El Ecuador produce actualmente sobre los 507 mil barriles de petróleo por día, repartidos en 262 000 Bls. que corresponden a la producción de Petroecuador, más lo que reporta la Unidad del Bloque 15 (174 000 + 88 000). A su vez, la diferencia, es decir aproximadamente 245 mil barriles, es la producción de todas las petroleras privadas.

Un dato interesante –que debe invitarnos a reflexionar- es que por cada dólar que aumenta el precio de cada barril de crudo en el mercado internacional, el Estado ecuatoriano gana muy poco, debido a que las divisas que ingresan al país por la venta de la cuota de exportación, de alrededor de 120 mil barriles/día, no alcanzan para cubrir la demanda creciente de importación de derivados. Es decir, si el barril de crudo oriente (que pertenece a los campos de Petroproducción) está en USD 79, y el crudo Napo (del Bloque 15) a USD 74, seguimos en desventaja, porque –a su vez- tenemos que importar el barril de gasolinas a USD 100 y el de diesel a USD 109 en el puerto.

Quienes hacen su agosto con la extracción del petróleo ecuatoriano son las petroleras privadas, pues no solo que se están llevando cerca del 80 % de la producción, sino que aprovechan los altos precios del barril de crudo para sobreexplotar los reservorios, en perjuicio del Estado. Y no solo eso, con mano de obra y profesional -ecuatoriana en su mayoría–, el saqueo de las transnacionales se ha legalizado mediante la celebración de contratos petroleros, atentatorios al interés público. Descontando la exigua participación del Estado, de los campos que operan las privadas se llevan cada día alrededor de 200 mil barriles de crudo, o sea que tienen ingresos superiores a los 14 millones por día, o sea 5 400 millones al año.

La sobreproducción de los campos petroleros a cargo de las multinacionales pone en riesgo al Ecuador de que se esfumen las reservas petroleras de la cuenca Oriente, ya que dejaríamos de ser exportadores de crudo para convertirnos en importadores netos de derivados, hecho gravísimo que golpearía sobre todo la economía popular. Basta con remitirnos a casos puntuales de países que son importadores netos, como Chile, donde se paga USD 6 por el galón de gasolina y USD 30 por el equivalente a los 15 kilos de gas doméstico GLP (gas licuado de petróleo).

Los contratos que están en vigencia fueron firmados en su gran mayoría durante los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa y Palacio, con astuta injerencia de los partidos Social Cristiano y la Izquierda Democrática, en la firma de estos mamotretos legales, que santificaron el asalto del principal recurso natural del país.

El presidente Rafael Correa –aunque tibiamente- ha anunciado la renegociación de los contratos petroleros, para que algunas compañías acepten el cambio del contrato de participación al de prestación de servicios. Lo cierto es que al país le conviene beneficiarse con la totalidad del crudo que se extrae del subsuelo patrio, a cambio de pagar a las compañías el costo de producción, por la prestación de los servicios técnicos y un 10 % adicional por gastos administrativos; pero eso sí, negando toda participación en el crudo explotado, donde radica el verdadero negocio. Los agoreros del desastre –enemigos de un sano nacionalismo- criticarán siempre que el Estado es ineficiente, que solo la empresa privada puede explotar los hidrocarburos. No obstante, nada dicen cuando se ha demostrado que Petroproducción, a pesar del boicot que emana de la politizada Petroecuador, tiene un costo por barril de USD 5, mientras que el de empresas como AGIP supera los USD 18. Si hay que reconocer el mérito, los técnicos estatales han sido capaces de mantener más del doble de producción de lo que produce el Bloque 15 (que tiene presupuesto propio y autonomía). La tarea titánica de reciclar la chatarra, rehabilitar equipos obsoletos para no parar la producción es digna de encomio, ante el abandono y boicot de la administración central de Petrocuador.

Finalmente, el presidente Ejecutivo de la estatal, Carlos Pareja, acaba de anunciar el pedido formal al Ministerio de Petróleos y Minas, para la caducidad del contrato con la petrolera CITY, a cargo del Bloque 27, por haber incurrido en mora ante el no pago de cerca de 30 millones de dólares, por concepto de la Ley de Hidrocarburos 42, que obliga a las empresas a compartir el 50% del excedente petrolero. El argumento del alto funcionario se basa –y con razón- en el Art. 74 de la mencionada ley, que previene que será causal de caducidad el no pago de las obligaciones, compromisos contractuales y demás imposiciones contempladas en la Ley.

De aplicarse este argumento jurídico –inobjetable- el contrato con REPSOL-YPF debe ser también caducado; si no recordemos la glosa que la Contraloría emitió contra la petrolera privada por 60’621.648,25 de dólares en agosto del 2001, por el no pago de la tarifa de transporte por el SOTE; o la deuda de 271 060 barriles de crudo de 28,7 º API que Petroecuador le entregó en calidad de préstamo, como diluyente, para el arranque y pruebas del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en el período comprendido del 18 de agosto al 9 de octubre de 2003, que asciende a la fecha a 20 millones de dólares.

A su vez, las compañías Petrobrás, Andes Petroleum, Canadá Grande, Perenco, Petro Oriental, CNPC, y una vez más, Repsol-YPF, deben al fisco 317,4 millones de dólares del excedente petrolero, empresas morosas que –según funcionarios de Petroecuador- han violado flagrantemente la Ley reformatoria 42 y el Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos, del pago del excedente petrolero.

En lugar de someterse a lo que manda la ley, un extracto de prensa da cuenta de que “Un grupo de petroleras foráneas pidió a Ecuador la ampliación de sus contratos para recuperar ‘sus inversiones’, tras la decisión gubernamental de reducir los ingresos que percibían por los altos precios del crudo”. ¡Qué descaro!, es como si Ud. como usuario del servicio de luz o teléfono no paga por seis meses la planilla de los servicios recibidos, para luego exigir a la empresa que le amplíe el contrato de servicio por un tiempo indeterminado.

El pueblo debe asumir un protagonismo directo en las decisiones que conduzcan a recuperar para el Estado la operación y administración directa de los campos petroleros ecuatorianos. Ante las presiones diplomáticas, chantajes y cualquier tráfico de influencias o compra de conciencias allí deben estar presentes los estudiantes, los trabajadores y campesinos organizados; los gremios profesionales, los comerciantes, etc. La soberanía sobre nuestros recursos naturales debe reflejarse en una natural solidaridad con las comunidades afectadas por la explotación minera y petrolera, haciendo causa común por la Patria.