Cada vez son más las noticias de los desmanes de militares contra grupos indefensos cuyo único delito es ser pobres y no tener capacidad de hacer valer sus legítimos derechos. En los días subsecuentes, el pretexto será la búsqueda de sicarios de Arturo Beltrán Leyva, como sucedió en Chilpancingo el jueves 17 de diciembre, cuando un pelotón de 100 soldados tomó por asalto la Casa del Estudiante “Francisco Villa”, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Asimismo, en el puerto Las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, otro destacamento militar irrumpió en el poblado, el cual tomó por asalto desde la una de la madrugada hasta las siete de la mañana, según denunció el director del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy.

El problema derivado de esta realidad es mayúsculo y dramático, pues la población afectada está acumulando un justificado resentimiento no sólo contra los autores materiales de daños y perjuicios a población inocente, los militares, sino contra las autoridades civiles, las cuales así se distancian más de la población mayoritaria. Vemos así que la violencia contra ésta no es solamente económica, como lo patentiza con absoluta crudeza el “incremento” de 2.65 pesos a los salarios mínimos, sino física y sicológica, toda vez que se aterroriza a los habitantes de poblados que son allanados y a quienes se amenaza con más allanamientos cuando menos lo esperen.

Se cierra así el círculo vicioso que provoca un justificado descontento social: por un lado se acorrala a la sociedad más desfavorecida, se le reprime y humilla; y, por el otro, se le cierran posibilidades de una mejoría anhelada, aunque sea mínima, de sus niveles de vida. Así actuaron los “científicos” del porfiriato, el grupo dominante durante los 34 años de la dictadura de Porfirio Díaz, quienes usufructuaron el poder con fines patrimonialistas en beneficio de una oligarquía ciega y sorda a las necesidades más elementales de la población, que al paso del tiempo sufrió afectaciones y daños cada vez más severos, igual que ahora está sucediendo.

Los abusos de la elite son igualmente similares hace 100 años que en la actualidad, como lo demuestra la enorme disparidad entre la cúpula gobernante y la ciudadanía común. El último informe de labores de Arturo González de Aragón, extitular de la Auditoría Superior de la Federación, da cuenta de las extraordinarias corruptelas de los dos “gobiernos” del Partido Acción Nacional, pues los daños económicos al erario sumaron, de 2000 a 2007, 473 mil millones de pesos. En dicho informe se asienta que se manejaron con “gran opacidad” las partidas descentralizadas para educación, seguridad pública, infraestructura y salud, situación que “propicia prácticas corruptas que implican un elevado riesgo patrimonial”.

Y así como Porfirio Díaz cuidaba sobremanera su imagen en el ámbito internacional, de igual modo actúa Felipe Calderón, como lo demuestran los hechos, con enorme dispendio que no se justifica. Sin embargo, parece que le da buenos resultados ese afán de gastar en propaganda con fines personalistas, como lo demuestra el premio que recibió en la capital de Dinamarca por su labor a favor de una ecología sustentable, cuando en la realidad es todo lo contrario, como lo prueba el apoyo contra viento y marea a la empresa canadiense Minera San Xavier, que está explotando la mina a cielo abierto en el poblado de San Pedro, San Luis Potosí, ocasionado graves daños al medio ambiente. Por eso es fácil darse cuenta que las similitudes entre el porfiriato y la etapa neoliberal en marcha, ahora bajo la égida del régimen panista, son tantas que sólo cabe esperar que la violencia que generan no se desborde, sino que siga imperando la cordura y la madurez de la sociedad mayoritaria.

Fuente: Contralínea 165