Washington pretende rescribir la historia de los atentados de Buenos Aires

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Con el fin de dar peso a sus acusaciones contra el «la media luna chiíta» (Irán, Siria, Hezbollah libanés), Washington ha decido incluir en ellas los atentados cometidos en Buenos Aires a principios de los años 90. En los países atlantistas [1] se da generalmente por sentado que aquellos atentados fueron obra de terroristas musulmanes.

Esa versión de los hechos fue sin embargo desmentida desde entonces por la Corte Suprema argentina que se orientó, por el contrario, hacia una pista israelí. Los neoconservadores han reaccionado con el montaje de toda una operación para invertir las cosas. Luego de una reunión que tuvo lugar en Washington, en mayo de 2006, con la participación de dos altos magistrados de Buenos Aires, el gobierno y la justicia han sido objeto de fuertes presiones. En respuesta, un grupo de ciudadanos argentinos dirigido por el doctor Oscar Abdura Bini [2] acaba de presentar ante un Tribunal de Gran Instancia de Buenos Aires una querella por obstrucción a la justicia contra el American Jewish Committee [3] y los fiscales Nissman y Martínez Burgos.

Para entender las implicaciones de esta polémica es necesario recordar los atentados.

El 17 de marzo de 1992 una violenta explosión destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y ocasionó graves daños a una iglesia católica y una escuela adyacentes. 29 personas murieron y 242 resultaron heridas.

Al principio, la investigación se orientó hacia la pista islámica. Se pensaba que el atentado había sido cometido por un suicida palestino que conducía una camioneta llena de explosivos, que el autor era miembro de la Jihad Islámica y que quería vengar el asesinato cometido por Israel contra el jeque Abbas al-Musawi, jefe del Hezbollah libanés, y su familia. Según aquella versión, la operación de Buenos Aires había sido preparada por un grupo de pakistaníes y coordinada por Moshen Rabbani, el encargado cultural de la embajada de Irán. Este último fue incluso arrestado, años más tarde, en Alemania y liberado posteriormente por falta de pruebas.

El 18 de julio de 1994, otra explosión devastó en Buenos Aires el edificio de la Asociación Mutual Israelita (AMIA) con saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

La investigación sobre este nuevo atentado también se orientó hacia la pista islámica. El atentado se atribuyó a un kamikaze de 29 años, llamado Ibrahim Husein Berro, al volante de un vehículo lleno de explosivos. Años después, se emitió una orden de arresto contra Imad Mugniyah, miembro del Hezbollah libanés. Más tarde, el ex embajador de Irán en Argentina, Hade Soleimanpur, fue arrestado en el Reino Unido pero tuvo que ser liberado por falta de pruebas.

Todos estos elementos, que parecen ser conclusiones definitivas, aparecen reflejados desde hace años en todo tipo de enciclopedias, aunque nada los confirma. Lo más interesante es que con el paso del tiempo los propios investigadores argentinos han echado abajo las versiones que israelíes y estadounidenses les sugirieron y han construido una hipótesis totalmente contraria: los dos atentados fueron cometidos por agentes israelíes para contrarrestar el antisionismo de la comunidad judía argentina.

Es necesario situar las vacilaciones de los investigadores argentinos en el agitado contexto político de su propio país, constantemente estremecido por cambios de gobiernos e insurrecciones. Hasta la fecha no se ha presentado ningún juicio definitivo sobre ninguno de los dos atentados, lo cual permite que cada cual saque las conclusiones que más le convienen en base a momentos contradictorios de todo el proceso.
Como quiera que sea, lo menos que se puede decir al respecto es que la pista del terrorismo musulmán resulta ya inconsistente y que los neoconservadores están haciendo todo lo posible para enterrar definitivamente la investigación.

El 5 de marzo de 2002, el juez de instrucción Alfredo Horacio Bisordio compareció a puertas cerradas ante una comisión investigadora parlamentaria para declarar como testigo sobre el primer atentado. La Red Voltaire obtuvo la transcripción de esa audiencia.

Según el juez Bisordi, el comisario Meni Battaglia dirigió la investigación sobre el atentado contra la embajada. En ella era secundado, aunque de manera no oficial, por un boina verde (no identificado) de la embajada de Estados Unidos y por el jefe de la seguridad de la embajada de Israel, Ronie Gornie. Supuestamente, ambos tenían gran experiencia sobre la realización de ese tipo de atentados en el Medio Oriente. Siguiendo los consejos de ambos «expertos», el comisario adoptó inmediatamente la hipótesis del vehículo lleno de explosivos y reportó que había encontrado fragmentos del motor de una camioneta Ford 100.

