Desde 1998 hasta junio del 2000, el CONECEL, en forma arbitraria, cobraba a los abonados la tarifa por servicio de telefonía móvil celular, con facturación redondeada al minuto inmediatamente superior; por ello, la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUPTEL, órgano estatal regulador en telecomunicaciones, en febrero de 1999 dispuso a la operadora que, en forma inmediata, se abstenga de continuar con estos indebidos cobros, que violentan la Constitución y el sistema jurídico ecuatoriano.

La operadora PORTA, que se enriqueció con esos cobros ilegales, al sentirse afectada con la resolución dictada por la SUPTEL, apeló y demandó ante el Tribunal Constitucional (TC), cuyo dictamen en última instancia dio la razón a la SUPTEL, y resolvió que se reintegre a los abonados los valores en exceso cobrados a partir del 11 de febrero de 1999.

Al dictamen del TC se suman el de la Defensoría del Pueblo, que hace prevalecer la Ley de Defensa del Consumidor, el de la Procuraduría General del Estado y otras instancias administrativas y jurídicas del país, que han investigado el caso y coinciden en que PORTA debe pagar a sus abonados por el cobro excesivo.

A partir del 2006, la SUPTEL encarga a la Defensoría del Pueblo continuar con el proceso que se inició en el año 2000 en contra de CONECEL, y que establezca el monto del perjuicio del que fueron víctimas los millones de abonados de PORTA. Luego de una investigación realizada se determina que el monto a pagar es 27 millones de dólares, a los que deben sumarse los intereses por el tiempo que se ha negado a cancelar la operadora.

Nueve años de litigio han transcurrido y no han podido dar solución a este problema las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL, y los presidentes de turno: todos se han hecho de la “vista gorda” y así han permitido que otra transnacional, esta vez telefónica, se burle y viole la Constitución Política de la República, el sistema jurídico del país y el contrato que mantiene la operadora con el Estado.

Las autoridades correspondientes que en este último gobierno están al frente de la SUPTEL, sí tienen la voluntad política de hacer cumplir lo establecido por la Ley: pretenden frenar las muchas arbitrariedades cometidas por la operadora, y se encuentran revisando detenidamente las distintas leyes y contratos para determinar la suerte de CONECEL, que según la disposición emitida por el Presidente Correa, el 5 de diciembre, PORTA “deberá recoger sus fierros y marcharse si no paga a los abonados”.

Al término de la primera prórroga, la operadora presentó otra “propuesta” de compensación a los abonados, razón por la que se extendió el plazo a otros 30 días, esto es, enero del 2008, tiempo suficiente para que analicen y resuelvan las autoridades, sean éstas Presidente de la República, Superintendente de Telecomunicaciones, Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado, Fiscal y demás mandos gubernamentales sobre la suerte de esta empresa que ha infringido el sistema jurídico del país. De igual forma deben prever acciones por cualquier maniobra ilegítima que la empresa pretenda realizar; el gobierno debe precautelar los intereses de los ciudadanos, hacer cumplir las leyes y determinar la caducidad del Contrato con PORTA, y el inmediato embargo de los activos de la empresa si ésta se continúa negando a pagar más de 30 millones de dólares a más de 6 millones de perjudicados.