la aplicación de las normas constitucionales y legales.

Entre las personas detenidas se encuentra la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, a quien le fue negado el Habeas Corpus por parte del Municipio de Quito, decisión que obedece, según varios analistas, a evitar un enfrentamiento entre el alcalde de Quito, Paco Moncayo, con el Presidente de la República. Es decir, resulta que conviene disuadir conflictos en momentos en que el Gobierno Nacional prevé eliminar las fundaciones y hacer una inspección general de la concesión del aeropuerto de Quito.