El polémico anuncio del delegado del ministro de Finanzas, Fernando Soria, de presentar una reforma legal para eliminar el aporte del 40% a las pensiones jubilares que el Estado debe entregar al IESS, fue desechado por inconstitucional y absurdo, y en medio de la protesta y las acciones rganizadas que se dieron en Quito y Guayaquil en mayo pasado, bajo la coordinación del asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Linder Altafuya, y con la participación activa de organizaciones de jubilados, centrales sindicales, dirigentes del Seguro Social Campesino y trabajadores.

El delegado del régimen, al parecer, a dicho aporte lo calificó como “subsidio”, con el propósito de legalizar su eliminación, por considerarlo un “gasto”. Pretendía, entonces, delegar toda la responsabilidad al IESS.

Es necesario afirmar que no se trata de una dádiva, es un derecho que ha constado en constituciones y leyes anteriores, y su aporte debe hacerse mensualmente y no anualmente, como acordaronel delegado del presidente Correa y el presidente de Directorio del IESS, Ramiro González.

Así lo aclara Linder Altafuya, quien sostiene que el aporte del 40% del Estado a las pensiones jubilares no es un subsidio, sino una obligación, de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Seguridad Social y a la Constitución en el Art. 371, que dice: “Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma oportuna.”

Marco Viteri, dirigente de la Asociación de Jubilados Batalla de Tarqui, mencionó que la lucha de su organización ha sido siempre encaminada para que se revaloricen las pensiones jubilares, ya que desde la dolarización se redujo a cantidades insignificantes, muchas de ellas llegaron a $4. Esta posición se ha mantenido por la conciencia y la educación política que se imparte al gremio.

Para Viteri, la pretensión de eliminar el 40% de aporte del Estado a las pensiones jubilares no es una novedad, ya que también en su momento el presidente Lucio Gutiérrez, por asesoramiento de delegados del Fondo Monetario Internacional, tuvo las mismas intenciones, para dirigir esos fondos para el pago de la deuda externa, deslegitimando la deuda actuarial.

De acuerdo a lo aprobado en el 2009 por la mayoría de asambleístas de Alianza País, el irrisorio incremento fue de 10 dólares, ya que en el Registro Oficial No. 559 de 30 de marzo del 2009, consta que los incrementos serán “en la misma proporción que la inflación del año anterior”; acción que provocó malestar en los miles de jubilados del IESS, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El 21 de mayo de este año se entregó una propuesta del gobierno para cambiar el Art. 234 de la Ley de Seguridad Social, ISFA, ISPN y proponer que se realicen los incrementos “de conformidad con las regulaciones que el IESS expida para el efecto”.

En cuanto al monto, tampoco existe ningún acuerdo para el pago. A decir de entendidos, la deuda del estado con el IESS llega a los 3.700 millones de dólares, que es el déficit actuarial del Instituto calculado hasta el 2003 y que el gobierno se había comprometido a asumir. Según datos oficiales del IESS, el Estado le adeuda a la institución 770 millones por concepto del pago del 40% correspondiente a las pensiones jubilares del período de octubre del 2008 a diciembre del 2009, y aún queda un saldo de 112’721.656 dólares por el mismo concepto. A esto se debe añadir que permanece pendiente una obligación de 500 millones de dólares por concepto del pago de una parte del seguro de salud para los jubilados; suma total que superará los 1.200 millones de dólares.

De acuerdo al acta suscrita entre el delegado del gobierno y el titular del Consejo Directivo del IESS, el 17 de mayo, los valores a pagar dentro de ese período (nov. 2008-dic. 2009) ascienden a 666 millones de dólares (40% de pensiones jubilares) y 150 millones de dólares (por las prestaciones médicas), cifras que no coinciden con las reportadas por el IESS. ¿Es acaso que nuevamente se le está perjudicando a la institución con el aval del Ramiro González?

Es necesario aclarar que los 888 millones de dólares que el gobierno de Correa ha cancelado al IESS, corresponden a las aportaciones de los empleados públicos que no se pagaron por años; esto se añade que existen saldos, según las cláusulas firmadas en el acuerdo de mayo del 2008.

Lo preocupante es la forma desmedida en que el IESS se está realizando inversiones y la compra de bonos del Estado, que es el mayor deudor del IESS, arriesgando la estabilidad financiera del Instituto y violentando la Constitución, por un lado, y a pesar de la abundancia de fondos, por otro lado se evidencia el abandono en que se encuentra la atención y el bienestar de los afiliados activos y jubilados, quienes padecen por la falta de apoyo para conseguir créditos acordes a sus necesidades, la falta de médicos especialistas en las distintas unidades médicas, la falta de medicina para enfermos crónicos, quienes deben hacer más esfuerzos económicos para comprar los fármacos.

Ante esta problemática surgida alrededor del manejo de los fondos del IESS, en las reuniones que se dieron tanto en Quito como en Guayaquil, luego de extensos debates, los dueños del IESS, los afiliados, llegaron a varias resoluciones, que se resumen en:

* Conformar con las organizaciones que representan a los jubilados, afiliados, trabajadores, maestros, campesinos y demás asegurados, el Comité Nacional en Defensa del IESS.

* Exigir al Gobierno Nacional el pago inmediato de la deuda que mantiene con el IESS por concepto del 40% de aporte a las pensiones jubilares. Exigir, también, el pago de la deuda que mantienen con el IESS la banca privada y los empleadores morosos.

*Exigir al Consejo Directivo del IESS que no haga nuevas inversiones en el sector público hasta que no se concrete el pago de la deuda.

*Solicitar la destitución del Eco. Ramiro González como Presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los demás Miembros del Consejo Directivo, por no hacer respetar los mandatos que establece la Constitución. * Exigir al gobierno el respeto a la Autonomía del IESS.

* Que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores impulse las Reformas a la Ley de Seguridad Social.

* Exigir el funcionamiento y puesta en marcha de forma inmediata del Banco del Afiliado.

* Apoyar a los Asambleístas que mantienen una defensa incondicional de la autonomía y demás principios de la Seguridad Social.