Este artículo resume los principales puntos de la investigación que dirigí en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, sobre los pronunciamientos de las Cámaras de la Producción, publicados entre 1979 y 2006 en diversos medios de comunicación. El estudio ampliado puede seguirse en la página web del Taller de Historia Económica (THE), en http://puce.the.pazymino.com en la sección “Boletín”.

Durante los años señalados y particularmente desde 1984, el alto empresariado fue determinante para la construcción de un sui géneris modelo económico basado en el retiro del Estado, el privilegio de los intereses empresariales y, sobre todo, la precarización del trabajo.

Los gobiernos de León Febres Cordero (1984-1988) y Sixto Durán Ballén (1992-1996) afirmaron ese “modelo empresarial”, vendido como sinónimo de “modernidad”. Quienes más contribuyeron a la precarización laboral fueron los gobiernos de Gustavo Noboa (2000-2003) y Lucio Gutiérrez (2003-2005), aunque desde 1996 todos los gobiernos sucesivos alimentaron el neoliberalismo criollo. Las cámaras respaldaron a los gobiernos empresariales, resistieron al de Jaime Roldós (1979-1981), combatieron al “comunista” Osvaldo Hurtado (1981-1984) y recelaron de Rodrigo Borja (1988-1992). En toda la fase constitucional, el alto empresariado asumió claros roles políticos.

Las demandas empresariales y sobre todo de las dirigencias de las Cámaras de la Produccción, CP, han orbitado en torno a cuatro planteamientos básicos.

1. La defensa de la propiedad privada Los empresarios se han considerado a sí mismos como inversionistas que toman riesgos, creadores de la riqueza nacional y generadores de trabajo. Por eso sistemáticamente han defendido la propiedad privada como un derecho inamovible, digno de ser garantizado en forma absoluta. Han recelado, por consiguiente, de toda política gubernamental o cuestionamiento social a la propiedad privada capitalista. Para ello no han dudado en calificar como “atentatorias”, “comunistas” y “estatistas” a las tesis que sostienen que hay diferentes formas de propiedad, que toda propiedad debe cumplir con su función social o que, por necesidad colectiva, incluso es posible llegar a redistribuir propiedades y hasta a nacionalizarlas.

La Constitución de 1979, que consagró cuatro sectores de la economía: estatal, privada, mixta y autogestionaria, siempre fue cuestionada por el alto empresariado. En cambio este sector ha defendido la Constitución de 1998, que ablandó la fórmula y proclamó abiertamente una “economía social de mercado” entendida en el Ecuador como una especie de sistema para la garantía del mercado libre y de la empresa privada absoluta.

Pero el desconocimiento de los procesos históricos impide ver que la propiedad privada en Ecuador tiene distintas formas y mecanismos de surgimiento y concentración, que vienen desde la época de la conquista y el coloniaje, atraviesan la vida republicana y continúan en nuestros días. Tampoco se aprecian los procesos de apropiación y acumulación privados que generan los sistemas de trabajo basados en la explotación de la mano de obra, ni la propiedad lograda por causa de diversas condiciones políticas en la vida del país, o por corrupción, saqueo, contrabando y otras formas de adquisición no siempre legales y transparentes.

2. Rechazo al “estatismo” En la visión empresarial, ha sido una constante su reivindicación contra el papel activo del Estado en la economía, posición que viene desde la época de la Revolución Juliana. De uno u otro modo las CP han considerado como “estatistas” o “centralistas” todas las medidas económicas dictadas por los gobiernos con relación a impuestos, precios oficiales, controles sobre la actividad privada, regulaciones del comercio externo, fortalecimiento de empresas y servicios del Estado, nacionalizaciones, incremento de presupuestos y gastos estatales, etc.

Pero se olvida que históricamente el Estado ha brindado suficiente apoyo a la empresa privada para su desarrollo, mediante la provisión de obras de infraestructura, cuantiosos recursos, privilegios tributarios, legislación protectora, inversiones directas, extensión de servicios como los de electricidad, subsidios, facilidades crediticias, aranceles convenientes, integración regional y subregional, etc. Por tanto, las rentabilidades empresariales no son fruto exclusivo de la “creatividad” y “riesgos” del sector privado.

Resulta paradójico que durante las épocas en que ha existido mayor intervención del Estado en la economía y, sobre todo, la mayor promoción de reformas sociales y laborales, como ocurrió en las décadas “desarrollistas” de los sesenta y sobre todo durante el auge petrolero de los setenta del siglo XX, es cuando más se aceleró el impulso a la modernización del atrasado Ecuador del pasado.

3. Resistencia a los impuestos La resistencia empresarial moderna a los impuestos arranca desde 1925, cuando la Revolución Juliana centralizó las rentas del Estado y expidió la Ley de Impuestos Internos, por la cual se impuso cierta racionalidad económica y se introdujo, por primera vez en la historia nacional, el impuesto a la renta y otro sobre las utilidades empresariales.

Desde entonces, la clase empresarial ha resistido particularmente el impuesto a la renta (IR). Ello ha continuado desde 1979. La Cámara de Comercio de Quito (9/Ene/1983) ya sostenía que era “inaudito” el cobro anticipado del IR y más aún sin título previo. Algo parecido en otro comunicado, dieciocho años más tarde (16/Jul/2001). Durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) incluso se llegó a suspender varios meses el cobro del IR, que fue suplantado por el efímero “impuesto a la circulación de capitales”.

4. Oposición a las conquistas laborales Son varios y sucesivos los comunicados empresariales que ilustran la resistencia del sector a los derechos laborales existentes y a cualquier innovación favorable a los trabajadores: contra la subida de sueldos (11/Nov/1979), o la “demagogia salarial” (21/Nov/1983); contra la jornada de 40 horas (15 y 24/Set/1980) y las políticas laborales (12/Jun/84); rechazo a la estabilidad laboral por dos años (29/Set/88); la participación de los trabajadores en la elevación de precios del azúcar (21/Jun/1992); enfrentar a los sindicatos oficiales (21/May/1993); aplicar reformas laborales y sociales en el sentido que proponen las cámaras (22/Nov/1996), en defensa de la tercerización y pidiendo reformar el Código del Trabajo (31/May/2005), etc. Durante los últimos veinticinco años, cada vez fueron más abiertas y agresivas las demandas del empresariado por la “flexibilidad” laboral y en mucho la lograron.

Las cámaras empresariales han carecido de conciencia histórico-social, pues las conquistas laborales son avances frente al pasado y demuestran la superación de otras condiciones inhumanas y de explotación vividas en pasadas épocas.

Sin embargo, las visiones heredadas de los empresarios políticos y de las cámaras de la producción han recibido un severo golpe con el proceso constitucionalista abierto en el Ecuador con el triunfo presidencial de Rafael Correa y la reunión de la Asamblea Constituyente a partir de 2007. Esos sectores tradicionales han demostrado su resistencia al cambio de ciclo histórico nacional. Será la edificación de un nuevo contrapoder ciudadano la que logre derrotar esas posiciones empresariales del pasado y aliente incluso el avance de una renovada y moderna conciencia empresarial.