JPEG - 23.4 KB

La popularidad de Kirchner sigue sosteniéndose en un alto nivel en base a algunas medidas clave y una batería de anuncios que, de concretarse, solidificarán la posición de liderazgo regional esbozada desde sus discursos de barricada.

Nacido como hijo inesperado de la puja entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde, Kirchner supo manejarse con fina muñeca política en la vieja estructura peronista. Desde 1996, cuando se enfrentó a Menem, esencialmente por los fondos de las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz, se perfiló como un outsider en la puja entre el riojano y Duhalde.

Su discurso crítico hacia las políticas neoliberales menemistas apareció cuando la cuestión petrolera en Santa Cruz quedó zanjada. Entonces redobló sus ataques contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras la retirada del menemato y el autismo de la Alianza delarruista dejaban al país al borde del abismo. Cuando la crisis de diciembre de 2001 devoraba presidentes eventuales, Kirchner medía sus tiempos políticos de cara a 2007. "Siempre se sintió incómodo al lado de Menem y permanentemente reivindicó a la generación del 70 con todo lo que eso implica: integración latinoamericana y unidad de los países del Tercer Mundo", recuerda Carlos Kunkel, amigo del santacruceño y funcionario de la Presidencia.

Pero si en política el rumbo está claro, la economía siempre fue una materia pendiente para un hombre acostumbrado a hacer las cuentas junto a los barriles de petróleo. El apuro por organizar un equipo de gobierno, después de aceptar la candidatura presidencial ofrecida por la estructura duhaldista, lo llevó a aceptar algunas condicionantes que aún se prolongan a un año de su gobierno.

Economía pantanosa

Roberto Lavagna fue el ministro de Economía de Eduardo Duhalde que trató de enderezar el inevitable trabajo sucio que su antecesor Jorge Remes Lenicov llevó adelante con la salida de la convertibilidad. Ese proceso traumático es la razón central para entender por qué Kirchner aceptó a Lavagna en el gabinete. Salir del esquema económico implicaba por lo menos resistir tres cimbronazos inevitables. Por un lado, resolver la asimetría que esa medida generó en el mercado interno para los consumidores y el impacto que trasvasó ganancias del sector financiero al exportador, que liquidaba en pesos y cobraba en dólares. En segundo lugar, enfrentar a los organismos multilaterales de crédito que, desde el 24 de diciembre de 2001, sabían del anuncio de Adolfo Rodríguez Saá de llevar al país al default.

Y en tercer lugar, a consecuencia de ese default, implementar una respuesta para los inversores privados que habían adquirido bonos de la deuda argentina, en la fiesta del megacanje de Domingo Cavallo en abril de 2001 y de las colocaciones en bonos hechas sobre el filo de la caída delarruista en el agosto previo a la debacle.

Sin oposición vociferante desde el establishment económico, Kirchner se mantuvo firme en sus negociaciones con Lavagna antes de cada anuncio económico. Las críticas arreciaron por la forma en que se resolvió la liquidación de fondos de los ahorristas, pero el alivio llegó cuando en setiembre de 2003 se anunció la quita del 75 por ciento en la deuda. "Es un piso realista para negociar", aseguraban economistas locales e internacionales por esos días.

Sin embargo, la propuesta del 3 por ciento de superávit fiscal para pagar a los organismos de crédito, anunciada en marzo pasado por el propio Kirchner a la titular interina del FMI, Anne Krueger, suena para algunos economistas exagerada (véase entrevista con Claudio Lozano), porque de ese modo sigue sin atenderse la deuda social con casi siete millones de argentinos en la miseria, más allá de los planes sociales. En el gobierno aseguran que se trata de "tiempo y planes regionales conjuntos para salir adelante", según el propio Alberto Fernández, jefe de gabinete.

Sin embargo, la negociación con las privatizadas sigue en plena disputa. En junio de 2003 los ministros Lavagna y de Planificación Federal, Julio de Vido, anunciaron la ronda de negociaciones con 63 empresas privatizadas para reformular las condiciones de la explotación de los servicios públicos. Los ferrocarriles entregados por el menemismo están desde hace año y medio en la mira del gobierno, por el mal funcionamiento de los ramales, la falta de inversión y el incumplimiento en los pagos.