Resultó imposible establecer una lista exacta de víctimas ya que resultó que la lista de diplomáticos israelíes acreditados en Argentina no correspondía con el personal real de la embajada, diferencia que nunca se explicó. El juez Bisordi quería que se realizaran autopsias de las víctimas pero el comisario Battaglia se opuso afirmando que las autopsias no aportarían nuevos elementos. Ante la insistencia del juez, el gran rabino de Argentina también se opuso a las autopsias porque, en el caso de las víctimas judías, se trataría de una profanación. En definitiva, no se realizó ninguna autopsia.

El juez planteaba dos interrogantes: ¿Por qué los autores esperaron que la embajada estuviera vacía para realizar el atentado si un centenar de personalidades judías habían sido recibidas horas antes con bombo y platillo en ese mismo recinto? ¿Por qué recurrieron a un kamikaze para lanzar la camioneta contra la embajada siendo esto absolutamente innecesario?
Al hacerse cada vez más manifiesto su escepticismo sobre la versión que trataban de imponerle, el juez recibió una visita del director adjunto de los servicios secretos argentinos (SIDE), el doctor Gerardo Conte Grand. La misión de este último era hacerlo entrar en razones.

Al ir en aumento sus sospechas, el juez se presento de improviso en la comisaría durante el interrogatorio de un testigo clave, un chofer de taxi que testimonió haber acompañado al aeropuerto, justo antes del atentado, a un grupo de musulmanes que le dijeron que había que salir rápidamente del lugar antes que se transformara en un infierno. El juez Bisordi interrogó personalmente al testigo. Creyendo que se encontraba ante alguien tan complaciente como los policías, el chofer de taxi se negó a identificarse y se presentó como «el hombre de Israel». Llegó incluso a decir que era coronel del ejército israelí y que había participado en la Guerra de los Seis Días.

Los elementos relacionados con la segunda investigación son tan reveladores como los ya citados e incluyen hasta un verdadero falso policía israelí que se pasea como Pedro por su casa por las comisarías y prisiones argentinas, realizando interrogatorios fuera de todo procedimiento y presionando a los testigos. Este individuo desapareció cuando la justicia argentina le pidió explicaciones sobre su proceder. El gobierno israelí, que empezó por negar la existencia de este individuo, acabó reconociendo que lo había empleado y se negó a que prestara declaración.

La Corte Suprema de Argentina se reunió a puertas cerradas para examinar diferentes elementos del caso de los atentados. Este órgano validó investigaciones científicas que establecen formalmente que, contrariamente a lo que se admitió al principio, no hubo ningún coche-bomba conducido por kamikazes sino que los explosivos habían sido instalados dentro de los edificios volados, tanto dentro de la embajada de Israel como en la sede de la AMIA.
Por consiguiente, se invalidó todo lo que se había dicho al principio sobre el origen de los vehículos.
Al día siguiente de esa audiencia, el vocero de la embajada de Israel en Buenos Aires deploró esas conclusiones y acusó a los jueces de la Corte Suprema de antisemitismo.

Para aclarar estos atentados la justicia argentina necesitará aún mucha independencia y perseverancia, lo cual suscita ciertos comentarios.

Resulta extraño que se necesite una decena de años para comprobar que un atentado se realizó poniendo el explosivo dentro de un edificio y no mediante la utilización de un coche-bomba conducido por un kamikaze. Se hace necesario señalar de paso que en la actual investigación sobre el asesinato del primer ministro libanés Rafia Hariri la tesis del coche-bomba, considerada como cierta por el enviado especial de la ONU Detlev Mehlis, no constituye actualmente más que una hipótesis de trabajo para el sucesor de este último.

Durante 14 años, numerosos expertos occidentales han redactado obras sobre el terrorismo basándose en una interpretación errónea de los atentados de Buenos Aires. Los autores de estas obras ignoran o fingen ignorar los progresos de la investigación argentina, lo cual es síntoma de incompetencia o de mala fe. Se aferran así a las conclusiones de sus razonamientos aunque sus premisas sean falsas.

Resultar doloroso comprobar que aunque las investigaciones judiciales sobre los grandes atentados terroristas imputados a musulmanes, ya sea en Buenos Aires, New York, Bali, Casablanca, Madrid o en Londres, siguen sin ofrecer resultados concretos ello no impide en lo más mínimo a los gobiernos neoconservadores y sus «expertos» seguir imponiéndonos sus conclusiones generales.

Estados Unidos acostumbra a modificar con carácter retrospectivo la identidad de aquellos a quienes atribuye la autoría los atentados realizados en ese país, con lo que busca siempre acusar a su adversario real o inventado del momento. Y ahora pretende rescribir la historia incluso fuera de su propio territorio.

También es importante mantener la vigilancia con respecto a los guerreristas que explotan descaradamente los atentados de Buenos Aires a favor de sus propios intentos de calificar tal o mas cual partido o gobierno de «terroristas» y que llaman a destruirlos.