1 mil millones para los nueve “drones” del gobierno federal / “Drones”: amenaza para el mundo / Nepotismo en el SEIEM / Yahoo!: juicio histórico por 2.7 mil millones de dólares / Nuestra prensa y los cinco ensayos de “Nexos” / La crisis del sistema de representación / 2 de octubre, deberes incumplidos /

El gobierno federal cuenta con, al menos, nueve vehículos aéreos no tripulados o drones. Los más caros están al servicio de la Policía Federal, la cual pagó por dos unidades 48 millones 500 mil dólares (unos 638 millones de pesos) a la israelí Elbit Systems, Ltd. Con la misma compañía, la Sedena adquirió también dos aeronaves cuyo costo ascendió a 25 millones de dólares (alrededor de 329 millones de pesos). Otras entidades gubernamentales han invertido en este tipo de unidades, aunque en montos más modestos: el Cisen erogó un estimado de 28 millones 404 mil pesos por dos unidades; y la Semar, con recursos por alrededor de 5 millones 200 mil pesos, diseñó y fabricó tres. Así, México ha gastado 1 mil millones de pesos en drones para uso de sus fuerzas federales. La flota adquirida permite al gobierno mexicano desde captar imágenes y grabar conversaciones a kilómetros de distancia, hasta eliminar (...)

Los vehículos aéreos no tripulados, o drones, se revelan como asesinos masivos. Tan sólo en Oriente Medio, Estados Unidos los ha empleado para eliminar a más de 3 mil 400 personas. En Nueva York, un movimiento social que demandaba no usarlos motivó un debate nacional: los ciudadanos que están de acuerdo con seguirlos empleando en el extranjero rechazan que se utilicen al interior de Estados Unidos

Desde hace 2 décadas, María de Jesús Avilés López ha ejercido altos cargos en el área de educación media en el Estado de México. Ahora es titular de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo de esa entidad. La funcionaria habría utilizado el poder que le confiere el servicio público en beneficio de su familia. Hijos, sobrinos, nieta y parientes políticos ocupan cargos directivos, docentes y administrativos en esta Dirección. Durante el último trimestre de 2012, los ingresos brutos de este linaje superaron los 3 millones de pesos

Las dudas sobre la imparcialidad en la administración de justicia en la capital del país, en donde siempre ganan juicios quienes tienen más dinero, es un problema tan real que ahora es analizado e investigado en Estados Unidos por la Securities and Exchange Commission (SEC), ente regulador de empresas públicas de aquel país acusadas de cometer actos de corrupción, y por el Departamento de Justicia (DJ).

No es común que aparezcan análisis sobre la prensa escrita, como en los cinco ensayos publicados por la revista Nexos (en su número 428, correspondiente al mes de agosto de 2013), que firman, en su orden de paginado, Héctor de Mauleón, Viridiana Ríos, Ricardo Mendoza Reséndez, Javier Garza Ramos y Miguel Ángel Sánchez Sánchez. A estos sobresalientes trabajos se debe agregar el ensayo de Mario Arriagada Cuadriello y el de J M Servín, de la sección “Medios”, del mismo número de Nexos. Los siete constituyen una crítica propositiva que es bienvenida para los que se quieran poner el saco o solamente mirarlo al derecho y al revés.

La crisis del sistema de representación es patética. El 80 por ciento de la población mexicana está en contra de entregar la industria petrolera a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y, sin embargo, el Congreso de la Unión se dispone a aprobar la reforma energética. El 80 por ciento de la población quiere que playas y fronteras pertenezcan a la nación, pero los diputados ya aprobaron su libre venta a extranjeros.

No puedo iniciar este artículo sin señalar que el 2 de octubre es una fecha significativa para el país. La matanza de Tlatelolco en 1968 no se olvida, como tampoco el movimiento crítico y consciente que surge en su contexto. Sin embargo, podemos constatar con desazón que la justicia no ha llegado todavía para las víctimas de esa grave violación a los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos. Hasta entonces, nos corresponde a nosotros no sólo seguir exigiendo la verdad, el reconocimiento histórico de las víctimas (que la misma sociedad ha hecho gracias a su investigación sobre el pasado), la sanción de los responsables y, sobre todo, un cambio en el accionar de las autoridades frente a la protesta social legítima, que deje atrás los actos barbáricos y represivos ajenos a un modelo democrático de gobierno. Lamentablemente esto último está muy lejos de ser cierto, y fue otro triste 2 de octubre cuando las autoridades capitalinas volvieron a mostrar que la violencia por parte del Estado, la (...)
Artículos más leídos