Siete mentiras sobre el gas

En el afán de mantener una política gasífera contraria a los intereses nacionales, un séquito de intelectuales titulados en universidades yuppies de EE.UU. y Europa continúa difundiendo (vía internet, e-mail, editoriales de prensa, TV y otros) falsos y supuestos beneficios que la política gonista -aún incólume- de exportación del gas reportaría al país, a objeto de fragmentar la opinión pública que en octubre se manifestó heroica y mayoritariamente contra la actual política hidrocarburífera. De ese modo, y si se cumple la promesa del nuevo presidente de hacer modificaciones a la legislación hidrocarburífera y materializar un referéndum vinculante, esos intelectuales yuppies estarían entretejiendo viejas y flamantes consignas -a modo de ofensivas discursivas- con la finalidad de lograr éxito en dicho referéndum y, consiguientemente, coronar la estafa que no pudo el Goni. Veamos, cuáles son los artificiosos y falsos supuestos que van propagando.

1. “Bolivia cuenta con 54 trillones de pies cúbicos (TCF) por obra y gracia de la inversión extranjera”

Toda la cohorte de intelectuales yuppies, tecnócratas y consultores que maman de las petroleras juran que las empresas transnacionales, desde 1997 invirtieron en el país 3.500 millones de dólares en la exploración de reservas gasíferas y que gracias a ello, las reservas nacionales de gas natural han aumentado de 5.7 TCF a 54.7 TCF. Nada más engañoso y traidor. En realidad, el Goni, en su primera gestión presidencial, concedió a las transnacionales petroleras reservas que ya habían sido descubiertas por YPFB con capital, tecnología y técnicos propios. Por ejemplo, el campo San Alberto, ubicado en el departamento de Tarija, fue descubierto en 1990. Según informe oficial de la Gerencia de Exploración, Distrito Sur de YPFB -que es la fuente más fidedigna y probatoria de lo que aquí se asegura-, los trabajos de perforación en dicho campo se iniciaron en diciembre de 1988 y finalizaron en septiembre de 1990, llegando a una profundidad de 4.518,5 ms., con resultados exitosos que se hacen público el 15 de octubre de 1990.

De manera que en 1996, cuando este campo es entregado a las transnacionales, se lo entrega con las reservas existentes y descubiertas por YPFB, pero se lo declara “campo nuevo” a fin de favorecer a las nuevas empresas operadoras que, desde entonces, sólo pagan el 18% de impuestos al Estado. Este delito de traición a la patria cometido por el Goni y avalado por sus yuppies fue posible porque el campo San Alberto, una vez descubierto, no fue certificado; vale decir, que ocurrió lo mismo que con un recién nacido, a quien por falta de recursos económicos de sus padres no se le concede un certificado de nacimiento, lo cual no quiere decir que por falta de ese certificado ese niño no existe, existe pero sin certificado que más después se lo pueden otorgar otras personas y no siempre sus padres. Y es exactamente esto lo que ocurrió con el campo San Alberto: por falta de recursos el Estado no certificó el descubrimiento hecho por YPFB. El trámite de certificación lo hicieron las petroleras y esta es la inversión que se les puede reconocer, no así los 3.500 millones de dólares que dicen haber invertido, porque en realidad las petroleras no han descubierto ningún pozo ni han realizado tareas intensivas y millonarias de exploración. Por esto se debe exigir la realización de una auditoria y un peritaje internacional para verificar el monto de las inversiones efectuadas y establecer la cantidad de reservas de gas descubiertas por las petroleras. Con esos informes técnicos, el Estado bien puede acusarlas de fraude en el cumplimiento de los contratos de capitalización.

