En el apogeo del golpismo fujimorista, luego del esperpento del 5 de abril de 1992, uno de los aprovechadores de la “nueva circunstancia” que tendría triste y pobre actuación como adláter del procedimiento delincuencial que caracterizó el régimen nefasto de los narco-comerciantes disolvedores, que fungió de ministro de Economía y que hasta fue candidato a la presidencia, durmiendo en un arenal bajo esteras dizque para “entender la pobreza”, endilgó al país una de las modalidades más crueles de quitarle su dinero al trabajador, condenándolo a muerte, al crearse las AFPs.

Carlos Boloña Behr, utilizó fondos públicos (50 millones de dólares), que se los autorizó el delincuente Fujimori, para “promocionar y publicitar” el nuevo sistema de Administración de Fondos de Pensiones. Bajo una modalidad “obligatoria” se desmanteló el Sistema Nacional de Pensiones, se “legisló” y reglamentó, en el mejor estilo neoliberal que plagió Boloña de sus homólogos chilenos, que la edad para merecer una pensión por jubilación era la de 70 y 65 años para hombres y mujeres respectivamente.

Dejaron atrás la conquista social de los trabajadores del Perú, consagrada constitucionalmente en 1979 con Haya de la Torre a la cabeza, que reconocía el derecho de percibir una pensión luego de haber laborado y aportado durante 30 y 25 años para damas y varones respectivamente y entraron al terreno pantanoso y fraudulento de adueñarse de los aportes de millones de trabajadores peruanos sin mayor garantía que la abusiva y castrense conminación a afiliarse a entidades que sólo te abonarán tu pensión cuando estés a punto de salir a que te guarden rumbo al cementerio.

Esta es una de las secuelas del neoliberalismo salvaje que hay que desguasar. Porque la apócrifa y espuria Constitución de 1993, en la que no intervinimos los apristas, se convirtió en la consagración y summun, non plus ultra de los sueños y proyectos neoliberales, que Boloña lograba aplicar en un país subdesarrollado y con la bendición dictatorial de un régimen que se dedicó a despojar, robar y confiscar los ahorros de la masa trabajadora, privada o pública sin importarles las consecuencias del futuro.

Ha llegado la hora. Desde esta tribuna, llamó a los compañeros de la vida que transitamos, con partido o sin él, a que uno de los compromisos sagrados que habrá que cumplir en el nuevo Congreso que se elija el 9 de abril del 2006, será el de devolver por ley a todos los peruanos su derecho a merecer una pensión de jubilación por tiempo de servicios y no por la edad. Habrá que corregir lo que se tenga que corregir.

Porque, no se puede, siguiendo el principio aprista, luchado y conseguido por Víctor Raúl Haya de la Torre, aceptar que la jornada de trabajo se extienda hasta 12 ó 14 horas, que es en la práctica lo que hace el sistema de AFPs, al prolongar el tiempo de trabajo por 10 ó 15 años a los seres humanos que publicita proteger cuando en realidad busca no devolver sus aportes y de esta manera coronar un brillante robo con nombre neoliberal y número de ley de la época delincuencial de la narcocracia 1990–2000.

Este aporte puede ser enriquecido, mejorado y utilizado por todos aquellos que estamos dispuestos a comenzar el desmantelamiento de la arquitectura legal dictatorial, que instauraron los antipatriotas adoradores de Creso y de las transnacionales.