Todo indica que en el mundo de la virtualidad, algunas situaciones parecen resistir el paso del tiempo, aunque quienes provocan este conflicto de Canal 9 se atribuyan para sí el perfil de adelantados en la industria del entretenimiento.

Los despidos decididos por el flamante grupo propietario de Canal 9, que encabeza el mexicano-estadounidense Remigio Ángel González González, conocido como El Fantasma, y la estrategia interna de miedo y persecución lanzada sobre todo el personal, son una acabada demostración de la naturaleza empresarial del holding. Viejos métodos que reclaman la condescendencia del Ministerio de Trabajo, el silencio de sus pares y la comprensión de todo aquel que se acerque al problema, dejando en el lugar de cortos de entendederas a quienes se oponen a una medida que parte de un piso que se llama injusticia y suma cada día un escalón rumbo a la impunidad más absoluta, que le permita ir por mucho más.

Dueños de la totalidad del paquete accionario de la empresa desde hace escasos días –según lo anunció su ex socio Daniel Hadad, quien luego de haberlo traído al país resolvió un día mandar a buscar sus pertenencias y retirarse-, le dijeron a la doctora Noemí Rial, viceministra de Trabajo, que “de aquí en más” no producirían más despidos, por lo que confirmó la cesantía de los seis periodistas.

El paro total del noticiero realizado el 3 de diciembre, la movilización concretada 72 horas más tarde, las denuncias públicas, el “brindis simbólico”, las pancartas con la frase “no a los despidos en Canal 9” colados en varias imágenes televisivas mostraron que, antes de hablar del “aquí en más” la empresa debía resolver el hoy, reincorporando a los despedidos.

Incluso tendría que responder del hoy para atrás, dado que permanecen en una zona oscura las condiciones de su llegada a la Argentina. Por eso la UTPBA reclamó ante el Ministerio de Trabajo que se convoque al Comfer, para que este responda:

1) Si el COMFER ha sido informado del traspaso accionario de la empresa que explota la frecuencia de Canal 9;

2) Si esto es así, cuál es el grupo o empresa adquirente, dado que solo el COMFER está autorizado a habilitar la venta de acciones en virtud del carácter indelegable de la licencia;

3) Si se hizo algún estudio de antecedentes del grupo adquirente;

4) Cuáles fueron los requisitos planteados frente al grupo para que pueda acceder a la explotación de la licencia, atendiendo que la ley señala entre ellos la calidad moral de sus dirigentes y una comprobación acabada acerca del origen de los fondos;

5) Siendo una empresa en Concurso -y que, por ley, ello debió implicar en su momento un claro argumento para no extender la licencia-, qué recaudos se tomaron para garantizar la preservación de las fuentes de trabajo y el estricto cumplimiento de las leyes laborales vigentes, el Convenio Colectivo 124/75 y el Estatuto del Periodista Profesional y el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, todo ello teniendo en cuenta que, se repite, es el COMFER el que autoriza la cesión de acciones;

6) Si el COMFER, en el caso de haber autorizado la operación, tomó nota que el grupo que dice ser adquirente, Televideo Services Inc. -cuyo propietario es Remigio Angel González González- mantiene posiciones dominantes en materia comunicacional en Guatemala y Costa Rica y una presencia importante, con perspectivas hegemónicas similares, en Ecuador, Perú, Paraguay, Nicaragua y Chile;

7) Si el grupo que dice ser adquirente cumple con los requisitos que prevé la Ley de Bienes Culturales;

8) Si el grupo adquirente recurrió al llamado “convenio de reciprocidad de inversiones” firmado por Argentina y Estados Unidos, en 1994, siendo que no cuenta con ningún medio de comunicación en ese país;

9) Si el grupo que explotó hasta aquí la frecuencia, y que dice haberla cedido al holding ya mencionado, informó al COMFER en algún momento acerca de las tratativas que estaba realizando en ese sentido, atendiendo que ese grupo que encabeza Daniel Hadad no sólo debería haber dado cuenta de ello sino que se vio beneficiado, en mayo de 2005, con la prórroga por decreto de la concesión de la licencia hasta 2019.

Ese estilo de patrón de estancia globalizado que encarna el citado grupo mexicano-estadounidense tiene reproductores autóctonos, que se mueven desde la “picardía” legal hasta el atropello más grosero, con una diversidad que obligaría –desde una mirada supuestamente estricta y objetiva- a no mezclarlos, para evitar “asociaciones forzadas”. Ansa, Buenos Aires Herald, La Nación, Clarín.com, Canal 26, Radio Continental, son los ejemplos a mano por estos días, del mismo modo que las decisiones tomadas por las corporaciones patronales de radio y televisión avanzan, bajo la condición del hecho consumado y las amenazas, sobre los encuadramientos, negándose a reconocer el lugar que le corresponde al trabajador de prensa de acuerdo con la actividad que desarrolla, apelando a un entramado de complicidades que profundiza el miedo de quienes buscan reaccionar frente a esta injusticia en varios actos.

Ignorar, desde las políticas empresariales radiales y televisivas, la pertenencia convencional de los productores periodísticos radiales y rechazar que el que produce, compagina y edita un informe periodístico en televisión forma parte de esta actividad es tan perverso como atribuir esa acción a defecciones externas y no a barreras e impedimentos creados por los patrones en resguardo de sus intereses y alianzas.

La modalidad de los contratos que “se terminan” como encubrimiento de lo que en realidad son despidos (como los casos de Román Iutch, Jorge Halperín) se generaliza en esta época, donde las empresas le sacan el jugo al corralito legal y patronal que armaron en el primer momento, cuando la relación laboral se ocultó tras aquel contrato “artístico”.

La negativa a discutir salarios y la pretendida autoridad para resolver sus interlocutores, explotando miserabilidades que siempre juegan en contra de los trabajadores, se agrega como táctica, vieja pero a veces eficiente, sobre todo cuando operan sobre las debilidades y el temor. Mientras tanto el costo laboral sigue estando por debajo del que existía en el 2001 y el Producto Bruto Interno creció el doble que los salarios, datos de los que pueden informar pero de los que nunca se hacen cargo a la hora de la discusión salarial. No obstante, vale recordarlo, no pueden evitar que en prensa haya lucha y que nunca se haya fijado por parte de los trabajadores y su organización el techo que acordaron el gobierno, patrones y CGT.

También de esto último supieron los periodistas de Canal 9 en su pelea salarial que devino, tal vez a partir de la persistencia en el reclamo, en la brutal medida empresaria de los seis despidos, en el intento de los nuevos dueños de disciplinar al personal de prensa. Los 26 días transcurridos desde el momento de la decisión y el instante en que se escriben estas líneas -con el conflicto abierto y cada vez más demandante de respuestas concretas y serias que determinen la reincorporación de los seis compañeros- dicen que aquella soberbia inicial de los nuevos dueños debió aguardar más de lo pensado para ejecutar lo previsto y, encima, más rodeada de incertidumbre que lo esperado por González al cuadrado.