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Atrás quedó el tímido vicepresidente que se apartó del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada después que le preguntaran si estaba dispuesto a matar. Hoy, el presidente Carlos Mesa ha decidido hacer frente a las movilizaciones sociales con represión, confrontación social y criminalización de las protestas.

Esta apuesta por la mano dura se debe a su imposibilidad de dar respuestas políticas a las exigencias populares que lo llevaron a la presidencia en octubre de 2003, una de ellas, la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que eleve el impuesto a las petroleras; mandato popular que fue refrendado en el referendum convocado por Mesa en junio de 2004.

Investido de una nueva “legitimidad”, otorgada por los partidos de derecha que han pactado entre ellos para dar vía libre en el Parlamento a las leyes que necesita apobar y por las clases medias que han salido a las calles a expresarle su apoyo Mesa ya no duda a la hora de emplear la violencia para acallar las protestas. El día de ayer, un bloqueo protagonizado por choferes, en la ciudad de Santa Cruz, fue intervenido por destacamentos policiales que apalearon a los bloqueadores y destrozaron los vidrios de sus vehículos.

Este escenario se vive en Bolivia luego de que, el lunes pasado, Carlos Mesa pusiera a consideración del Congreso boliviano su renuncia como presidente. En un largo discurso a la nación (emitido el domingo 6), Mesa explicó que se veía obligado a tomar esa decisión a causa de las protestas sociales que iban incrementándose en todo el país.

Aprovechó también para acusar a dirigentes sociales como Evo Morales (diputado por el MAS) y Abel Mamani (Juntas Vecinales) de crear inestabilidad e impedirle gobernar. Sin embargo, poco tiempo después se conoció la veradera razón para que Mesa lanzara su amenaza: su total oposición a enfrentarse a las empresas petroleras transnacionales que, desde la privatización dispuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada (gestión 1993-1997) gozan de inmejorables ventajas económicas sobre la explotación del petróleo boliviano.

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Las marchas de protesta, de huelga, de descontento han desembocado en una mega manifestación que ha obligado al gobierno boliviano del presidente Mesa de demisionar.

Gas, agua, FMI y Suez

La exigencia por una nueva ley de hidrocarburos que eleve los impuestos a las transnacionales del petróleo -hasta en un 50 por ciento en regalías- es una de las principales demandas de la agenda de octubre, resultado de las movilizaciones del 2003 conocidas también como “La guerra del gas”, que culminaron con el derrocamiento y huída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Al jurar como presidente, Mesa se comprometió a llevar adelante esta medida.

Otro de los conflictos sociales que enfrenta Mesa es el referente a la gestión del agua por parte de la empresa Aguas del Illimani (filial de la francesa Suez) en La Paz y El Alto. Luego de una serie de protestas en la ciudad de El Alto, al tiempo que reconocía que hubo incumplimiento de contrato, elevación injustificada de precios y negligencia a la hora de ampliar los servicios hacia los sectores empobrecidos, el gobierno emitió un decreto para finalizar el contrato con Aguas del Illimani.

Sin embargo, el pasado fin de semana Carlos Mesa dio un giro hacia atrás y en un largo discurso afirmó no estar dispuesto ni a aprobar una ley que lo enfrente con las petroleras, el FMI y la comunidad internacional, ni a “patear el trasero” (sic) de Aguas del Illimani. Contradiciendo el mandato del referendum que él mismo instrumentalizó y convirtiendo en papel mojado el decreto sobre la gestión del agua.

La palabra del presidente

Estas “contradicciones” o “ambigüedades” en el accionar de Mesa han sido parte de su política de gobierno desde que asumió la presidencia. Contentar a la población en el plano simbólico (discursos, decretos, referendum...) y en la práctica seguir con la política de defensa de las transnacionales.

Ya en octubre de 2003, al asumir la presidencia dio un discurso en el que se mostraba abierto a los cambios que la sociedad exigía y comprometiéndose a llevar adelante la llamada agenda de octubre, que incluye, entre otras cosas, la nacionalización del gas y la realización de la Asamblea Constituyente que redefina el país; pero también a ser un presidente transitorio cuyo mandato debía terminar justamente luego de la Asamblea que definiría el nuevo rumbo del país.

Pocos meses después, en el discurso de Año Nuevo (1 de enero de 2004) hizo un giro discursivo, culpabilizó a las protestas sociales por impedir el avance económico del país, hizo varias reconsideraciones respecto al tema de los hidrocarburos y finalmente dejó claro que iba a gobernar hasta el fin de la gestión heredada a Sánchez de Lozada. Meses después, con la intención de sellar de una vez el problema de los hidrocarburos, lanzó un referendum. Pero el tiro le salió mal debido a que, para poder legitimar la consulta, se vio obligado a pactar con el MAS, partido que a cambio de su apoyo exigió la inclusión de dos preguntas que reivindicaban en parte la agenda de octubre.

Revive el Estado Mayor del Pueblo

Pese a los apoyos alcanzados por Mesa, su amenaza de renuncia no le alcanzó para desarticular el movimiento popular. Por el contrario, el pacto de Mesa con los partidos de derecha ha conseguido unificar a los diferentes sectores sociales, y sus demandas, en un solo bloque.

La Central Obrera Bolivia, la Confederación Síndical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el MAS, junto a otros 10 sectores sociales firmaron esta mañana un pacto para exigir la aprobación de una nueva Ley de hidrocarburos que eleve las regalías petroleras del 18 al 50 por ciento, la realización de una Asamblea Constituyente y finalizar el contrato con Aguas del Illimani.

Ante este nuevo escenario, Mesa pretende servirse una vez más de su retórica que mezcla habilmente la acusación con la reconciliación. Así, ha pedido perdón a Evo Morales por haberlo fustigado en su discurso (aunque no se retracta de sus acusaciones). Morales, que había puesto la disculpa como una de las condiciones para retornar al diálogo, dejó claro que, dialogo o no, la ley de hidrocarburos y el gravamen del 50 por ciento en regalías no son negociables.

Paralelamente a sus llamados a la reconciliación, Mesa ha optado también por utilizar la confrontación social para deslegitimar y desarticular las protestas. Con su estrategia de criminalización de las movilizaciones y el llamado a la ciudadanía a movilizarse en contra de los bloqueadores, lo que está logrando es polarizar la población. Peor aún, está reviviendo los sentimientos clasistas y enfrentando a aquellos que poseen cierta estabilidad económica e intereses que proteger contra los que no tienen nada. Los que tienen agua contra los que no.