La aplicación de la Ley no puede, ni debe, dejar de contemplar una realidad compleja en la que muchísimos comunicadores se encuentran aún en estado de vulnerabilidad económica y legal.
Si la comunicación es de todos y para todos, es imperioso que la Autoridad de Aplicación de la Ley proteja a los sectores más desamparados y castigados por los históricos planes de concentración instrumentados a favor de unos pocos y en contra de las grandes mayorías.
Recordamos:
1) Que el Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- garantice la seguridad de trabajo a todas y todos las/os periodistas de medios públicos y privados, cualesquiera sean estos.
2) Reclamamos asignación automática de licencias para todos los medios comunitarios y la devolución de equipos decomisados.
3) Reivindicamos la histórica lucha dada por la UTPBA –y otros sectores sociales que impidió la liquidación y privatización de los medios públicos.
4) Fue la UTPBA en soledad –durante la década infame del menemismo- la que se opuso a la privatización de los canales de televisión, mientras muchos aplaudían la “Revolución Productiva” y el “Salariazo”.
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