2. “Si nos retrasamos, Bolivia puede ahuyentar a la inversión extranjera, perder los mercados de México y California y repetir la historia del litio”

En realidad, esos mercados no existen ni existirán para el gas boliviano porque esos mercados no demandan el gas boliviano. California, por ejemplo, tiene ofertas más favorables de otros consorcios petroleros más poderosos que operan en Rusia, Alaska y otros. Por tanto, la consigna de “exportar gas a California” es el embuste o el anzuelo necesario para transportar gas a Chile y vender gas sólo a Chile, pero a precio de gallina muerta, negocio por el cual se beneficiarían no tanto el pueblo chileno como la oligarquía y las transnacionales que operan en Chile y que son “comadres” de las petroleras que operan en Bolivia.

También se dice que si Bolivia no toma una decisión rápida puede ocurrir lo que ocurrió con el litio; es decir, que el país pierda a los inversores extranjeros, provocando que las regiones -Uyuni para el caso del litio- se perpetúen en la pobreza y en las márgenes de la modernidad.

¿Podrán decirnos toda esa legión de yuppies que los inversionistas extranjeros eliminaron la pobreza de Potosí a tiempo de vaciar las minas de plata y estaño, o de Pando cuando se explotó la goma, o del Chaco que, a pesar del petróleo que actualmente se explota, mantiene comunidades indígenas sumidas en la pobreza y afectadas por la infame contaminación del río Pilcomayo? Contrariamente a los supuestos beneficios que podrían conferirnos las transnacionales, la historia nos enseña que éstas han provocado que el país pierda seres humanos y extensos territorios en guerras provocadas precisamente por esa lógica expoliadora con que operan las transnacionales y el capital privado. Ahí están las guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco en donde las transnacionales jugaron un rol siniestro con la finalidad de apropiarse el guano, el salitre, la goma y el petróleo.

Además de la desmembración territorial, ¿qué queda en esas regiones? Sergio Almaráz respondería: “quedan cementerios y campamentos de desheredados”. Hoy, por ejemplo, Catavi es un pueblo fantasma y ¿dónde está el progreso y la modernidad que debería haber alcanzado por la explotación de minerales? ¿Querrán los yuppies un destino semejante para Tarija y los pueblos originarios del Chaco gasífero?

3. “El precio de 70 centavos de dólar por millar de pies cúbicos es competitivo”

El gobierno asegura que el precio de $us.0.70 por millar de pies cúbicos (MCF) en boca de pozo responde a razones de competitividad, pues estando el mercado de California (mejor sería “el ficticio mercado de California”) a tan larga distancia desde los pozos gasíferos de Tarija, se debe rebajar su precio en boca de pozo a objeto de compensar los gastos de transporte marítimo hacia EE.UU., con lo cual se lograría que el gas boliviano sea competitivo en el mercado norteamericano. Pero, en realidad, el precio de $us.0.70 x MCF ha sido diseñado por presión de organismos como el BM, FMI y otros, que quieren potenciar a la pro-yanqui oligarquía chilena y las transnacionales que operan en la región, por lo que ésta es otra estrategia discursiva y engañosa para vender el gas no a Norteamérica sino a la oligarquía chilena que se beneficiaría comprando el gas más barato del mundo. El precio del gas en boca de pozo en el mercado internacional oscila entre $us.1.25 y $us.1.70 x MCF., y actualmente Argentina vende gas a Chile al precio de $us.1.25 x MCF, entonces, no es que la rebaja en el precio del gas en boca de pozo sea para hacerlo competitivo, sino que responde a una estrategia económica multimillonaria, por la que las transnacionales lograrían una ganancia de 3.660 millones de dólares si se materializara el proyecto Pacific LNG de explotación de 7 TCF en 20 años.

