Colectivo “Colibrí Insurgente”

A esta reunión se dieron cita personalidades y organizaciones sociales de la provincia del Azuay. en la discusión de este foro se planteó que “El 97% del agua presente en la Tierra se encuentra en los océanos y tiene un alto contenido de sales, por lo tanto, no es apta para consumo humano; el 3% restante es agua dulce, que se encuentra principalmente en estado líquido y sólido. Esta agua dulce se distribuye de la siguiente manera: el 2,37% en forma de glaciares y hielos, un 0,6 % como aguas subterráneas y sólo un 0,03 % en ríos y lagos. Queda claro que el agua dulce es un bien escaso, situación que se agrava aún más si se considera que un porcentaje de esta agua dulce se encuentra contaminada y por tanto ya no es de libre disposición para los seres humanos, y tampoco para otros seres vivos”.

En este marco los participantes establecieron que “En el Ecuador, las principales amenazas tienen que ver con la apropiación privada de las fuentes naturales –sobre todo en las zonas de altura- , que dificultan su distribución para el riego comunitario... La amenaza más latente viene de la mano con la acción minera a gran escala”.

Añadieron que “la política del gobierno de Rafael Correa se enmarca en el continuismo de la mono producción nacional; se reedita la sustitución de un producto de exportación por otro, apuntalando las condiciones legales que facilitan la explotación minera, en una suerte de tabla de salvación presupuestaria, toda vez que el ingreso petrolero no abastece al régimen y las reservas hidrocarburíferas han entrado en declive”.

Señalaron que “la Ley de Recursos Hídricos que pretende aprobar la Asamblea nacional viola las mismas normas constitucionales sobre los derechos de la naturaleza, los conceptos del buen vivir y los propios derechos humanos. Existe una agenda previa que pacta entre gobierno y transnacionales mineras, la explotación en áreas sensibles tanto por ser zonas naturales o pobladas. En el afán de iniciar la explotación, se ha instaurado un estado policíaco, que criminaliza, persigue y reprime a dirigentes, luchadores y organizaciones populares que protestan y resisten la envestida del imperialismo, representada en el gobierno lacayo de PAIS.

Establecieron que en Azuay y Cañar, la presencia de la canadiense I am Gold en la zona del cerro de Quimsa Cochas, en Victoria del Portete, cantón Cuenca, significa una verdadera amenza, ya que la propuesta extractiva contempla el sistema “a cielo abierto”, además del desvío de las cuencas hídricas para la generación de energía hidroeléctrica. Esto se traduce en la destrucción del principal colchón de agua de la zona, que es quien abastece a la ciudad de Cuenca por medio de los ríos Yanuncay y Tarqui y, hacia la Costa, a todos los lugares aledaños de la cuenca del Jubones, alimentada por el río Rircay, que también nace de los humedales y lagunas de la zona alta de Tarqui. Se verán afectadas las poblaciones de todo el sur de la Sierra y la Costa: las plantaciones bananeras se riegan con esta agua y su desertificación se haría inminente; los cultivos y el ganado de Tarqui se verían afectados de inmediato, además de medio millón de habitantes de Cuenca, que verán en grave peligro el suministro de agua para consumo, no hablemos de agua potable. La contaminación ambiental resultante del movimiento masivo de tierras y los lixiviados de la explotación minera hacen incalculable el impacto en la región.

Concluyeron señalando que “La lucha por la defensa del agua es una lucha altamente justa, en defensa de la vida, es antiimperialista y debe convocar a la unidad de todos los pueblos, organizaciones y luchadores sociales, para la expulsión de las transnacionales mineras, por la nacionalización de los recursos naturales y la redistribución del agua en función a la producción de alimentos. Significa el enfrentamiento entre los intereses de los pueblos y naciones oprimidas, contra los imperialismos, sus estados y gobiernos opresores, que explotan las riquezas nacionales para resolver su crisis y aumentar la acumulación capitalista”.