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Tortura

Cuando antepone sus propios intereses a los de sus ciudadanos, el Estado se transforma en un Leviatán e institucionaliza la tortura. Esta puede desempeñar 3 funciones: obtener información, inducir a la víctima a hacer confesiones falsas y servir de castigo disuasivo. Para poner fin a esas prácticas, la ONU adoptó una serie de instrumentos internacionales que incluyen la «Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes» (1948) y creó el Comité contra la Tortura, encargado de verificar la aplicación de la Convención.
Durante la guerra fría, sin embargo, Estados Unidos generalizó la práctica de la tortura en el Tercer Mundo, creando incluso dos escuelas de torturadores en Panamá (la Escuela de las Américas) y en Taiwán (la Political Warfare Cadres Academy). A pesar de ello, la práctica de la tortura seguía siendo ilegal y los encargados de aplicarla eran principalmente milicias o Estados aliados. Al proclamar la «guerra global contra el terrorismo», la administración Bush restableció el uso de la tortura, primeramente haciéndola pública fuera del territorio estadounidense y posteriormente legalizándola en los propios Estados Unidos. En una adaptación de las técnicas norcoreanas estudiadas por el profesor Albert D. Biderman, el uso de la tortura en Guantánamo, en Bagram y en las numerosas cárceles secretas de la CIA y de la Marina de Guerra estadounidense tenía por objetivo la conversión de inocentes en culpables induciéndolos a hacer confesiones falsas. El régimen Bush fabricaba así los «testimonios» de supuestos terroristas arrepentidos para justificar su propia versión de los atentados del 11 de septiembre y su guerra contra el terrorismo.
A su llegada al poder, la administración Obama prohibió el uso de la tortura. Pero la realidad es que nada ha cambiado ya que la CIA y la US Navy multiplicaron sus centros de interrogatorio “fuera de fronteras”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tortura como fuente de información
Abu Zubeida, el hombre que «delató a al-Qaeda»
por Kevin Ryan
Abu Zubeida, el hombre que «delató a al-Qaeda» Washington D. C. (États-Unis) | 19 de enero de 2013
Abu Zubeida, aún detenido en la base naval estadounidense de Guantánamo, es para Occidente la principal fuente de información sobre al-Qaeda. Al ser sometido a la tortura, Zubeida reveló los nombres de otros responsables de la organización terrorista, quienes –al ser arrestados gracias a sus revelaciones– proporcionaron a su vez otras informaciones, de las que también disponen las autoridades de Estados Unidos. En pocas palabras, todo lo que las autoridades estadounidenses dicen saber se debe, en primer lugar, a Abu Zubeida. El problema es que ahora se sabe que Abu Zubeida nunca fue miembro de al-Qaeda y que todo lo que confesó bajo la tortura lo dijo únicamente para que no siguiesen torturándolo. O sea, la mayor parte de lo que el contraespionaje estadounidense dice saber sobre al-Qaeda salió de la fértil imaginación del torturado y es todo (...)
 
02. Michoacán: la impunidad policiaca Ciudad de México (México) | 18 de noviembre de 2012
Los estudiantes que demandaban la suspensión de la reforma curricular de la educación normal en Michoacán volvieron a clases luego de casi un mes de paro de labores. Muchos de ellos regresaron afectados física y emocionalmente. Diez denuncias ante la PGR, 67 quejas ante la CNDH y una comunicación al Comité Contra la Tortura de la ONU dan cuenta de la brutalidad que ejercieron policías federales y estatales contra los normalistas para luego llevarlos a prisión: tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, uso excesivo de la fuerza, abuso sexual y robo. Un acta de notario público acredita “daños irreparables” al casco de la exhacienda de Coapa, monumento histórico que desde 1949 funge como el edificio central de la Normal Rural de Tiripetío
 
 
Suspensión de los derechos fundamentales
Bush, Obama: el cambio dentro de la continuidad.
por Jean-Claude Paye
Bush, Obama: el cambio dentro de la continuidad. Bruselas (Bélgica) | 12 de noviembre de 2012
Lejos de romper con la política de su predecesor republicano, el presidente demócrata Barack Obama reforzó las leyes de excepción que antes había criticado como senador. Ahora es posible privar a un ciudadano estadounidense de sus derechos fundamentales por haber participado en una acción armada contra su país. Pero también es posible hacerlo contra un estadounidense que haya adoptado una posición política favorable a quienes oponen una resistencia armada al Imperio. Lo peor es que Barack Obama ha dado cuerpo de ley a la «teoría del Ejecutivo Unificado» de John Yoo que rompe con el principio de separación de poderes enunciado por Montesquieu. En lo adelante, la política de seguridad trazada por el presidente de los Estados Unidos escapa a toda forma de (...)
 
 
 
01. CNDH: más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada Ciudad de México (México) | 7 de octubre de 2012
Más de 6 mil expedientes abiertos por desaparición forzada, 2 mil casos de tortura y tratos crueles e inhumanos y 210 agresiones contra defensores de derechos humanos son algunos de los saldos de la “guerra” contra el narcotráfico denunciados ante la CNDH, revela en entrevista con Contralínea el presidente de esa comisión. A pesar de que el organismo autónomo ha emitido diversas recomendaciones sobre asesinatos atribuibles a servidores públicos, el ombudsman se resiste a definirlos como ejecuciones extrajudiciales. Raúl Plascencia asegura que en el origen del incremento de las violaciones a los derechos humanos durante este sexenio está la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin estar preparadas ni facultadas para ello; también, el aumento de la impunidad y la falta de coordinación entre las instituciones de los tres niveles de (...)
 
 
01. Posible, el juicio a Calderón por crímenes de guerra Ciudad de México (México) | 26 de agosto de 2012
La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá en su sexto y último informe de gobierno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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