Pero además, un dato importante a considerar -deliberadamente escondido por el gobierno y sus expertos- es que el precio de $us.0.70 x MCF en boca de pozo no sería fijo y respondería más bien a la fluctuación de precios del gas en el mercado norteamericano. En efecto, dado que el precio del gas en el mercado norteamericano no es fijo y es presionado a rebajar de acuerdo con el interés norteamericano, estos factores incidirían en forma continua y/o periódica para que el precio del gas boliviano en boca de pozo rebaje. Veamos de qué manera: actualmente Trinidad y Tobago vende gas a EE.UU., y siendo ese país el mayor proveedor de gas a EE.UU. al precio de $us.3.03 x MCF (datos del segundo trimestre de 2002), el mercado de compra y venta de gas en EE.UU. se rige de acuerdo con ese precio. Por tanto, si el gobierno boliviano firmara hoy un contrato de venta de gas a EE.UU., el gas boliviano en el mercado de California costaría $us.3.03 x MCF, pero del cual hay que descontar los costos de transportación/transformación establecidos por el BM que ascienden a $us.2.45 x MCF, más otros gastos por concepto de varios que ascienden a $us.0.15 x MCF, con lo que totalizarían la suma de $us.2.60 x MCF, que según el propio BM se consideran costos de operación fijos e inamovibles. Consiguientemente, si el precio del gas en el mercado norteamericano se cotiza en $us.3.03 x MCF y los costos de transporte, transformación y otros ascienden a $us.2.60 x MCF, llegamos a la conclusión de que el precio del gas boliviano en boca de pozo, no sería de $us.0.70, sino el precio exacto e irrisorio de $us.0.43 x MCF, vale decir, algo así como 3 pesos bolivianos por la cantidad de dos garrafas de gas. Y estos 3 pesos bolivianos no serían para el Estado boliviano, sino tan sólo el 18% de ellos, es decir, ni un peso.

De manera que el gobierno miente al decir que el precio del gas en boca de pozo tendrá un precio de $us.0.70 ó de $us.1.00 x MCF, “como engañosamente maneja el representante de la Superintendencia de Hidrocarburos en Tarija, Luis Lema Molina, o como otros analistas neoliberales quienes mencionan valores mayores de hasta 2,50 $US/MPC” (Oscar Gonzáles). El precio del gas boliviano podría llegar a $us.0.70 x MCF, siempre y cuando el precio del gas en el mercado norteamericano suba de $us.3.03 a $us.3.30 x MCF.

De todos modos, a objeto de neutralizar la política vertical de EE.UU. en la fijación de precios sobre el gas, habrá que pensar en la creación de un organismo latinoamericano de países productores de gas natural liderizado por Bolivia, Venezuela, Perú, México y otros, a objeto de negociar precios, condiciones de exportación y otros, en forma digna y soberana.

4. “Por la venta de gas, Bolivia ganará suficiente dinero como para pagar su deuda externa”

En realidad, por la venta de gas en boca de pozo, a Bolivia le correspondería el 18% y el restante 82% sería para las petroleras españolas e inglesas que se adjudicaron la explotación del gas: Repsol, British Petroleum y British GAS. En consecuencia, si el precio del gas en boca de pozo se estableciera en $us.0.70 x MCF -aceptemos el optimismo gubernamental de que el precio del gas puesto en California llegara a $us.3.30 x MCF- Bolivia recibiría mas o menos $us.0.12 x MCF, de los cuales, $us.0.08 se destinarían automáticamente para Tarija por concepto de regalías, y $us.0.04 para el resto del país. En cifras totales, por la venta de 7 TCF a realizarse en 20 años, significaría un ingreso de 882 millones de dólares para el Estado boliviano, es decir, que tendríamos un ingreso anual de 44 millones de dólares aproximadamente. ¿Dónde está la supuesta ganancia que oscilaría entre 4.500 y 5.500 millones de dólares, monto que, según Carlos Alberto López (postgraduado en Harvard y Londres), sería suficiente como para pagar la deuda externa del país?