La crisis energética puso nuevamente en escena la oscura trama de las privatizaciones del sector eléctrico y petrolero en los días de Menem, y aunque la respuesta oficial con la creación de una empresa estatal alienta esperanzas, la crisis ya estalló con crudeza para los sectores más empobrecidos, que no pueden acceder ni a la red de gas ni a las garrafas para enfrentar las primeras frías temperaturas. La imprevisión tomó por sorpresa al gobierno.

Derechos humanos

La política exterior encarada por el canciller Rafael Bielsa no encuentra reparos en las filas de una lánguida oposición. Terminar con las "relaciones carnales" menemistas con Washington implica para Bielsa reincorporarse al mundo organizado de la mano de las Naciones Unidas, privilegiando en ese escenario las relaciones con países vecinos para conformar bloques regionales.

La negativa a enviar tropas a Irak, por pedido de George Bush, y enviarlas a Haití en el marco de un cronograma de la ONU, demuestra el viraje de la diplomacia argentina. La alineación regional quedó plasmada en la abstención con relación a los derechos humanos en Cuba, durante la votación en la ONU, donde la eterna presión de Washington se hace sentir.

Es en el terreno de los derechos humanos donde el gobierno fue más a fondo y registró sus mejores logros, traducidos en un aumento de la imagen presidencial. No sólo Bielsa marcó el voto en la ONU sobre Cuba sino que destrabó el decreto que impedía juzgar a los militares argentinos -en el exterior- de la dictadura de 1976, con lo cual es inminente el juicio en España para los ex represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) Ricardo Cavallo y Adolfo Scilingo. En el plano interno la anulación parlamentaria de las leyes de punto final y obediencia debida cosechó elogios entre los organismos de derechos humanos y la población, aunque aún falta la ratificación de esa decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hacia allí también Kirchner apuntó sus baterías desarticulando a la mayoría automática menemista y proponiendo en su reemplazo a juristas de la talla de Eugenio Zaffaroni.

La reapertura de las causas de la dictadura planteó un dilema en el seno de los organismos de derechos humanos, donde algunos ven con esperanza el nuevo escenario y otros, como las Madres de Plaza de Mayo, son escépticos. En ese mismo terreno, Hebe de Bonafini (véase entrevista) prefiere centrarse en las violaciones que aún lleva adelante la policía con los casi 1.500 casos de gatillo fácil en todo el país.

La cuestión de la seguridad es otra deuda del gobierno nacional y los provinciales. Los organismos de seguridad no fueron depurados de sus prácticas heredadas de la conducción de la dictadura, según puede observarse en la connivencia entre funcionarios políticos, jefes policiales y bandas armadas de delincuentes. Desde 1997, cuando fue asesinado el periodista José Luis Cabezas, tanto Amnistía Internacional como los organismos locales, y hasta el propio Departamento de Estado estadounidense, marcan los casos de gatillo fácil como un problema recurrente de violación de los derechos humanos en Argentina.

En algunos casos esta realidad se mezcla con la persecución de dirigentes piqueteros que son asesinados, como Maximiliano Kostecki y Darío Santillán, en junio de 2002, por la policía bonaerense, y la lista de presos sociales asciende a casi dos mil en todo el país, por reclamar en cortes de ruta o toma de oficinas públicas. El gobierno decidió permitir estas manifestaciones pero su política en la materia aún no encuentra eco en el Poder Judicial, donde varios fiscales iniciaron causas de oficio contra manifestantes por obstruir calles y rutas.

Escenario

El camino iniciado por Kirchner ya lo catapultó a la categoría de líder regional, según los analistas locales, y las encuestas lo sostienen con un 74% de aceptación popular. Apenas bajó nueve puntos desde julio pasado, cuando se evaluaron sus primeros 30 días de gestión. Desde la oposición de centroizquierda, Elisa Carrió le advierte que abrió demasiados frentes de batalla; desde la derecha el prófugo Carlos Menem y su vocero Jorge Asís vaticinan que "quizá no llegue a 2007". En ese terreno se mueve el gobierno que deberá empezar a mostrar el resultado concreto de sus anuncios a fin de demostrar la eficacia de las políticas alejadas del neoliberalismo.