El Juez de Feria aceptó los fundamentos de la solicitud que argumentaban que “el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión (ambos con raigambre constitucional) se encuentran seriamente conculcados y la posibilidad de que tal lesión sea reparada no puede ni debe admitir dilaciones”, por lo que se pidió la habilitación de la feria judicial.

El conflicto se reavivó luego de que la jueza Olga Arrabal, del segundo juzgado Federal de Mendoza, le prohibiera a Canal 7 emitir su programación en esa provincia, argumentando que interfería en la grilla que ocupan las empresas de TV por cable de esa provincia, lo cual resultaba en un claro beneficio hacia el Grupo mediático Vila-Manzano.

Este grupo multimediático posee, entre otro medios la Revista El Gráfico, Diario Uno, Diario La Capital de Rosario, Radio La Red, Radio Rivadavia, FM Cadena 100, Canal 7 de Mendoza, Canal 6 de San Rafael, Canal 2 de Santa Fe, Señal Cablevisión Noticias –CVN-, La Capital.com.

La UTPBA y los trabajadores de Canal 7 se manifestaron públicamente en varias oportunidades en el transcurso del año pasado, cuando comenzó este conflicto. En aquel momento, tras varios días de reclamos, la justicia mendocina había decidido dar marcha atrás con la medida y permitió la llegada de la señal pública.

En un comunicado, la UTPBA sostuvo que “la resolución judicial no sólo afecta a los trabajadores de Canal 7 sino a toda la sociedad, ya que de esta manera se impide que el canal público argentino llegue a todo el territorio nacional y atenta directamente contra el derecho a la información”.

La decisión judicial de la doctora Arrabal provocó el repudio de diversas organizaciones sociales, comunicacionales y culturales de todo el país.

En junio de 2007, el juez Federal de San Rafael, Héctor Acosta, había dado lugar a una presentación judicial del Grupo Vila-Manzano que le impidió durante algunos días a la señal publica emitir su programación habitual, lo cual no sólo constituyó un hecho de censura sino una violación al derecho a la información, lo que provocó la reacción de la UTPBA y los trabajadores de Canal 7 y su Comisión Interna.

“El intento de privatización, el cambio de frecuencia, el desmantelamiento de las repetidoras y la instrumentación sistemática de un relato anti televisión pública, buscando, cuanto menos, erosionar toda posibilidad de desarrollo de una comunicación que suponga valores distintos de la lógica empresarial-comunicacional vigente, se vienen desplegando con distinta intensidad, de la mano de una tan permanente como miserable descalificación de los trabajadores del Canal 7”, señalaron los trabajadores y la UTPBA en aquel momento.