La hipotética ganancia en aproximadamente 5.000 millones de dólares sería posible siempre y cuando el precio del gas en boca de pozo subiera de $us.0.70 a $us.1.30 x MCF y el porcentaje de impuestos a favor del Estado boliviano subiera del 18% al 50%. Con ese precio e impuestos reformulados, el Estado recién podría percibir una ganancia de $us.4.550 millones de dólares en los próximos 20 años, pero ese monto no sería para pagar la deuda externa (como sugiere C.A. López) sino para pagar la deuda social que tiene el Estado con los indígenas, campesinos y trabajadores del país. Por lo que en la nueva legislación hidrocarburífera, y dado que el actual negocio de venta de gas a Brasil y Argentina se usa para pagar la deuda externa del país, se debe prohibir de modo taxativo que los ingresos al Estado por concepto de futuras ventas de gas al exterior sean usadas en el pago de la deuda externa y, más bien -de acuerdo con la propuesta de Pablo Ramos-, se destinen a inversiones en salud y educación.

5. “Bolivia tiene mucho gas, pero en el mercado mundial de gas Bolivia se compara con un enano”

“Bolivia tiene gas como para 600 años”, dicen muy orondos los yuppies. De modo más categórico y sorprendente, el habilidoso López sostiene que: “si por no salir por Chile nos guardamos los 54.9 TCFs, éstos nos duraran al ritmo actual de consumo 1.252.7 años”. A ello añaden, nuestros aleccionadores expertos, que el gas que se encuentra en el subsuelo, en el estado actual en que se encuentra sólo sirve para prolongar la pobreza del país y que más tarde no sabríamos qué hacer con ese gas, pues la tecnología está encontrando energías alternativas basadas en el hidrógeno y otros que descartaran el uso masivo de gas natural, por lo que no deberíamos hacernos a los bellos con nuestro gas y que, en fin de cuentas, en el mercado mundial de gas “somos nadie”, “somos un enano”, lo dicen con esa mentalidad propia de agentes coloniales y obviamente que esa forma de pensar tiene el ánimo de arribar a la conclusión primera y última de explotar el gas de la forma más voraz e irracional posible.

Para comprender la importancia energética que tiene el país en la región no es necesario recurrir al artificioso juego de comparar nuestras reservas con las reservas que tienen otros países en otros continentes, sino evaluar nuestra riqueza gasífera y cotejarla con nuestros vecinos. Según datos difundidos por YPFB y el propio gobierno, existirían en el país 54.7 TCF; sin embargo, cabe puntualizar que esta cifra es aún incierta porque corresponde al total de reservas probadas y probables (no comprobadas). Las reservas probadas y sobre las que existe certeza sólo llegan a 28.6 TCF, mientras que las reservas probables, sobre las que no existe certeza, alcanzan a 26.1 TCF. De manera que a tiempo de negociar las condiciones de la explotación del gas en todas sus fases, debemos tomar en cuenta como dato seguro los 28.6 TCF de reservas probadas, porque eso es lo que hoy existe en términos reales y no hipotéticos, pero que las mismas son superiores a las reservas que tienen los países vecinos. Así por ejemplo, según datos proporcionados por Saúl Escalera, Argentina cuenta con 25 TCF (probadas y probables), Perú con 13 TCF (probadas y probables) y Chile con 4 TCF (probadas y probables). No se tiene datos de Paraguay y Uruguay, pero es de suponer que carecen de este recurso por la sencilla razón de que actualmente Argentina y Brasil proveen gas natural (¿boliviano?) a esos países.

