5. septiembre, 2013 Prensa Latina Línea Global

Deisy Francis Mexidor/Prensa Latina

La violación de los derechos humanos es parte de la cotidianidad que viven los presos en las cárceles de Estados Unidos, hecho que en California muestra una de las caras más terribles.

En 2011, la Corte Suprema ordenó a las autoridades estatales reducir en 40 mil presos la población carcelaria de ese territorio del Suroeste estadunidense, que contaba con 147 mil internos en sus establecimientos penitenciarios.

La medida intentó frenar el hacinamiento y mejorar los servicios de salud, porque a juicio del máximo tribunal, la situación allí está por “debajo de los niveles de decencia”.

El juez Anthony Kennedy afirmó entonces que “las violaciones persisten desde hace años y no se han corregido”.

“Durante años, los cuidados de salud mental y médica ofrecidos por las prisiones de California se han quedado por debajo de los requisitos mínimos constitucionales, y han fallado a la hora de satisfacer las necesidades básicas sanitarias de los prisioneros”, agregó Kennedy.

El pasado 8 de julio, cerca de 30 mil reclusos iniciaron una huelga de hambre en contra del confinamiento solitario al que son sometidos al menos 4 mil 500 internos, en muchos de los casos durante años y hasta décadas.

La cifra de ayunantes se redujo a cerca de 1 mil luego de un mes. Antes de que concluyera, cobró una víctima fatal, pero los protestantes mantienen el objetivo de llamar la atención de las autoridades sobre lo que ocurre en los penales del denominado estado dorado…

Según relató el periodista Michael Montgomery, del Center for Investigative Reporting (CIR), con base en California, las llamadas unidades de seguridad o SHU (Security Housing Unit) son lugares dentro de las cárceles donde, supuestamente, ubican a “lo peor de lo peor”.

Los prisioneros son colocados en esas celdas aisladas después de que el Departamento de Correcciones determina que supuestamente son miembros de pandillas carcelarias o han cometido indisciplinas muy graves.

Sin embargo, defensores de los reclusos plantean que el argumento de llevar a un reo a las unidades de confinamiento en solitario, por su presunta filiación con pandillas es, más que todo, una cuestión discriminatoria y racista.

Los confinados sobreviven en un espacio de 2.5 metros cuadrados 22 horas y media al día, y sólo les permiten salir a un pequeño patio con paredes de cemento por apenas unos minutos.

El CIR pasó casi 1 año recogiendo cientos de fotos, cartas y otros objetos personales, trazando las vidas solitarias de los hombres confinados en la cárcel de máxima seguridad de Pelican Bay, ubicada cerca de la frontera con Oregon.

Durante casi un cuarto de siglo, no se había permitido que miles de estos presos en régimen de aislamiento total pudieran tomarse una fotografía para compartir con la familia o amigos, lo cual ocasionó tres huelgas de hambre consecutivas.

Después del ayuno de 2011 se hicieron algunos cambios solicitados. Una de las restricciones más inusuales que se habían impuesto a los reclusos en las unidades de seguridad fue la prohibición de fotografías.

Añadió Montgomery que conoció situaciones en las que las familias no habían visto las imágenes de sus familiares encarcelados por 20 años.

Cuando se levantó la prohibición, “de repente estos jóvenes eran viejos”.

Muerte de Bill Sell

El pasado 29 de julio, las autoridades penitenciarias informaron que investigan la causa de la muerte de Bill Sell, un interno en la Prisión Estatal de Corcoran, la cual, dicen, se produjo debido a un posible suicidio.

Aunque plantearon que Sell no participaba en la inanición voluntaria que entonces databa de más de 20 días, huelguistas y sus defensores afirman todo lo contrario.

Los denunciantes sostienen que el recluso, quien cumplía cadena perpetua, había solicitado tratamiento médico en los días previos a su muerte.

Otros 42 presos han buscado hasta ahora tratamiento en enfermerías por problemas de salud relacionados con este ayuno, alegan los oficiales de prisiones.

Ronald Ahnen, uno de los siete mediadores que trata de negociar con los funcionarios del Estado en nombre de los prisioneros, dijo que el gobernador Jerry Brown y los administradores de prisiones se niegan a darle participación a los reos para resolver las demandas.

“Obviamente, cuanto más tiempo continúe la huelga, las posibilidades aumentan de que algo como esto suceda [la muerte de alguno de ellos]”, advirtió Ahnen.

Hace unas semanas, Kamau Walton, de la Coalición en Solidaridad con la Huelga de Hambre de los Prisioneros, declaró: “Estamos saturando las líneas telefónicas de la oficina del gobernador [Jerry] Brown para pedirle una negociación y que paren las represalias”.

En ese momento la portavoz del departamento, Terry Thornton, sugirió que esta protesta supone una violación de las leyes estatales y denunció la existencia de informes que apuntan a intimidaciones contra los prisioneros para que participen en la misma.

Pero Carol Strickman, una abogada que representa a varios de los involucrados, rechazó tales acusaciones.

Ésta fue la tercera huelga de hambre desde 2011 para protestar por el confinamiento en estas cárceles.

También en julio pasado trascendió en las noticias que 150 presas fueron esterilizadas quirúrgicamente sin las autorizaciones estatales en el periodo de 2006 a 2010 en penales californianos.

Un informe de un grupo de derechos humanos reveló que si se tienen en cuenta los casos producidos desde fines de la década de 1990, quizás la cifra ascienda a 100 más.

Las reclusas denunciaron que sufrieron presiones por parte del personal médico para realizarles las intervenciones y otras mujeres no tenían idea de su derecho a negarse, por lo cual consintieron ser operadas pensando que “eso es lo que pasa en la cárcel”.

Estas acusaciones se hacen eco de las formuladas hace casi medio siglo, cuando las esterilizaciones forzadas de presos, enfermos mentales o pobres eran comunes en California, una práctica prohibida oficialmente en 1979 por los legisladores estatales.

Datos que cuentan

Estados Unidos tiene tras las rejas a 1 millón 600 mil personas, lo que constituye la mayor población carcelaria del mundo, a tono con las estadísticas difundidas en 2008 por el Departamento de Justicia.

También el norteño país reporta la tasa más alta de encarcelamiento mundial, con 500 presos por cada 100 mil habitantes.

Las cifras debían hacer que los estadunidenses cuestionen duramente a sus líderes, señalan organizaciones de derechos humanos.

¿Cómo es posible que otros países puedan salvaguardar la seguridad pública encarcelando a menos personas?, se preguntan.

Asimismo, los conteos afianzan las grandes disparidades raciales en la población penal. Por ejemplo, aunque sólo constituyen el 13 por ciento de la población estadunidense, los afroamericanos representan el 28.4 por ciento de todos los arrestos.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Judiciales, aproximadamente el 3.1 por ciento de los hombres afroamericanos, el 1.3 por ciento de los latinos y 0.5 por ciento de los blancos están en prisión.

Por eso, grupos defensores de los derechos humanos alertan que ha llegado el momento para el gobierno de desmarcarse de las políticas fallidas que han convertido a Estados Unidos en el principal carcelero del mundo.

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Fuente: Contralínea 350 / 1 de septiembre 2013