De manera entonces que con estos datos podemos nuevamente despejar la charlatanería de los yuppies y afirmar que Bolivia es una potencia gasífera de la región y echar a la cloaca ese embuste de: “si no vendemos ahora el gas a California, podríamos perder ese mercado que podría ser copado por Rusia o Alaska”. ¡Al diablo con el mercado californiano!, que de todos modos no existe y fue el truco inventado para vender (donar) gas a Chile. El mercado más cercano y seguro está aquí, en el Cono Sur, incluido Chile pero que tendrá que pagar un precio que repare los males causados por el enclaustramiento marítimo y estará forzado a hacerlo, porque su actual matriz energética asentada en el petróleo y el carbón va entrando en crisis. Adicionalmente, dentro de algunos años más Argentina acabará con sus reservas de gas y ya ha anunciado a Chile que irá suspendiendo en forma paulatina la venta de gas a ese país, como que ya lo está haciendo. De manera que Bolivia dentro de 10 ó 15 años a lo sumo tendrá un mercado formidable compuesto por los países de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Por esto mismo, ya en 1995, Bolivia fue declarada “Centro de Producción de Gas para el Cono Sur”, no sólo por sus reservas de gas sino además porque el gas boliviano es natural, no contaminante y está exento de azufre. Sin embargo, y a fin de que el gas no sea explotado sólo como materia de exportación y garantizar su uso racional, en la nueva legislación hidrocarburífera se debe normar claramente que las reservas ya descubiertas o por descubrir deben tener un destino del 50 % para el consumo y la industrialización internos y el restante 50% para la exportación.

6. “YPFB era ineficiente y corrupta; hay que recurrir a la empresa privada y extranjera”

En la primera gestión del Goni (1992-1997), YPFB fue "capitalizada" bajo el argot de que era una empresa ineficiente y corrupta, por lo que había que entregarla a la administración y tutela de empresas petroleras transnacionales. A este proceso de entrega de las empresas estatales al capital transnacional se le llamó “capitalización”, la gran estafa gonista por la que supuestamente YPFB y otras empresas estatales iban a recibir dinero fresco de la mano de los inversores extranjeros. Antes de que ocurriera la maldita capitalización, YPFB generaba ganancias para el Estado boliviano por un valor promedio de 300 millones de dólares anuales. Después de la "capitalización", las “capitalizadoras” entregan al Estado no más de 50 millones de dólares anuales. El resultado es que esas “eficientes e inmaculadas capitalizadoras” se están llevando a sus países grandes capitales, hecho que los propios representantes de las petroleras lo reconocen sin rubor: "en Bolivia, por 1 dólar invertido se obtiene una ganancia neta de 10 dólares", lo dijo Roberto Mallea, alto funcionario de la española Repsol, en la ciudad de Santa Cruz (abril del 2002).

Además de las medidas “capitalizadoras”, YPFB sufrió otro golpe justo dos días antes de que feneciera la primera gestión del Goni, vale decir, el 4 de agosto de 1997, cuando, a espaldas del pueblo, del parlamento y del ordenamiento jurídico constitucional del país, emitió el DS 24806 por el que transfiere la propiedad estatal de las reservas de gas y petróleo a varias empresas transnacionales (nortemaericanas, inglesas, españolas y brasileñas). A partir de entonces, el gas ya no pertenece al Estado boliviano y YPFB está completamente desmantelado.

Frente a este panorama, se plantea la abrogación de la ley de capitalización No. 1544 (la madre de todos los asaltantes del Estado), de la ley de hidrocarburos No. 1689, de la ley No. 1731 (que legaliza la reclasificación de “campos existentes” y “campos nuevos”, consiguientemente la rebaja de impuestos del 50% al 18%) y del DS 24806. La abrogación de estas leyes y decreto posibilitará la recuperación de la propiedad de los yacimientos y recursos hidrocarburíferos para el Estado boliviano en su uso, goce, disfrute y disposición, lo cual debería estar inscrito en la nueva legislación hidrocarburífera. Además de esto, se plantea la refundación de YPFB como entidad autárquica, encargada de la exploración, explotación, transporte, comercialización e industrialización de los hidrocarburos, en razón de que esta empresa a lo largo de su historia demostró ser una empresa ejemplar, rentable y gracias a la cual el Estado boliviano sobrevivió después de la crisis de la minería y de COMIBOL.

Y para evitar que YPFB vuelva a convertirse en botín político de los partidos gobernantes, como ocurrió por varias décadas, la presidencia de YPFB debería estar a cargo del parlamento que tendría que adoptar la misma modalidad de elección que se tiene para la defensoría del pueblo, es decir, con dos tercios de votos. Además, se deberían crear comités de vigilancia o de control y fiscalización, compuesto por representantes de la COB, CSUTCB, Universidad pública, Ministerio Minas e Hidrocarburos, Parlamento, Iglesia y otros. Estos comités deben ser creados a nivel nacional y en los departamentos hidrocarburíferos. Y, tanto sobre la presidencia como sobre los fiscalizadores, debe recaer el principio de la revocabilidad del mandato a aplicarse toda vez que éstos incurran en delitos graves y dolosos al Estado.

7. “La categoría ‘riesgo país’ aleja el capital para la industrialización del gas”

También suelen decir que el país es inestable, caótico e infestado de bloqueadores, que hacen que Bolivia tenga en el rating de inversiones de organismos globalizadores la categoría de “riesgo país”. La misma categoría tiene Irák que está en guerra, pero las transnacionales “reconstructoras” están desesperadas de invertir en ese país riesgoso porque las utilidades son millonarias (Jaime Zubieta). Lo mismo ocurre en Bolivia: las transnacionales petroleras tienen todas las facilidades para invertir en el país: obsequio de yacimientos hidrocarburíferos, rebaja de impuestos del 50% al 18%, precio de gas en boca de pozo mínimo y una normativa legal e institucional de servidumbre como no las tienen en ningún otro país petrolero. Por esto, las transnacionales, a pesar de la calificación de “riesgo país”, se aferran al negocio de exportar el gas boliviano porque es el negocio más lucrativo que tienen en la actualidad, ya lo dijo el representante de la española Repsol.

La exportación de gas como materia prima es altamente lucrativa, pero también lo es la exportación de derivados con alto valor agregado, lo cual implica encarar procesos intensivos de industrialización del gas, y esto es lo que representa la estrategia chilena de absorber gas boliviano para industrializar la región norte de ese país y crear un polo de desarrollo regional que abarque Chile, Perú y Bolivia, pero bajo dirección de las transnacionales y la oligarquía chilena.

El Goni nunca comprendió esto, o mejor, lo entendió perfectamente y por ello se convirtió en socio empresarial de la Pacific LNG, encargada de transportar gas a Chile y supuestamente a California. Por ello es que también desoyó las propuestas de industrialización que le hicieran consorcios especializados en dichos procesos. Según el periodista García Mérida, el gobierno gonista ocultó información relacionada con propuestas de industrialización planteadas por: a) Syntroleum para producir 90.000 barriles de diesel sintético, con una inversión de 2.100 millones de dólares, b) Rentech para la producción de biodiesel y energía eléctrica y, c) Mitsubishi que planteó asociarse con el Estado boliviano para instalar plantas petroquímicas y producir gasolina de aviación y nafta (ver: Juguete Rabioso, No. 92).

De modo que sí hay consorcios interesados en invertir en el país, por lo que una audaz política de Estado, digna y soberana, debería promover dichas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, más aún si el nuevo patrón de acumulación de las próximas décadas estará asentado en la explotación del gas natural.

Por tanto, el tema no es si el gas se exporta por Chile o por Perú, importa primero que ese gas sea recuperado por el Estado boliviano, para emprender procesos de industrialización de derivados hidrocarburíferos con alto valor agregado. Un esquema general de dicho proceso, podría ser planificado del siguiente modo: a) instalación de una planta termoeléctrica y una planta productora de diesel y gasolina (adicionalmente se tendría agua para riego del Chaco) en Tarija, b) planta productora de fertilizantes en la región salar de Uyuni, c) plantas productoras de plásticos y carburantes en Oruro y La Paz y, d) planta siderúrgica en el Mutún y, e) fomentar el consumo domiciliario y el uso masivo de gas natural en el transporte terrestre. ¿Podrán negarnos este reto los yuppies?